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La situación general de Argentina se torna explosiva. Aunque algunas consultoras pronostican que la inflación de precios de enero podría ser inferior a la de diciembre –que fue de más del 25%- es cierto, de todos modos, que las de febrero y marzo serán todavía más altas. Las tarifas del transporte de colectivo acaban de aumentar por tres y más aún las de la electricidad; la del gas quedaría para marzo. Con estos índices, el ajuste de alquileres, habilitado por el DNU, será descomunal para los contratos que vayan venciendo. El precio de la carne ha retomado la tendencia alcista. Una mirada general sobre las paritarias que se negociaron en enero muestran una nueva desvalorización de los salarios. En cuanto a las jubilaciones, serán ajustadas un 36% en el cobro de marzo, en contraste de una inflación que sería el doble. En los últimos días ha quedado claro para todos que la provisión de alimentos a los comedores populares ha sido cancelada.
Por otro lado, el estado de confort de la burocracia de la CGT, luego del paro, ha sido averiado con el anuncio del envío de un proyecto de ley de ‘reforma laboral’, que se tratará a partir del 1° de Marzo. Es que el amparo que otorgó la Cámara Nacional del Trabajo objetaba que saliera por DNU, no su contenido. En el estado actual de fuerzas en el Congreso, una liquidación de derechos laborales tiene asegurada la mayoría. El anuncio despertó la expectativa de un nuevo paro nacional, que la burocracia sindical se apresuró en descartar. En este escenario, se han desatado conflictos por despidos en Bridgestone y Pirelli, del Neumático, y en el Subte, y el trascendido de cesantías en la siderúrgica Siderca. El eje de la lucha de clases se traslada de la Plaza de los Dos Congresos a las fábricas y a los barrios. La caída fulminante de la economía nacional en una recesión servirá de coartada a las patronales para ejercer una presión extra para la sanción de las leyes laborales que busca el gobierno. Para las grandes compañías, la posibilidad de imponer la destrucción de la legislación del trabajo compensa largamente los costos económicos de la recesión; el capital de trabajo que quedaría excedente durante la crisis será invertido en los títulos de la deuda pública o incluso en la recompra de acciones propias.
En el Congreso, mientras tanto, tiene lugar una discusión por el articulado de la Ley Ómnibus que, no por ficticio es todavía más importante. Lo advierte La Nación, para quien “empresas petroleras y de seguros, y la minería seguirán con ansiedad el debate en particular del proyecto en Diputados”. No estamos, por lo tanto, ante una disputa por el federalismo y la autonomía de las provincias. Los gobernadores se pusieron de acuerdo con Sandra Petovello para eliminar la paritaria docente nacional y dejar el salario testigo de la docencia en manos de los ministros de Educación provinciales. En cuanto a las paritarias docentes en cada provincia, los gobernadores ofrecen aumentos ridículos sobre los salarios de la paritaria de principios de 2023. El ‘ajuste’ constituye un programa común de todos los distritos y a todos los bloques patronales en el Congreso, incluyendo a los peronistas y en especial a Kicillof. Se amparan, ellos también, en aquello de que “no hay plata”. Las controversias en el Congreso obedecen a los conflictos de intereses de la clase capitalista en cuanto al reparto y la apropiación los beneficios del ajuste libertario. En esto consiste esta pelea de principios.
Un ejemplo rotundo es lo que ocurre con la obra pública. Milei-Caputo reclaman la aprobación, por un lado, de la facultad de disponer la rescisión de contratos; del otro, establecen un nuevo régimen “para grandes inversiones” (LN). Para estas grandes inversiones, la ley ómnibus prevé reducciones impositivas para proyectos de más de 200 millones de dólares, que incluye, por sobre todo, a empresas extranjeras. El proyecto, dice La Nación, “avanza, incluso, sobre facultades de gobiernos provinciales y municipales… para que no interfieran con esa política pública”.
“Las compañías aseguradoras son grandes ganadoras” –no teme en destacar el diario. Es que facilita el ingreso de compañías extranjeras y ofrece libertad para fijar la tasa de comisiones. Las aseguradoras son grandes inversoras en deuda pública y en acciones, y pican en punta para quedarse con la privatización del sistema previsional; son también grandes lavadoras de dinero negro. El proyecto de ley ofrece un filón ‘grosso’. La otra cuestión es la disputa entre petroleras y productoras de biocombustibles respecto a la mezcla en nafta y a la posibilidad de que las petroleras establezcan sus propias plantas. El proyecto ofrece reducir el pago de regalías de los combustibles del 12 al 5 por ciento. De acuerdo a La Nación, la ley establece cincuenta disposiciones que tienen que ver con el negocio petrolero –en primer lugar, la recepción plena del precio internacional del barril. Por algo como esto, pero con el gas, la industria de Alemania ha entrado en recesión y en un proceso de desindustrialización.
