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Según datos oficiales de la Dirección General de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, uno de cada diez asalariados reviste como monotributista, aunque no sea un trabajador autónomo o cuentapropista. Reúne las condiciones de una relación de dependencia en una empresa determinada, pero no reviste como personal de planta permanente y factura por sus ´servicios´ a la patronal. No siempre se trata de trabajo deslocalizado o ´home office´. En muchos casos, son trabajadores que comparten espacio laboral con sus compañeros de modo permanente, introduciendo una diferenciación entre los inscriptos en una y otra forma de contratación. No gozan de los beneficios más elementales. En ciertas condiciones, el empleado pauta el pago de aguinaldo y vacaciones con la patronal, pero no es la regla, ni siquiera el caso más frecuente.
El monotributo es la forma de contratación que más creció en los últimos años. Fue creado bajo el menemismo, en 1998, y se lo presentó como una variante más simple y menos gravosa para pequeños contribuyentes y cuentapropistas que el régimen de autónomos. Se generalizó rápidamente, por ejemplo, entre los ´colaboradores´ en el gremio de prensa. Estos ´factureros´ muchas veces son empleados (redactores, fotógrafos, camarógrafos, correctores) permanentes y de tiempo completo. Es la forma regular de contratación de las apps de delivery y de los franqueros en clínicas y hospitales. El monotributismo como tal remite al trabajo en diversos servicios. La condición de facturero de un asalariado constituye un fraude laboral por parte de la empresa.
Los “factureros” porteños actualmente “totalizan 121.500 personas, equivalente al 10,6% del total de la población trabajadora. Un año atrás sumaban 93.500, el 8,5% del total. Es una suba interanual del 29,7%. Con relación a 2015, con un total de asalariados levemente mayor, este grupo de empelados pasó de 79.500 (6,6%) a 121.500( 10,6%): 52,8% más” (Clarín, 16/1).
Según la Dirección porteña “un cálculo global de la población ocupada en la informalidad (en las categorías asalariada y cuenta propia) durante el tercer trimestre de 2022, oscila entre el 36,8% y el 30,1% ”. En cambio, en todo el país, el empleo asalariado formal no crece desde 2012 (Clarín, ídem).
La condición de “facturero” en relación única de dependencia convive y se combina con otras formas de precarización laboral, entre las que se cuentan el contrato de locación -suman miles en el empleo público-, la contratación por agencia -frecuente en la industria- y la tercerización laboral. La generalización de la precariedad en el empleo no trajo aparejada ninguna mejora en el salario, desmintiendo a los ´gurúes´ del liberalismo económico, y del ´populismo´. Los salarios retrocedieron, desde 2017, un 25% en términos de poder de compra. El “facturerismo” creció bajo las barbas de la burocracia sindical, las paritarias y los sindicatos.
El crecimiento del pseudo monotributismo entre los trabajadores asalariados en relación de dependencia plantea un cambio fundamental en las relaciones entre el capital y el trabajo. Establece la modalidad de contrato individual, en oposición al convenio colectivo. Es ilegal, ya que va contra lo establecido por la Ley de Contratos de Trabajo. Asimismo, es lo que impuso, en Brasil, la reforma laboral de Jair Bolsonaro y la de Rajoy y Pedro Sánchez en España. Constituye una contrarrevolución social.
Por lo pronto, mientras no se encuentre legislado, el derecho laboral asiste al “facturero” a la hora de un despido; él mismo puede invocar esta irregularidad para considerarse despedido. La relación laboral encubierta puede demostrarse presentando una facturación regular a un mismo empleador por un periodo de tiempo relativamente continuo. Existe abundante jurisprudencia al respecto. Asimismo, a la patronal se le aplican las multas correspondientes, siempre y cuando el caso llegue a los tribunales del Trabajo. La mayoría se termina resolviendo por acuerdo en la instancia de mediación. Dado el bajo monto en general de las indemnizaciones, “las empresas prefieren el riesgo de un conflicto al costo de un contrato formal” (Clarín, íbidem). El trabajador, en cambio, corre el riesgo de ‘ensuciar’ su legajo para futuras contrataciones.
La burocracia sindical no sólo no recoge la reivindicación de regularización laboral de los “factureros”. Su reclamo más frecuente se vincula con el recorte de prestaciones que ofrecen las obras sociales a los inscriptos ilegalmente en el monotributo o a un aumento del componente de las cargas sociales del impuesto. Por otra parte, los bonos o copagos que el monotributista abona a la obra social por las prestaciones de salud más elementales -una consulta, por ejemplo- arrancan en los mil pesos por cada una. A estos se le suman, en ocasiones, el cobro de “bonos solidarios”, mensuales, en caso de solicitar atención. Como anualmente el límite de facturación de los monotributistas se actualiza por debajo de la inflación, esto obliga a muchos trabajadores a inscribirse en una categoría más alta. El resultado es que el trabajador paga más, pero recibe menos. Además, muchas veces se le debe sumar el pago de Ingresos Brutos y, entre las categorías más altas, por supuesto, también el Impuesto a las Ganancias. Son “factureros” para la patronal, pero monotributistas para el fisco o los servicios de salud y jubilación.
Los cimientos de una reforma laboral que establezca el contrato individual han sido colocados y abonados por todos los gobiernos de los últimos 40 años. Los capitalistas atacan con furia a la llamada “industria del juicio”, para liquidar la indemnización por despido o, en todo caso, su sustitución por un ´fondo de desempleo´ a cargo del trabajador, como el que existe en la industria de la construcción. Quieren contratar y despedir a su antojo.
En contraposición al período histórico de reformas sociales, o de aquellas arrancadas por movilizaciones revolucionarias, como ocurrió en la última posguerra, se asiste a un período de contrarrevolución social. Rusia, China, otrora a la vanguardia de las conquistas sociales y laborales, han sido la vanguardia de esta contrarrevolución, como consecuencia de la restauración capitalista.
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