Escribe Lucas Giannetti
Un nuevo acto de negacionismo del gobierno liberticida.
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A 50 años de la última dictadura militar, el gobierno de Javier Milei ha montado una nueva provocación para con organismos de derechos humanos y victimas del genocidio perpetrado a partir de 1976 por las Fuerzas Armadas. El Día por la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas se conmemora el 10 de junio de cada año. Este año, en un claro acto de provocación, el gobierno de Javier Milei, declaradamente negacionista de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, permitió el acceso al predio de la ex ESMA a militares portando armas largas, que llegaron al sitio en vehículos del Ejército. Diferentes organismos de derechos humanos denunciaron de manera inmediata la exhibición militar, avalada en princpio por el Ministerio de Defensa comandado por el Teniente General Carlos Presti. La normativa de la ex ESMA prohíbe explicitamente la portación de armas dentro del sitio de la memoria.
En otro acto de provocación, las autoridades actuales de la ex ESMA, días atras, cuando anunciaban una serie de actividades por el 10 de junio, comunicaron el cambio de nombre del museo, que desde 2015 llevaba el nombre de Orlando Gustavo Pascua, ex combatiente, militante por los derechos humanos y denunciante de las vejaciones y torturas que sufrieron los soldados por sus superiores durante la guerra. Con el revanchismo que cruza transversalmente al gobierno, el Museo fue renombrado como Maestro Julio Cao, el único docente caído en combate el 10 de junio de 1982 en Puerto Argentino. Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata calificaron a los funcionarios de La Libertad Avanza como “verdugos canceladores de historias” (Página 12, 11/6).
No es la primera vez que integrantes de las fuerzas intentan una suerte de “recuperación” de la ESMA. Ya pasó en mayo de 2024, cuando un grupo de retirados irrumpió cantando la marcha de la Armada. Algunos de los integrantes de esa comitiva aprovecharon para sacarse selfies junto al Skyvan que se usó para arrojar vivas al mar a tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas, entre otros militantes que fueron secuestrados en diciembre de 1977 (ídem).
Actualmente, el director del Museo Malvinas es Esteban Vilgré La Madrid, un militar retirado que participó en la represión que llevó adelante el Ejército ante el intento de copamiento del regimiento de La Tablada en enero de 1989, por parte de militantes del Movimientos Todos por la Patria (MTP), en el que se registraron torturas, ejecuciones extrajudiciales y al día de hoy se encuentran desaparecidos cuatro militantes.
En su momento, Victoria Villarruel lo designó como número dos en la dirección de la Gesta de Malvinas del Senado, presidida por el periodista Nicolás Kasanzew, por haber sido el único reportero en cubrir la guerra desde las propias Islas Malvinas.
Durante la cuestionada conmemoración, Vilgré La Madrid se dejó ver con el asesor del Ministerio de Defensa en materia de derechos humanos, Arturo Larrabure, militante de la llamada “memoria completa” (defensores de genocidas) e impulsor de causas para juzgar a los militantes de los años 70. Larrabure, hijo del Coronel Arturo Larrabure, secuestrado y asesinado por el ERP, fundó junto a Victoria Villarruel la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV). El CELTyV se conformó en 2006 como respuesta a la reapertura de los juicios de lesa humanidad y actuaba como brazo legal de la Asociación Unidad Argentina (AUNAR), fundada en 1993 por el exjefe de inteligencia de Campo de Mayo y exjefe de la policía bonaerense, Fernando Verplaetsen, quien en su momento fue condenado por crímenes de lesa humanidad. También entre los miembros fundadores de AUNAR se encuentra Carlos Manfroni, que ofició como jefe de gabinete cuando Patricia Bullrich estaba al frente de la cartera de Seguridad. El gobierno liberticida en su conjunto es un gran entramado de negacionistas.
El jefe de gabinete de Carlos Presti, Guillermo Madero, fue el encargado de salir a contestar a los organismos de derechos humanos. Madero expuso la versión del gobierno al afirmar que se trató de una “recreación histórica con participantes caracterizados como combatientes y utilizando réplicas”, y agregó que “yo repudio esta operación miserable basada en el odio, el resentimiento y la mentira. Hay que caer muy bajo para atacar un homenaje a nuestros héroes de Malvinas con falsedades deliberadas”, señaló Madero, que saltó a la fama por negarse a cooperar con la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura. Madero fue designado por DNU 60/26 como Titular de la Unidad Gabinete de Asesores en el Ministerio de Defensa; también militante por la “memoria completa”, tiene en su haber una serie de antecedentes en bloquear las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. En julio de 2025, anticipándose a los hechos ocurridos en la ex ESMA, publicó una columna de opinión en Infobae titulada “Una nueva orientación para la Defensa Nacional”, en la que señalaba que “a través de una visión ideológica restrictiva y una interpretación parcial de la memoria histórica -enfocada únicamente en la vertiente terrorista de los 70- se relegó a las Fuerzas Armadas a un papel meramente testimonial. Su subordinación se acentuó hacia políticas centradas exclusivamente en derechos humanos, perspectivas de género y actos de memoria, sin considerar la integralidad histórica a la que llamamos memoria completa” (Infobae 16/5/2025).
El negacionismo es un fenómeno que se desarrolla desde la dictadura misma, pero es con el gobierno liberticida que por vez primera la agenda de “memoria completa” ocupa un lugar estratégico dentro de la estructura del Estado, empezando por el gobierno nacional.
Para neutralizar de una vez y para siempre a esta corriente que reivindica los crímenes cometidos por la última dictadura militar es necesario la desclasificación de todos los archivos del Ejército, la SIDE y fuerzas de seguridad que intervinieron en el genocidio, poniéndolos bajo control de las organizaciones independientes de derechos humanos para investigar todas las responsabilidades políticas e intelectuales del terrorismo de Estado, incluyendo a las grande patronales y capitalistas que brindaron su colaboración directa con los genocidas y que actualmente operan impunemente en el país.
