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La pasada semana, por el DNU 60, Milei designó a tres militares para que cumplan funciones políticas dentro del Ministerio de Defensa y a Guillermo Madero como Titular de la Unidad Gabinete de Asesores. Madero tiene en su haber una serie de antecedentes en bloquear las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Negacionista de los crímenes de la última dictadura militar, el lunes pasado señaló desde la red social X que “los juzgados federales argentinos, encargados de combatir el narcotráfico y la corrupción, están colmados de juicios de lesa humanidad por crímenes ocurridos hace 50 años que violan el derecho de toda persona a ser juzgada y a que se determinen sus derechos en un plazo razonable”. Para Madero, las causas de lesa humanidad se han convertido en un obstáculo para que los tribunales federales lleven adelante investigaciones sobre “narcotráfico” y “corrupción”. El posteo de Maderos es una extracción de un editorial del diario La Nación en la que se afirmaba que “no hubo para ancianos enfermos, ni detención domiciliaria ni salidas autorizadas, ni libertad condicional, ni otros institutos que rigen para todo ciudadano”, en referencia a quienes cumplen condena por crímenes cometidos durante la dictadura.
Los datos vertidos por La Nación y reproducidos por Madero son refutados por la información dada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), que dan cuenta de que “el 84 por ciento de los detenidos por delitos vinculados al terrorismo de Estado están en sus casas. En diciembre último, sin ir más lejos, el represor Eduardo Kalinec, condenado a prisión perpetua, obtuvo la libertad condicional” (Página 12 3/2). Durante la gestión de Luis Petri fue el mismo Madero quien rechazó el pedido de información solicitado por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que trabaja mancomunadamente con Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de bebes apropiados por los militares durante la última dictadura militar.
Antes de que los diputados liberticidas visitaran en agosto de 2024 a Alfredo Astiz y a otros represores en la Unidad 34 de Campo de Mayo, Madero, en marzo del mismo año, fue uno de los dos funcionarios que se hicieron presentes en el penal. Según un pedido de informe, fue en una recorrida que tenía como finalidad examinar cuestiones en materia edilicia, pero en realidad se reunió con represores, que quedaron “muy entusiasmados después de esa entrevista” (ídem), con el hoy ‘mano derecha’ de Presti. Al día de hoy en la cárcel VIP de Campo de Mayo se encuentran alojados 62 represores.
Posteriormente a la visita de Madero a la Unidad 34, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, desmanteló el Equipo de Relevamiento y Análisis (ERyA), encargado del estudio de documentos que eran aportados a la Justicia para que sirvan de soporte en los juicios de lesa humanidad. Una clara maniobra en el encubrimiento de los genocidas. El ERyA funcionaba de manera permanente desde el 2010 dentro del Ministerio de Defensa. Tenían razón los represores con “entusiarmarse” luego de la reunión con Madero.
Madero, al igual que Villarruel, es un militante por la “memoria completa”. En julio de 2025 publicó una columna de opinión en Infobae titulada “Una nueva orientación para la Defensa Nacional”, en la que señalaba que “a través de una visión ideológica restrictiva y una interpretación parcial de la memoria histórica -enfocada únicamente en la vertiente terrorista de los 70- se relegó a las Fuerzas Armadas a un papel meramente testimonial. Su subordinación se acentuó hacia políticas centradas exclusivamente en derechos humanos, perspectivas de género y actos de memoria, sin considerar la integralidad histórica a la que llamamos memoria completa” (Infobae 16/5/2025). En la misma columna, Madero realizaba una ponderación de la “doctrina Petri” que “propone un reencuentro entre las fuerzas armadas y la ciudadanía mediante una presencia visible, profesional y comprometida con la defensa de los intereses nacionales” y que “este enfoque se alinea con experiencias internacionales contemporáneas, incluyendo las adoptadas por Estados Unidos, país considerado aliado estratégico de la Argentina, conforme a los lineamientos de política exterior establecidos por el presidente Javier Milei” (ídem).
El ministro Presti, encumbrado miembro de la “familia militar”, tiene intereses creados en tanto y en cuanto su padre, Roque Presti, fue uno de los genocidas que operó en la represión de la zona de La Plata. Durante la dictadura Roque Carlos Presti estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 en La Plata, a cargo la represión en el área 113. Bajo esa órbita funcionaron los Centros Clandestinos La Cacha, Pozo de Arana y la Comisaría 5ª, entre otros. Murió impune, acusado de secuestros, desapariciones y torturas a 44 víctimas de delitos de lesa humanidad. Entre los casos, está el ataque a la casa de Teruggi-Mariani, tras el cual sigue desaparecida "Clara Anahí Mariani-Teruggi, quien tenía tres meses de edad cuando cometieron el operativo represivo del que Presti está acusado de haber sido parte", confirmaron desde Hijos Capital.
Uno de los subordinados de Presti en Defensa, designado la semana pasada por el DNU 60, Daniel Martella, también es hijo de un exrepresor, Santiago Martella, quien fue secretario general de la Presidencia durante la dictadura de Roberto Viola y jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) en 1982; también supo estar al frente de la Brigada Aerotransportada IV y fue condenado a prisión perpetua en la megacausa de La Perla.
La embestida contra los juicios de la mano derecha de Presti dentro de Defensa se da en el marco del próximo 50 aniversario del último golpe de Estado y en la puesta en pie de un gobierno cívico-militar, devolviéndole el protagonismo político a los militares para que, en contrapartida, estos se inmiscuyan en la represión interna y, por ende, sirvan como blindaje del régimen liberticida, con la excusa de la lucha contra el “terrorismo” y el “narcotráfico”. Estamos en presencia de una nueva operación política de cara a un nuevo 24 de Marzo, esta vez encabezado por los propios militares y sus personeros políticos que operan desde las usinas del Ministerio de Defensa.
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Los liberticidas designan a militares en cargos políticos en el ministerio de Defensa Por Lucas Giannetti, 31/01/2026.
