La conciliación obligatoria y la independencia de la clase obrera

Las relaciones laborales se encuentran estatizadas desde hace mucho tiempo en el mundo entero. La conciliación obligatoria y el arbitraje obligatorio se encuentran vigentes en numerosos países. La tendencia estatizante arranca a mediados del siglo XIX, en Alemania (Bismarck) y en Francia (Luis Bonaparte), pero alcanza su punto más alto bajo la Italia de Mussolini. El fascismo integra a los sindicatos a un régimen político corporativo, que Perón rebautizó como la “comunidad organizada” –en la práctica, el arbitraje de la lucha de clases. En este marco aparecen los ministerios o secretarías de Trabajo.

En la Rusia zarista, los primeros sindicatos fueron creados por la Policía, en San Petersburgo, y por el clero, en Moscú, a partir de 1903. Los barrieron en la revolución que estalló a mediados de 1905. En la agenda de la burguesía del Imperio, que buscaba sustituir a la autocracia por una monarquía pseudo constitucional, apareció tempranamente, en 1916, la necesidad de crear una cartera de Trabajo, para sustituir mediante el arbitraje las represiones sangrientas del ejército.

La distinción entre la conciliación y el arbitraje obligatorio es apenas de grado, porque el propósito de la primera es llegar a una solución arbitrada por la burocracia estatal. En Estados Unidos, reputada como una democracia liberal, el Presidente puede ordenar la suspensión de una huelga mediante una “orden ejecutiva”, o sea un decreto. De todo esto se desprende que la burocracia de los sindicatos no opera en un vacío político, sino que es un engranaje de la estatización de las relaciones laborales y, en última instancia, sociales.

Como lo observó Trotsky, en sus escritos en México, la suplantación del régimen de libre competencia por el de los monopolios marcó un cambio de época para los sindicatos. La unión de las patronales en asociaciones monopólicas privó de campo de acción a los sindicatos reformistas y desarrolló la tendencia hacia su cooptación por el Estado. Para conservar la independencia de clase los sindicatos necesitan dotarse de direcciones revolucionarias. El reformismo ha dado paso al oportunismo, que se nutre de las migajas del capital, siempre que no haya una crisis que lo prive incluso de ellas. Los mismos sindicatos se han convertido en instituciones paraestatales, como consecuencia de leyes que determinan su condición legal y reglamentan su funcionamiento.

En Argentina, en la actualidad, la conciliación obligatoria que dicta el ministerio de Trabajo tiene más publicidad que el himno nacional. La burocracia sindical del peronismo la ha integrado a sus “planes de lucha”. En lugar de la conquista de las reivindicaciones y la derrota de la patronal, el propósito es obtener la conciliación obligatoria para alcanzar una salida arbitrada por el Ministerio de Trabajo. Es lo que acaba de ocurrir con la UOM de Furlán, en el caso de la rama metalúrgica, que acabó aceptando la conciliación que había prometido desconocer. El rechazo a la conciliación obligatoria puede llevar a sanciones contra el sindicato, incluida su ilegalización. La estatización de las relaciones laborales, incluidas las conciliaciones y arbitrajes, constituyen la razón fundamental de la pérdida de derechos del movimiento obrero, del progreso fenomenal de la precarización laboral y de la exclusión de los sindicatos de millones de trabajadores. En Francia, por caso, la burocracia de los sindicatos operó como verdadera rompehuelgas en ocasión del levantamiento de los “chalecos amarillos” y, recientemente, cuando el asesinato de un joven por la policía reavivó la insurgencia en las barriadas.

El régimen de conciliación obligatoria significa la renuncia de los sindicatos a la independencia de clase; los sindicatos, en Argentina, no son independientes. La clase obrera como tal no puede aceptar otra ley que no sean las decisiones soberanas que decide en asambleas. La presión estatal contra la autonomía obrera exige, de parte de las direcciones sindicales, políticas de lucha muy firmes y métodos de lucha preparados en profundidad, debidamente discutidos y finalmente votados en forma colectiva. La agenda sindical debe recuperar el derecho a un salario por jornada, que ha perdido a favor de cláusulas de rendimiento y horas y días de trabajo extraordinarios. Una función ‘táctica’ esencial de la conciliación, que en ocasiones puede estirarse a un mes completo, es ‘enfriar’ el espíritu de lucha de los trabajadores y crear o recrear las ilusiones en el éxito de las maniobras, en lugar de desarrollar la convicción en la capacidad de lucha de los trabajadores y de la ampliación de la lucha a otros sindicatos. Por eso, si por alguna razón excepcional, se entiende necesario o conveniente aceptar el dictado de una conciliación, con carácter excepcional, ello debe ser denunciado y repudiado, en primer lugar, acotado en el tiempo y sometido a la misma asamblea que votó las huelgas que desataron el conflicto.

La oportunidad de estos lineamientos es clara para todos, porque la clase obrera viene atravesando convulsiones enormes en sus condiciones de vida y de futuro. La burocracia de los sindicatos se ha amurallado como nunca en apoyo al FMI y a la destrucción de la legislación laboral y previsional. Por esto mismo es fundamental que la clase obrera arranque la iniciativa a la clase capitalista y la tome en sus propias manos. Estamos ante una oportunidad insoslayable para discutir la estatización y la independencia de clase, ante el charlatanerismo incesante de una izquierda que se atribuye la propiedad privada de una independencia política de los trabajadores, a la que, sin embargo, renuncia en todo momento y en cada ocasión, en función de ocupar un lugar en los intersticios parlamentarios del capital. De la lucha independiente del proletariado depende el destino de la humanidad toda en esta época de guerras imperialistas y destrucción de la naturaleza y de la fuerza de trabajo.

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