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Ha corrido mucha agua bajo el puente desde que el sindicalista ferroviario Alejandro Giavarini homologó la primera paritaria de la Argentina como Ministro de Trabajo de Juan Domingo Perón, en 1953.
Giavarini puso la firma de esa paritaria en cumplimiento de la aprobación de la ley 14.250, una ley monitoreada hasta su mínimo detalle por Perón, que estableció una reglamentación estricta sobre la vida sindical. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo se transformó en el árbitro absoluto de las discusiones laborales.
La 14.250 establecía oficialmente muchas conquistas del movimiento obrero obtenidas a lo largo de grandes luchas sindicales con la participación de anarquistas, socialistas y sindicalistas; a su vez, estableció una brutal injerencia del Estado en la vida de los sindicatos, donde el Ministerio de Trabajo incluso puede eliminar la personería gremial de una organización sindical.
La llamada homologación —el cumplimiento de que las discusiones paritarias firmadas no violen la Ley de Contrato de Trabajo— tiene una larga historia de intentos patronales de cercenarlas o anularlas.
La primera intentona fue bajo el gobierno militar de Aramburu, luego del derrocamiento de Perón, en 1955. El gobierno militar dispuso que los convenios colectivos debían remover todas aquellas cláusulas que obstaculizaran los aumentos por “productividad” y todas las cláusulas que “limitaran las facultades de los empleadores en los lugares de trabajo”. Los trabajadores resistieron en las fábricas esas normas patronales, que finalmente fueron derogadas en 1958.
Las paritarias y su homologación volvieron a estar suspendidas bajo el gobierno militar de Onganía, en 1967, suplantándolas por un aumento anual de los trabajadores dictado por la propia dictadura militar durante cinco años, hasta que se derogó este decreto en 1972.
La interrupción de las paritarias no vino sólo de manos de gobiernos militares. En 1973, bajo el gobierno de Cámpora, se estableció la suspensión por dos años de las paritarias con la firma de la burocracia de la CGT y la Confederación General Económica (CGE), en lo que se conoció como el “pacto social”.
Recién en 1975 se pudieron restablecer unas discusiones paritarias sobre condiciones de trabajo, categorías y salarios, que culminaron con la huelga general de junio-julio de ese año, un gran ascenso obrero cuya derrota fue el motivo central del sangriento golpe militar del 76.
Milei y sus contradicciones con el Estado
Las paritarias de Milei son herencia de un vaciamiento general de las mismas que ha permitido la burocracia sindical, fundamentalmente bajo los gobiernos peronistas. El golpe central a las paritarias se ejecutó en el 91, bajo el menemismo, cuando en abierta violación a la ley original del 53 se habilitaron todas las normas de flexibilidad laboral, se “homologaron” los convenios por empresa y se dejó de discutir en paritarias categorías y condiciones de trabajo; desde entonces, las paritarias quedaron reducidas a un acuerdo anual en cuotas que luego fue semestral, luego trimestral y hasta mensual o bimensual, como ocurre hoy, de adecuación salarial.
Milei es consciente de que lo que queda de la 14.250 es la garantía que tiene el Estado capitalista de controlar la vida de los sindicatos, pero a su vez actúa despóticamente tratando de imponer el estilo de Aramburu de “topes” en los acuerdos salariales. La no homologación en Camioneros tiene dos lecturas: por un lado, la que difunden los diarios, de que aumentos “por encima” de la inflación proyectada alteran el proceso inflacionario; por otro lado, es una señal abierta de respaldo a los acuerdos por empresa. En aceiteros, los altos salarios básicos logrados por los trabajadores frente a las grandes terminales aceiteras a veces no son aceptados por las empresas más chicas, en un gremio donde no existen las llamadas “Ramas”. La no homologación es una vuelta disfrazada al menemismo, cuya política central fueron los nuevos convenios por empresa.
La CGT sabe que detrás de la no homologación están los acuerdos por empresa y el derrumbe definitivo de las paritarias, pero no se ha puesto en “pie de guerra” por esto. A varios de los sindicatos con peores salarios, como la UOCRA, o Comercio, se los ha “homologado” finalmente. Mientras se mantengan los resortes económicos que disponen en sus cargos los burócratas están dispuestos a discutir los términos de una reforma laboral con los planteos más reaccionarios de las patronales, como la eliminación de la indemnización y de las multas en los juicios laborales, el manejo de las obras sociales y la dictadura de las patronales en los lugares de trabajo.
La clase obrera, como pasó con las dictaduras, puede quebrar esos intentos. Las luchas incipientes de siderúrgicos, choferes, docentes, camioneros, estatales, pueden hacer estallar las pretensiones fascistas de Milei.
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