El Senado tiene dictamen para votar el DNU/70 resumido

El gobierno consiguió cerrar un dictamen en el Senado en torno de la Ley Bases. Para eso, se apeló desde los dos lados de la mesa a apretadas, arreglos turbios y violaciones institucionales. Es así cómo ha debutado la “nueva música” de la partitura política que los medios le endosan a Guillermo Francos, el nuevo jefe de Gabinete. Francos ha recorrido todo el espinel del carrerismo político, desde la década del 90 hasta hoy.

Para arrancar el voto de los gobernadores patagónicos, el gobierno admitió subir el mínimo no imponible de ganancias de 2,2 a 2,6 millones para casados con hijos. Son literalmente dos mangos de diferencia. A esto le sumó una suba de la regalía que perciben las provincias mineras. Dejó intacta, sin embargo, la regla que establece que el volumen de mineral extraído resulte el “informado” por los monopolios mineros, que simplemente deberán modificar hacia abajo la declaración jurada de lo producido para seguir pagando nada de regalías. Francos, como se ve, es el rostro camandulero de la camarilla liberticida, dispuesto a conceder todo para no entregar nada.

El gobierno accedió a que la vigencia del régimen para las grandes inversiones -RIGI- deba obtener una ley de las legislaturas provinciales. Los gobiernos locales donde existe producción minera de escala ya tienen sus propios regímenes, tanto o más concesivos al gran capital. En cuanto a las facilidades impositivas o de importación para quienes se acojan a ese régimen, las leyes provinciales ya aseguran un espacio a los proveedores locales. El propósito del RIGI es atraer a Petronas para que construya una enorme planta de licuación del gas, y para que otros inversores del negocio aseguren el transporte marítimo y la regasificación en el exterior. Todo este proyecto causó, en octubre de 2003, la mayor insurrección de toda la historia de América Latina – en Bolivia.

Una parte de la ´oposición dialoguista´ puso la firma a la aprobación general de la ley, con el pretexto de que votaría en contra en artículos particulares. Esto procedimiento forma parte del mismo arreglo corrupto, porque para que un voto en disidencia cobre vigencia deberían reunirse los dos tercios de los votos; los ‘disidentes’ han prometido que en los casos en que eso pudiese ocurrir dejarían de votar en contra, para abstenerse. La camarilla ‘negociadora” necesita ahora que nadie escupa el plato en Diputados, y la ley se vote tal como saldría del Senado. Para cumplir con ese cometido, Francos decidió demorar la sesión de la Cámara Baja que debe tratar el proyecto de ley, en dos semanas. Además, deberá concentrar las energías para voltear el intento, en Diputados, de lanzar un proyecto propio relativo al presupuesto de las universidades y otro para aumentar las jubilaciones.

Reforma laboral

El gran acuerdo estratégico que consagra esta ley tiene que ver con lo que llaman la Reforma Laboral. Es la ley que introduce la suplantación del régimen de indemnizaciones por un fondo laboral, que abarata significativamente el despido; para el despido masivo ya existe un régimen preventivo de crisis para que las patronales no paguen nada. Las ‘enmiendas’ que introduce el Senado empeoran lo que salió de Diputados. Por un lado, castiga con el despido las “tomas o bloqueos de establecimientos”, que no son sino otra forma del derecho de huelga. Al final, el objetivo de un bloqueo es impedir el ingreso de carneros. Si el objetivo de las ocupaciones de fábricas fuera revolucionario, estaríamos ante un manifiesto caso no judiciable. El veto a las ocupaciones de fábrica ocurre en momentos en que arrecian los despidos masivos en la industria. Aseguran el derecho de propiedad de las patronales y proscriben ese mismo derecho para defender la fuerza de trabajo – la única propiedad del obrero. En este derecho a su propiedad reside la diferencia entre un obrero y un esclavo.

Al mismo tiempo, se avanzó en la legalización del trabajo “por factura” – un monotributismo disfrazado de emprendedurismo o trabajo por cuenta propia. El proyecto de ley excluye de la aplicación de la ley de Contrato de Trabajo a “las contrataciones de obra, servicios, agencia y otras reguladas en el Código Civil y Comercial”. Ello significa que ninguna de estas formas de contrato individual puede dar lugar a que se presuma una relación laboral estable. A renglón siguiente, el proyecto Bases refrenda este mismo principio, pero al revés: de la “presunción de existencia de un contrato de trabajo” quedan excluidas las “contrataciones de obra o de servicios profesionales u oficios que emitan recibos o facturas”. Adicionalmente, la ausencia de presunción de relación laboral estable se extiende a la “seguridad social”. O sea que ningún monotributista, cualquiera sea la regularidad o extensión en el tiempo de sus “servicios”, puede reclamar su reconocimiento como trabajador estable o en relación de dependencia. Bien leído, es la pulverización del derecho laboral, y la conversión del contrato de trabajo en un contrato de partes, entre clientes y “proveedores”. Todas las cuestiones relacionadas con el período de prueba se vuelven ociosas, pues la “prueba” -bajo la forma del trabajo con factura- podría prolongarse indefinidamente. Estos cambios ya estaban delineados en el DNU70. Como varias otras cuestiones, la Ley Bases los incorpora como régimen permanente, no sujeto ya a la incertidumbre de un decreto.

Complicidad

Los periodistas acreditados en el Senado relatan que el radicalismo volvió a la carga con la pretensión de tornar “voluntarios” los aportes de los afiliados a los sindicatos; Francos y Milei defendieron la obligatoriedad. Esta ‘disidencia’ es significativa porque abre el camino para que el gobierno pro-imperialista pueda recostarse en la burocracia sindical para reprimir una lucha independiente de los trabajadores, o usar a la burocracia para negociar con algún respaldo frente al capital financiero. Toma forma el gobierno semi-bonapartista. El gobierno liberticida sabe muy bien que la burocracia sindical no se levantará contra la Ley Bases. Una minoría de sindicatos realizará una manifestación limitada al día del tratamiento en el Senado, sin otra pretensión que una presencia ritual. El Senado va a ratificar un paquete fiscal que da grandes concesiones impositivas a las grandes empresas y grandes ingresos, y que refuerza la confiscación impositiva de los trabajadores – desde el IVA, Ingresos Brutos y Cuarta Categoría, hasta los más diversos impuestos municipales.