El impasse de la lucha universitaria

La gigantesca marcha universitaria de hace tres semanas atrás ha dejado planteada una brutal paradoja. Por un lado, se la sigue exaltando como una de las movilizaciones más importantes del último medio siglo. Pero ya pasadas varias semanas, la crisis universitaria ha ´desaparecido´ de la agenda política, sin que ninguna de sus reivindicaciones haya sido ni por lejos resuelta. Las reuniones entre el Gobierno y los rectores no condujeron a nada. Los reajustes anunciados por el Gobierno sólo inciden sobre el 10 % de los recursos universitarios -los “gastos operativos”-. Si, como dice el Gobierno, se depositaron incrementos del 70 % sobre esos gastos, ello representaría un 7 % de “corrección” sobre el congelamiento aplicado a las casas de estudio. Principalmente, el Gobierno mantiene pisados los salarios docentes y no docentes, la abrumadora proporción del gasto en la enseñanza superior.

Los docentes universitarios recibieron un 8 % de aumento en abril, y volverán a percibir en mayo el mismo sueldo del mes pasado. La caída del salario real del último cuatrimestre se estima en un 40 % para todos los trabajadores de la universidad. En medio de un silencio mortal sobre este ajuste feroz, las autoridades de la UBA han cerrado ascensores, iluminación y otros servicios elementales. Es la ´escenografía´ que legaliza al conjunto de los recortes. Mientras tanto, los despidos en el CONICET y en otros organismos de investigación ligados de una u otra manera al aparato científico técnico -como la CNEA-continúan. La sanción de la Ley Bases coloca en disponibilidad a buena parte del personal ligado a esas tareas; es también un golpe al sistema universitario, que alimenta a esas agencias y organismos.

El nuevo escenario de la educación superior ha sido descripto magistralmente por el principal alcahuete del gobierno Milei, el vocero presidencial Adorni. Al referirse al porvenir de la universidad, repitió hasta el cansancio que “de ninguna manera van a cerrar”. Naturalmente, las puertas de las facultades continuarán abiertas, pero bajo las condiciones creadas por la amputación de recursos: cierre de cursadas y de carreras, emigración de docentes a la universidad privada y la ¨instalación¨ del debate sobre el arancelamiento, que tomará como punta de lanza a los alumnos extranjeros. En ese cuadro, los liberticidas preparan el desembarco de sus propias camarillas docentes y estudiantiles, que recibirán el jugoso aporte de los beneficiarios de una mayor privatización educativa.

El movimiento universitario

El cuadro que enfrentamos saca a la luz las agudas contradicciones de la marcha del 23. La marcha puso en acción las energías de una vasta corriente de jóvenes en todo el país, que desbordaron en su iniciativa y disposición a los propios aparatos universitarios. Pero la orientación política de la convocatoria fue impuesta por esos aparatos que, por cierto, no flotan en el aire, sino que son la correa de transmisión de los partidos capitalistas -la UCR y el peronismo- al interior de la universidad. La oposición más o menos “dialoguista” colocó a la lucha universitaria en el paquete más general de la colaboración con el gobierno Milei: mientras los diarios todavía chorreaban tinta sobre la “emocionante” marcha universitaria, la fracción radical que dirige la UBA -representada por Emiliano Yacobiti y Martín Lousteau– aportaba sus votos para la sanción de la Ley Bases en Diputados. Ahora, el ´combativo´ Lousteau discute en el Senado las alícuotas que deben pagar los inversores mineros y “lima” la letra chica de la Ley Bases, para viabilizar su tránsito por la cámara alta. El impasse de la lucha universitaria debe verse en este escenario de conjunto. Los dialoguistas y el peronismo le han prestado un precioso servicio al gobierno Milei: en medio del tratamiento de la Ley Bases, sacaron de la agenda la crisis universitaria, que había colocado en las calles a un millón de personas. Ahora, se aplican al ajuste en las casas de estudio que ellos mismos administran.

El aparato de rectores -es decir la UCR y el peronismo- se empeñó en imprimirle a la marcha del 23 un carácter “académico”, quiso sustraerla de una lucha política general contra el gobierno antiobrero. Redujeron el choque con el Gobierno a un regateo de fondos, cuando la ofensiva de los liberticidas tiene el sello inconfundible del oscurantismo y el fascismo, al menos, en grado de tentativa. Por sobre todas las cosas, colocaron a la educación superior como bandera de una mentirosa “unidad nacional”, exaltando a un sistema universitario que ellos mismos se han encargado de degradar durante décadas. En efecto: bastante antes de Milei, la universidad que salió a las calles venía soportando el ahogo presupuestario, que empuja a la privatización de las investigaciones. Desde hace décadas, esa universidad carga con miles de docentes ad honorem o trabajando en condición precaria. Los ejecutores de esa decadencia universitaria son los que hoy negocian con Milei una “salida” a la universidad. Comparten con el mucamo de Elon Musk un propósito estratégico: convertir a la educación superior en un coto del gran capital.

Tomar en nuestras manos

Los agentes del aparato universitario colocaron a la marcha del 23 como la “última palabra” de la Universidad (“ya dijimos lo nuestro, ahora le toca al gobierno”). Es una manera sutil de convertir al 23 en el canto del cisne de una lucha. A la luz de lo anterior, el movimiento universitario debe discutir un balance y una reorientación política. Es necesario unir la lucha por todas las conquistas despojadas con una movilización de carácter político e independiente de los agentes universitarios de la oposición colaboracionista. El programa planteado es: restitución de los fondos despojados, aumento salarial del 100 %, reincorporación de los investigadores; abajo el gobierno antiobrero y oscurantista, fuera Milei de la Universidad y del país. Convoquemos a asambleas, autoconvocatorias e iniciativas de lucha docente y estudiantil en todas las facultades. Un nuevo estudiantazo, en el escenario convulsivo del país -crisis social, votación de la Ley Bases- debe colocar a la juventud y al movimiento educativo como un factor crucial en la lucha contra el gobierno criminal.

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