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Si hay una cuestión en la que la opinión pública está convencida de que no hay divergencias entre las izquierdas, es la de la precariedad laboral. Sería un acuerdo que, por sí solo, exigiría un frente único entre todas ellas, incluso en el plano electoral.
En realidad, es que se trata de una gran divergencia, incluso, o por sobre todo, de contenido histórico, sobre la cual los discípulos del morenismo y ahora también el aparato del Partido Obrero se hacen los distraídos. Ilustra la completa morenización metodológica de este último.
En la campaña que está en curso para las PASO, el Nuevo MAS, el FIT-U y nuestro partido, Política Obrera, coinciden en denunciar, en medida variable, la precarización y reivindican la jornada laboral de seis horas. En el caso de nuestro partido se ha transformado en el eje de la campaña, acompañada de la denuncia de la miseria social, la destrucción del medio ambiente y la guerra imperialista mundial. Por miseria social no debe entenderse solamente los colosales niveles de pobreza, sino las carencias en salud, educación, vivienda y servicios básicos. El conjunto del planteo subraya el antagonismo irreconciliable, cada vez más catastrófico, entre el capital mundial y el trabajo asalariado.
Pero la ruta de las PASO coincide con otra, la de los convenios colectivos de trabajo. En este momento se desarrollan las paritarias de Comercio, la UOM y el Neumático, acompañadas de paros y de medidas de conciliación dictadas por el Ministerio de Trabajo. En esos convenios anida, más que en ningún otro lado, ni qué decir del parlamentario, la cuestión de la precariedad laboral. No se ha visto que el FIT-U y el Nuevo MAS planteen poner fin a las jornadas superiores a las ocho horas; a la semana de siete días con rotaciones; entresemana; a las cláusulas de presentismo o premios por rendimiento; a la insalubridad estructural y a la distinción entre el salario básico y el conformado. No salen de la cuestión de los salarios o, más precisamente, de los ajustes semestrales o trimestrales por inflación, con aumentos adicionales.
La cuestión central de la precariedad laboral (que algunos endulzan como una ‘flexibilización’) fue levantada por Política Obrera cuando el sindicato del Neumático reclamó, el año pasado, un 200 % por el trabajo del fin de semana. Más allá del apoyo que nuestro partido dio al reclamo aprobado por asambleas, señalamos que era necesaria una agenda diferente, que debía abolir el trabajo del fin de semana sin desmedro del salario total. Por este planteo, el aparato del PO lanzó una campaña para denunciarnos como hostiles a la lucha por el aumento de la remuneración del fin de semana. Fue y sigue siendo una defensa sigilosa de la precarización laboral, columna vertebral de la ofensiva del capital contra la fuerza de trabajo en todo el mundo. En relación a aquella paritaria del SUTNA, para el PTS “hay que defender el aumento de salario del 10% sobre la inflación que se conquistó y la indexacion salarial”, pero tampoco dice una palabra sobre la precarización. Monotributismo, facturización, tercerización. La presencialidad en pandemia -apoyada por la izquierda- fue un poderoso acicate a la precariedad laboral, cuya manifestacion extrema es la obligación de ir a trabajar enfermo y, en el caso del Covid, ir a trabajar en presencia de un virus letal.
La lucha contra la precarización laboral, o sea, la superexplotación, no puede ser improvisada; requiere una gran preparación y conciencia, porque tiene un alcance estratégico tanto para la clase obrera como para el capital. El sistema de precariedad no aflojó ni durante la pandemia. La recuperación de la economía con posterioridad a la fase más aguda de ella, así como el crecimiento de las ganancias empresariales, obedecieron, por sobre todo, a este régimen de explotación, que se convierte en arrasador cuando se trata del trabajo informal o en negro. La Cámara del Neumático estalló con furia contra el 200 % al fin de semana para no perder beneficios, por supuesto, pero, por sobre todo, para no debilitar el sistema de trabajo precario en su conjunto, como podría ocurrir con una mejora sustancial de los salarios. La desvalorización de los salarios es el principal acicate para forzar a la fuerza de trabajo a aceptar la extensión del tiempo laboral.
El planteo de una jornada legal de seis horas no abole, por sí solo, la precarización laboral. Ahora mismo, por caso, rige la jornada legal de ocho horas sin que esto impida la extensión del trabajo fuera de ese límite. La campaña a favor de una reforma laboral, por parte del FMI y las patronales en su conjunto, no hacen referencia a modificar la jornada legal. Conviven con esa ficción legal con toda comodidad y podrían hacer lo mismo con seis. Buscan, otra cosa: libertad para despedir, eliminación de sanciones legales por abusos contra los trabajadores, extensión de períodos de prueba, cese de contribuciones a la previsión social. Son todas medidas que apuntan a acelerar la rotación de la fuerza de trabajo para reemplazar más rápido a la que ha sido desgastada por la precarización laboral y la insalubridad, entendida como el agotamiento físico y mental.
La conquista de la jornada legal de ocho horas requirió décadas de lucha. Se convirtió en una realidad internacional creciente a partir de la victoria de la Revolución de Octubre. Fue la consigna emblemática del gran período reformista de la clase obrera, que concluyó con la primera guerra mundial. La jornada legal está ligada al salario por hora, o sea que habilita el acuerdo voluntario para extenderla. Se desnaturaliza como reivindicación del tiempo libre; los mayores ingresos que se obtienen son limados por la inflación u otros mecanismos económicos. La reivindicación de la jornada legal de seis horas tiene todos los límites de la de ocho horas y, en el caso de las izquierdas en Argentina, no pasa de un slogan, porque está ausente el trabajo preparatorio para poner fin a la precarización laboral. Se trata de electoralismo y parlamentarismo. El único avance en la lucha contra la precariedad laboral fue la conquista de las seis hora en el Subte de Buenos Aires, con el método de la unidad entre la acción parlamentaria y la acción huelguística comandada por activistas no reconocidos entonces como delegados.
No hay retorno posible a la época del reformismo y del parlamentarismo. Aquí aparece el entero contenido de la divergencia entre nuestro partido, Política Obrera, y las izquierdas genéricas, acerca de la lucha contra la precarización laboral, o sea la superexplotación. Hay un discurso ‘trotskoide’ que se balancea en plano inclinado hacia un reformismo y parlamentarismo agotados.
