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Finalmente, la reunión entre el gobierno, las cámaras de transporte del AMBA y la Unión Tranviario Automotor que se realizó ayer fracasó en desenmarañar la cuestión de la paritaria. El paro general de trabajadores del transporte arrancó esta madrugada. Decretado como “retención de tareas” por la UTA, es prácticamente total en las líneas que circulan la CABA y en el conurbano de la Provincia. Se suma a una serie de paros que vienen afectando el transporte en el interior del país. Solo algunas líneas del grupo Dota mantienen un servicio limitado.
El núcleo del conflicto pasa por la negativa a pasar al básico la suma no remunerativa de 250 mil pesos que se pagó en febrero. Las empresas reclaman que los subsidios que paga el Estado compensen los costos del aumento o que les liberen las tarifas, a $1.200 el boleto. El acta-acuerdo que las empresas han decidido desconocer dice textualmente que los 250 mil pesos pasaban al básico en marzo, y que conformarían la base de cálculo de la paritaria de marzo.
En los hechos, las empresas de colectivos se niegan a actualizar los salarios, para que les sean liberadas las tarifas. Las empresas recibieron en tres meses de gobierno de Milei en concepto de subsidios la suma de más de $122.000 millones de pesos, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42%, además de un aumento del valor del pasaje en un 250%.
La posición del gobierno de Milei es que el salario de los trabajadores es una responsabilidad de las empresas, y los subsidios son una discusión aparte; una forma de no homologar el aumento acordado para marzo. Aunque el gobierno se muestra reacio a enfriar las cosas con una conciliación obligatoria, como no lo hizo en otros conflictos -ferroviarios, sanidad, docente- se espera que tenga que jugar esa carta.
La posición de las cámaras empresarias fue difundida en un video de AAETA, una de las cámaras empresarias del transporte. En el mismo, intentan demostrar que el esquema de costos actuales les cubre un boleto de $687, cuando el costo real de funcionamiento sería de $1.187. Reclaman o un tarifazo general o un aumento de los subsidios. Las cámaras empresarias ahora dicen que “no hay ninguna suma adeudada” cuando es lo que firmaron, y hasta amenazan con sancionar a los trabajadores que participen del paro. Un dato importante es que la cámara que representa al grupo Dota celebró la posición del gobierno de frenar el aumento, en línea con la no homologación de otros convenios. Por eso el grupo Dota presiona para que sus trabajadores presten servicio. La línea 60, de Dota, ya arrancó con el paro, y denuncia que enfrenta despidos de trabajadores. Una respuesta a esta impostura patronal, sería el control de los trabajadores, con acceso a los libros contables de las empresas.
La UTA anunció la modalidad de la medida: los trabajadores asistirán a los lugares de trabajo a la espera que se les depositen los 250 mil pesos adeudados. Si no se depositan, los trabajadores realizarán una retención de servicios. Según la UTA, esta maniobra les permitirá evitar el dictamen de una conciliación obligatoria. La burocracia de Fernández esquiva declararse en huelga general.
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