Escribe Nicolás Morel
Pongamos fin a una ‘tregua’ pactada a nuestras espaldas.
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El pasado 30 de abril, la Ley Bases recibió media sanción en Diputados. Entre la lista de votos positivos se encuentra el de Emiliano Yacobitti, Vicerrector de la UBA y dirigente de la UCR de CABA. Junto con él votaron a favor otras tres diputadas radicales asociadas a la UBA: Carla Carrizo (docente), Danya Tavela (ex Secretaria de Políticas Universitarias) y Mariela Coletta (ex Presidenta del Centro de Estudiantes de Económicas). En Senadores otro miembro de la fracción radical que dirige la UBA, Martín Lousteau, acomoda en estos momentos la letra chica de la Ley Bases en vísperas de su votación en esa Cámara. La ley de Bases y el paquete fiscal son una herramienta fundamental del ajuste liberticida, y por sobre todo un apoyo al gobierno anti-universitario.
Este voto es la expresión de un acuerdo político entre los partidos del régimen y el gobierno liberticida; el recorte al financiamiento de la educación y de la Universidad es solo un capítulo. Entre varios ítems, la Ley Bases impone el pase a disponibilidad de gran parte de los trabajadores vinculados con el aparato científico estatal -CONICET, CNEA, etc.-, una de las principales salidas laborales de los investigadores egresados de las universidades nacionales, así como también facilita el desguace de estos organismos a discreción del Poder Ejecutivo.
Los aparatos que gobiernan la Universidad, así como sus expresiones dentro del estudiantado, no operan en el aire. Son una extensión de los partidos capitalistas que cogobiernan con Milei a través del Congreso. Días después de la votación en Diputados de la Ley Bases, los representantes de la UCR y otros remanentes del PRO bloquearon el dictamen de comisión de un proyecto de ley que impulsaba un aumento presupuestario para la educación. Los partidos del régimen, involucrados en el gobierno de las universidades, actúan, bien por colaboración directa, bien por omisión, como sostén político del gobierno de Milei. Son los decanos y rectores del peronismo y el radicalismo quienes vacían la educación superior impulsando el recorte de horarios de cursada, la reforma de carreras para introducir títulos intermedios e impulsar el arancelamiento de contenidos e, incluso, la imposición del cobro de cuotas a estudiantes extranjeros: una punta de lanza para introducir el arancelamiento general de la universidad. Milei, radicales y peronistas, comparten un propósito: ligar contractualmente a la Universidad con las corporaciones, para financiar el estudio al servicio de esas mismas corporaciones.
Los rectores del radicalismo y el peronismo, así como también sus brazos estudiantiles agrupados en la Federación Universitaria Argentina (FUA)- se dieron la política de distorsionar el carácter de la movilización multitudinaria del 23, encerrándola en el coto académico, o sea mutilando su proyección política. Es así que votan los proyectos de leyes que previamente han negociado con Milei. Esta duplicidad es incompatible con una defensa de la Universidad, asaltada financiera y también políticamente. Despolitizar la Unviersidad es un paso hacia su fascistización. Casi en paralelo con la media sanción de la Ley Bases en Diputados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitía en una rueda de prensa que las universidades “no van a cerrar”, pero su funcionamiento se adaptará al dramático recorte de fondos.
El CIN, los rectores y sus agrupaciones estudiantiles están llevando al pantano a la movilización del 23. La FUA y las federaciones estudiantiles bloquen la continuidad de la lucha que tuvo su expresión mayor el 23 de abril.. En las asambleas que están comenzando a organizarse en algunas facultades debemos discutir una orientación de conjunto y un método de acción.Es necesario deslegitimar a los Yacobitti como voceros y negociadores del conjunto de docentes y estudiantes. Con este propósito claro debemos retomar los cursos en la calle, la agitación en las aulas, la realización de marchas y la organización, en perspectiva, de la huelga universitaria. Como en el Cordobazo de 1969 y en las luchas del medio siglo que lo siguió, la dirección debe ser asumida por el movimiento estudiantil y una alianza con la docencia combativa.
Por un aumento inmediato del presupuesto universitario, aumento salarial del 100% para docentes y no docentes, y cese de la gratuidad del trabajo docente (“ad honorem)”, reincorporación y pase a planta de los becarios e investigadores despedidos, derogación de la CONEAU, por planes de estudio e investigación de científicos independientes, docentes y estaudiantes, y delegados electos de la clase obrera.