En este contexto frenético, Milei ha hecho público sus contactos con el fondo BlackRock –el mayor del mundo– para apropiarse de las privatizaciones. La firma tiene ya una inversión importante en deuda pública y en el capital accionario de varias empresas de gran tamaño en Argentina. BlackRock se encarga de negociar la deuda pública de Estados Unidos que se encuentra en poder de la Reserva Federal. Todo esto ilustra la jerarquía del tema privatizaciones, pues ofrece al capital internacional las joyas financieras (Banco Nación) y tecnológicas (Arsat, usinas nucleares) de Argentina. Este remate económico procura anclar a Argentina a la geopolítica del imperialismo ‘occidental’. Abre, naturalmente, un conflicto mayor con Rusia y, en especial, con China.
La oposición ‘’amigable” en el Congreso ha acordado con el oficialismo el otorgamiento de poderes extraordinarios al gobierno en rubros financieros, administrativos y económicos –lo que está en disputa es la delegación de poderes en Seguridad, o sea en la restricción a las libertades públicas, e incluso en la facultad para que las FF.AA. intervengan en seguridad interior. Es la línea oficial del Pentágono para América Latina; el primer paso es la llegada próxima de un portaviones nuclear norteamericano al Atlántico sur. Pero, al mismo tiempo que dicen discrepar sobre Seguridad, los congresistas se niegan a derogar el DNU –más de 600 artículos– que autoadjudica al gobierno todas esas facultades represivas. La destrucción del derecho laboral, la aplicación del ajuste y los negociados capitalistas están llevando a una revisión del régimen político de Argentina y, en consecuencia, a una crisis potencial de magnitud. El Congreso está dispuesto a poner la firma a la delegación de poderes para consumar estas confiscaciones económicas con la excusa de llegar con Milei y Villarurel indemnes a 2027. Cuando la democracia es un pretexto en lugar de un régimen de soberanía popular, el Congreso hace alarde de ella y combate a quienes denuncian la violencia contra los derechos políticos como cosa de golpistas.
Los pilares de Milei en toda esta crisis son, de todos modos, fundamentalmente internacionales. El libertario se ha ido a Israel sin autorización del Congreso, algo que no omitió ningún presidente antes, salvo en ausencia de sesiones parlamentarias. Es un viaje de apoyo al genocidio en Gaza –la gran delimitación política en estos momentos a nivel internacional. El DNU y la Ley Ómnibus son instrumentos para un alineamiento político de Argentina con la OTAN. Ningún legislador señaló o denunció esta escapada ilegal del libertario, un hecho verdaderamente estratégico.
El trasvasmiento de funcionarios y gobernadores peronistas y massistas al gobierno de Milei camufla algo más importante, pues ha venido acompañado del silencio de Cristina Kirchner, que ni siquiera ha apoyado el reciente paro de la CGT. CFK, como el resto del arco capitalista, apuesta por la “gobernabilidad”. Quien mejor expresó esta posición es el ex ministro K Juan Cabandié, quien convocó en X a contribuir en mejorar la legislación libertaria. Es lo que ocurrirá en la discusión en particular cuando el bloque de la UxP sumará sus votos a algunas de las ‘disidencias’ de la oposición ‘amigable’ para ganar la votación en particular. El peronismo se alineará con la oposición que busca organizar una coalición oficialista en el parlamento, para defender desde el Congreso su rechazo terminante a las acciones directas, o sea extraparlamentarias, de las masas.
En ‘silencio’ pero con constancia, el gobierno viene ‘limpiando’ el balance del Banco Central mediante la transferencia de los pasivos, o sea de la deuda de éste, al Tesoro. La deuda pública crece, encima dolarizada o ajustada por inflación, de manera descomunal. La base monetaria, que reúne los pesos circulantes, y las cuentas corrientes, de ahorro y de plazos, se reconvierten a deuda indexada. No se trata de operaciones de inversión, sino del cambio del dinero en forma de pesos a títulos de la deuda pública. Del mismo modo, el Tesoro está aumentando su deuda para comprar activos del Banco Central, que suman el equivalente a 70 mil millones de dólares, pero sólo en el papel (patrimonio negativo). Es obviamente una operación en cuotas, pero no por ello menos explosiva. El propósito de esta recompra es volver operativo al Banco Central en el manejo del tipo de cambio internacional. Los contribuyentes de Argentina se ven obligados, además de pagar el equilibrio de cuentas fiscales, pagar también el desajuste del Banco Central; como anticipó Milei, el equivalente a 100 mil millones de dólares, o el 20% del PBI. Esta operación equivale a plantar una bomba financiera de tiempo de alcance atómico. El lunes 5, la Bolsa de Nueva York cayó en forma estrepitosa ante el anuncio de que la tasa de referencia internacional de interés de la Reserva Federal no sería reducida. Argentina está pagando 20 puntos encima de esa tasa de interés, que es del 5 por ciento. El viento de frente no afloja.
La crisis financiera de Argentina –una deuda pública de 600 mil millones de dólares indexada y subiendo– está haciendo metástasis en todo el cuerpo del régimen social capitalista. La lucha política del momento consiste, a través de una propaganda y agitación socialistas, y un programa de reivindicaciones transitorias, desarrollar todo impulso hacia la creación de organizaciones de lucha de las masas. Es la vía para la huelga general y, por sobre todo, para que la clase obrera se alce como alternativa de poder político.
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