Escribe Daniel Blanco
Un crimen ecológico a favor de los pulpos mineros vinculados a la guerra imperialista.
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El Senado dio media sanción a la modificación de la ley 26639, que establece un régimen de presupuestos mínimo de protección de los glaciares y ambiente glaciar. El texto sustituto da piedra libre a la destrucción de los glaciares y ambientes glaciales, en función de los intereses de las grandes mineras y de los propósitos militares del imperialismo norteamericano.
El proyecto presentado como una "ley aclaratoria" es, en realidad, una nueva ley contraria a los principios esenciales de la ley 26639. El presupuesto mínimo es delegado a cada provincia. Permite la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan función hídrica, de acuerdo al capricho de los gobernadores y fuera de todo principio científico.
La votación: 41 votos a favor y 31 en contra, fue obtenida luego de algunos cambios cosméticos al proyecto original, para evitar cuestionamientos judiciales. Por ejemplo, se establece que, en parques nacionales, la autoridad de aplicación serán sus autoridades bajo supervisión de autoridades nacionales.
El oficialismo volvió a sumar a los tres peronistas que acaban de rompen con el interbloque del PJ, y además otros dos votos peronistas de ese interbloque, nada menos que el de la exgobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, declaradamente cristinista, y del ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien aclaró que actuó "por mandato del partido justicialista sanjuanino".
La CAEM (la cámara argentina minera), la Cámara de proveedores mineros hicieron un lobby sistemático, Lo mismo, el polo político minero conformado por la mesa del Litio y la mesa del Cobre (que agrupan al gobierno de Jujuy, Catamarca, Salta, Mendoza, San Juan, y el resto de gobernadores cordilleranos, es especial el de Chubut y Rio Negro). De la misma manera festejaron la AMCham (la cámara de comercio de EEUU), el propio gobierno de Trump, y las grandes mineras instaladas en Mendoza, San Juan y Catamarca.
Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, señaló que "hay cuatro o cinco proyectos concretos que están detrás de esta norma. Es una norma hecha a medida”, afirmó. “Uno es el proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, de la empresa BHP, que fue responsable del desastre de Brumadinho en Brasil. Más de treinta muertos, cedió una represa y arrasó un pueblo entero. Esa es la empresa, con ese prontuario, la que está detrás de esto”. Además, están: “Barrick Gold con el proyecto Veladero, Rio Tinto con BlackRock en Los Azules, Glencore con Pachón en San Juan y el proyecto Mara en Catamarca”.
Días antes de la sesión del Senado, más de 85 constitucionalistas y académicos enviaron una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del Senado, para advertirle que los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo afectarían “de manera directa los fundamentos constitucionales del sistema argentino de protección ambiental, poniendo en riesgo derechos colectivos de jerarquía constitucional y el andamiaje jurídico construido desde la reforma constitucional de 1994”.
Otro de los firmantes de la misiva fue el doctor en Derecho Ambiental y docente universitario Aldo Rodríguez Salas, precisamente de Mendoza, quien señaló que el “argumento federalista” de que cada provincia disponga de sus recursos fue el mismo utilizado en 2008 por la entonces presidenta Cristina Kirchner para vetar la primera ley que sancionó el Congreso al respecto, y destacó que en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que la Ley de Glaciares es constitucional y que el dominio provincial sobre los recursos naturales debe ejercerse en armonía con el artículo 41, que obliga a la Nación a fijar presupuestos mínimos de protección ambiental”.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), su director Andrés Napoli, denunció que el cambio permitirá que “las provincias le digan al Instituto Nacional de Glaciología (IANIGLA) qué es lo que tienen que poner dentro del inventario y qué no”.
Desde el campo científico y de los movimientos ambientales han destacado que “Solo el 3% del agua superficial en el planeta es dulce, y el 70% de esa agua está en los glaciares”. Por otro lado, han destacado que “los glaciares en Argentina se encuentran en doce provincias y alimentan alrededor de cuarenta cuencas hídricas. Son esenciales para el abastecimiento de agua dulce, no solo para consumo humano sino también para la producción agrícola y ganadera”.
Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce -apta para el consumo humano- más importante de nuestro país, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio. Tanto los glaciares y el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo el país.
Hay que destacar que del agua proveniente de los glaciares (descongelamiento) para consumo humano y para recarga de las 39 cuencas hidrográficas dependen unas 1800 localidades, con más de siete millones de personas.
La norma reclamada por los grandes intereses mineros se ha ido transformando en un objetivo de los EEUU para acaparar los recursos de la denominada transición energética pero también los insumos que hoy alimentan la industria militar. En este sentido el proyecto forma parte de los acuerdos firmados por Milei con Estados Unidos en el marco de la Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos.
El Poder Ejecutivo manejó los tiempos para que la norma coincidiese con la firma del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos” firmado con los Estados Unidos el pasado 4 de febrero. Milei pretende ofrecerle a Trump uno de los compromisos asumidos en el acuerdo subscripto por el canciller Pablo Quirno.
El texto del acuerdo facilita la aprobación de proyectos mineros vinculados a los intereses bélicos y tecnológicos de Estados Unidos.
El otro punto clave del acuerdo es que la administración Milei blanqueó que los beneficios establecidos en el programa de incentivos de entrega colonial de los recursos naturales – entiéndase RIGI- también se encuentran al servicio de las demandas de las corporaciones de Estados Unidos y las naciones integrantes del Foro sobre Compromiso Geoestratégico en Materia de Recursos (FORGE, por sus siglas en inglés).
Como si todo esto fuera poco, el gobierno acordó entregarle a los Estados Unidos un mapeo cartográfico de todos los recursos naturales.
Bajo el título “Cartografía geológica”, la Argentina se comprometió a profundizar la entrega de información sensible a los Estados Unidos. “Los Participantes tienen la intención de cooperar para contribuir al mapeo de los recursos minerales en la Argentina y en los Estados Unidos, con el fin de respaldar cadenas de suministro de minerales críticos diversificadas”.
