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El déficit del IPS viene creciendo en forma sostenida desde 2013 y se intensifica en 2018-2019. Para el 2020 se proyecta que será de $40.000 millones (La Nación, 28/06).
En los últimos 10 años el IPS asiste a un proceso de caída sostenido de la relación activos-pasivos pasando de 4 activos por cada pasivo a una relación 2,5 a 1 (Rosales, Walter; blogeconosp.econo.unlp.edu.ar). Esta realidad objetiva transforma, en el mediano plazo, en inviable al sistema previsional de la provincia de Buenos Aires porque la relación óptima para dar sustentabilidad al sistema es de 3,6 a 1.
Este cuadro de crisis se explica básicamente por dos factores: por un lado, el congelamiento de los ingresos a planta y, por otro lado, el aumento de la contratación laboral vía monotributo. Desde 2014 la cantidad de contribuyentes al IPS se mantiene casi constante.
En abril de este año el registro de aportantes es de 755.819 empleados provinciales: administración pública, docentes, municipales y servicio penitenciario. Para revertir la crisis del IPS es fundamental incorporar a este plantel, en el corto plazo, unos 400.000 nuevos trabajadores.
Partiendo de esta base concreta, además de pasar a planta a los 35.000 monotributistas provinciales que tributan a la ANSES es, repetimos, fundamental la incorporación de nuevos empleados estatales en diversas áreas como salud y educación. El pase a planta de los contratados no resuelve el problema de fondo.
Al contrario de esto, trabajadores del ministerio de infraestructura, de la dirección general de educación y de vialidad provincial vienen denunciando que no se les renovó el contrato. Los despedidos vienen realizando movilizaciones y protestas para que se los pase a planta. Situación similar se presentó en el área de educación puesto que el gobierno de Kicillof cubrió solo 7 mil vacantes de las más de 25 mil existentes desde marzo de este año.
La crisis del IPS presenta una disyuntiva: se extirpa la precariedad laboral en el Estado y se incorporan más trabajadores o se va a una armonización.
La información que trascendió en los medios sugiere que la política de Kicillof consiste en suspender las jubilaciones de oficio, es decir, promover que los docentes, estatales y aportantes al IPS retrasen por 5 años sus trámites jubilatorios; pasar a planta temporaria a algunos trabajadores contratados, etc.
‘Armonización’
En abril, Kicillof firmó un convenio de financiamiento con ANSES por $6.000 millones para hacer frente al déficit operativo del IPS. Esto se encuadra en el Pacto Fiscal que firmaron en noviembre de 2017 Macri y los gobernadores. El mismo establece que el ANSES debe financiar los déficits de los sistemas jubilatorios provinciales para direccionar el traspaso y unificación con el régimen nacional. La condición política para solicitar los fondos es que el cálculo del déficit lo realizará la propia ANSES. La "ayuda nacional" quiere ser camuflada con la argucia de que responde a una necesidad primordial, debido al déficit considerable que generó el gobierno de Vidal.
Esta armonización tiene un norte propio, toda vez que implicaría una igualación a la baja de los regímenes jubilatorios, liquidando la movilidad que actualmente tienen los jubilados del IPS y otros derechos.
Este proceso de liquidación de la caja provincial es una de las exigencias del FMI y del capital financiero internacional. La reestructuración de la deuda externa y la renegociación con el FMI tiene como eje principal la generación de un superávit fiscal y ajustar los sistemas previsionales.
Para los trabajadores ocupados y desocupados es fundamental la defensa de la caja del IPS. Incorporación masiva de trabajadores a planta permanente en el sistema público de salud y educación.
