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Las suspensiones y los despidos son el centro de la situación en la clase obrera. Según la consultora Orlando Ferreres y Asociados, la caída de la actividad fue del 15% en marzo respecto del mismo mes de 2023 y del 9,8% en abril. A este porcentaje se debe restar a sectores de la economía, como el agro y la minería, que van a contramano de la caída general. El cierre de 275 mil cuentas sueldo en lo que va del año es una muestra del escenario.
En la industria metalúrgica, según los dirigentes de la UOM ya se perdieron más de 8.000 puestos de trabajo, con Acindar paralizada completamente por más de tres semanas. En la construcción, se calcula que se perdieron más de 100 mil. El conjunto de las automotrices avanza con reducciones de puestos, en principio a través de suspensiones y retiros voluntarios. Esto repercute en la industria autopartista que produce para las terminales, con despidos en fábricas plásticas, de neumáticos y metalúrgicas. En la industria de electrodomésticos, conocida como línea blanca, las suspensiones son masivas ante la baja de ventas. Lo mismo en la industria textil.
La clase capitalista ha declarado un “preventivo de crisis” de hecho, para aplicar una reducción de personal generalizada y una mayor flexibilidad laboral sobre los que quedan trabajando. Según La Nación, “en la Secretaría de Trabajo de la Nación se concretaron 61 pedidos de empresarios para activar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Unas diez solicitudes cada 30 días. Una estadística similar se dio en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde 60 empresas pidieron la aplicación del artículo 223 bis para avanzar en un plan de suspensiones, que involucraría a unos 10.000 trabajadores”.
Por poner un ejemplo: en el distrito del Norte bonaerense de Pilar, Whirlpool desvinculó a los trabajadores del turno noche y mantiene al resto suspendido. FV, la fábrica top de griferías, suspendió un turno por dos meses, y prevé la reducción de 400 puestos. Lo mismo en Ferrum. Akapol, la fabricante de Volygoma y Poxipol, suspendió a todo su personal por los próximos dos meses. Bimbo se prepara para avanzar con despidos y Unilever anticipa vacaciones.
Los despidos y las suspensiones son acompañados por los sindicatos en cada fábrica y rama. La UOM pactó un esquema de suspensiones en Acindar, en Siderca y en todas las fábricas que así lo requirieron. La burocracia coloca en su discurso a las patronales como víctimas de una crisis económica que es generada por el gobierno, cuando el golpe de Estado económico perpetrado por Milei fue apoyado por la totalidad de la clase capitalista. Los empresarios son mostrados como víctimas para justificar la descarga de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores; el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, el único planteo que defiende los intereses de los trabajadores, ni siquiera es puesto a discusión. Excepto casos aislados, ningún sindicato ha planteado enfrentar con la lucha las suspensiones y los despidos.
La burocracia actúa abiertamente como portavoz de los intereses de las patronales. La burocracia de AOMA (Asociación Minera) ha salido al cruce del RIGI no en defensa de los trabajadores sino de las empresas ya instaladas que serán perjudicadas en términos comparativos con las nuevas mineras que se instalen. Acusa al RIGI de fomentar la competencia desleal, cómo si el funcionamiento del libre mercado fuera parte de los intereses de los trabajadores.
Los medios destacan que “un sector del sindicalismo comenzó a rendirse ante Milei”, en medio del momento tal vez más débil del Gobierno. El fracaso del Pacto de Mayo no permitió que un sector de la CGT sea partícipe. El Destape informa que no habrá movilización general de la CGT para cuando se trate la Ley Bases en el Senado, lo que desmiente definitivamente que exista algún tipo de plan de lucha. La CGT se baja de una confrontación abierta con el gobierno, mientras hay conflictos abiertos en el neumático, en estatales, docentes, médicos, personal de sanidad, textiles, albañiles y metalúrgicos, comercio, entre otros rubros.
Los despidos y las suspensiones condicionan a la baja toda la discusión paritaria. Desde el acuerdo CGT-Gobierno en adelante, los sindicatos han buscado reducir al mínimo la conflictividad salarial. A costa de los salarios de los camioneros, de los trabajadores del transporte, de los del comercio y de la alimentación. El punto más alto es el de los trabajadores siderúrgicos, que tienen la paritaria congelada desde noviembre y que han rechazado un plebiscito que impulsó la UOM para que acepten una rebaja salarial.
La respuesta de los trabajadores al nuevo escenario se va modificando rápidamente. El rechazo de los trabajadores siderúrgicos al plebiscito extorsivo de Furlán es un primer síntoma de cambio, pero no el único. En enero Toyota, de la mano del SMATA, presentó un plan de 400 retiros voluntarios a sus trabajadores. Por el incentivo monetario, y por el agotamiento físico al que son sometidos los obreros en la planta de Zárate, se anotaron para irse de la empresa más de 600 trabajadores. En las últimas semanas, General Motors presentó una propuesta similar para desvincular unos 170 trabajadores: solo 40 trabajadores se inscribieron. El escenario de desocupación masiva desalienta a los trabajadores a abandonar sus puestos de trabajo.
La ocupación de Textilcom en Catamarca, también es un escenario novedoso. Políticamente, la ocupación de las fábricas que son abandonadas por el patrón significa que la clase obrera se muestra dispuesta a tomar las riendas económicas del país. Además, es una respuesta contundente de los trabajadores que muestra cómo se deben enfrentar los despidos y las suspensiones; en medio de la parálisis general alentada por la burocracia de los sindicatos. La burocracia del SOIVA (Sindicato del Vestido) de Catamarca no es parte de la ocupación de la fábrica y se limita a reclamar ante las autoridades provinciales el pago de un subsidio a los trabajadores hasta el cobro de la indemnización.
La rebelión misionera concentra el estallido de todas estas contradicciones de la situación de la clase obrera. Los despidos en el Estado, los salarios a la baja, los tarifazos y una quiebra del régimen político provincial han detonado la intervención popular. La intervención de los sindicatos de la provincia, especialmente el de los docentes, se coloca en el campo de los sectores que buscan desactivar los reclamos populares a través del diálogo directo con el clan Rovira y el Gobernador Pasalacqua.
La respuesta obrera a la ofensiva reaccionaria del gobierno de Milei se abre paso pasando por arriba de los aparatos y de la burocracia sindical.