Crisis de gabinete, una riña en la casta liberticida

Había numerosas razones para que el Gobierno de la LLA desatara una crisis política. La sublevación de la Policía en Misiones y la huelga de trabajadores de la educación y la salud habían dejado en evidencia que el aparato estatal de las provincias no tiene condiciones de hacer frente al cese de las ayudas del estado nacional y a la caída de la coparticipación federal y de la recaudación interna como consecuencia de una recesión industrial extraordinaria. El gobierno de Misiones ha pretendido sobrellevar esta asfixia mediante la instalación de una aduana interior, que grava el ingreso de las mercaderías del resto del país. Varias provincias han anunciado la disposición a hacer lo mismo. En las fronteras provinciales se cobra un adelanto del impuesto a los ingresos brutos, que debían ser recaudados al tener lugar la venta de esos bienes. Esta suerte de quiebra de la unidad económica de la nación tampoco dará un resultado efectivo, porque, como todo adelanto, resigna la recaudación posterior. De otro lado, el encarecimiento de los precios ha afectado el comercio menudo de exportación en las provincias con fronteras exteriores. La manifestación de este impasse habría debido provocar una crisis de gobierno, que replanteará el conjunto de su política. Este no es el caso – la expulsión de Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, constituyó un desenlace precario de una lucha de camarillas al interior del Gobierno. Posse ha sido acusado de espionaje contra otros miembros del Gabinete, e incluso contra Milei y su hermana; de bloquear el ingreso al gobierno de figuras del PRO, para conservar su propio espacio; de copar áreas de Defensa y de Inteligencia, y de reservar el manejo de empresas públicas para su propia tropa. Posse, sin embargo, contaba con un apoyo especial – el del jefe de la CIA norteamericana Willliam Burns. La designación de Guillermo Francos como jefe de Gabinete es apenas un parche para dilatar el estallido de una crisis de gobierno en el sentido cabal de la palabra.

La cadena contradicciones que enfrenta la política oficial no se confina a Misiones. El caso del corte del suministro de gas a la industria, que el oficialismo atribuye a un invierno más crudo, es la consecuencia de la motosierra aplicada a la obra pública – en este caso, los gasoductos. La perspectiva de exportar gas licuado ha dado paso ahora a la importación de ese fluido, acompañado de un gasto fenomenal del Tesoro. El ministro Caputo, por su lado, acaba de chocar fuerte con las proveedoras de gas, al ofrecerles como pago un bono por el 50% de lo adeudado por la mayorista estatal Cammesa. Esto ha llevado a varias distribuidoras a proponer la reducción a la mitad de su propia deuda con la entidad. Junto con el anuncio de la expulsión de Posse, el ministerio de Economía determinó, por medio de un DNU, una licitación de deuda pública por 35 billones de pesos (equivalente a alrededor de 5 mil millones de dólares), para recomprar deuda del Banco Central con los bancos y poder disminuir la enorme emisión monetaria que realiza el Central para pagar los intereses de esa deuda. A esto hay que agregar la nueva deuda contraída por el BCRA con los importadores y los remisores de dividendos al exterior, conocida como Bopreal. Después de la ‘limpieza’ que promueve Caputo, el balance del Banco Central está más ‘sucio’ que nunca. La deuda del Tesoro se ha convertido en una hipoteca especial del Estado, porque ha crecido en forma exponencial, es de cortísimo plazo y lleva a un estallido de las finanzas públicas. Su cotización está garantizada por activos del Banco Central (emisión monetaria); por lo que un desarme de esa deuda por parte de los bonistas desataría una hiperinflación sin precedentes. La purga de la camarilla de Posse, por parte de Milei, no representa un giro político que dé salida a estas contradicciones explosivas, sino el estallido de una pelea de camarillas que son más o menos conscientes de que están llevando a la economía a un cataclismo.

En el vasto paquete de estas contradicciones, se encuentra el fracaso del Gobierno para conseguir la aprobación de la Ley Ómnibus, y ahora de la Ley Bases y el paquete fiscal. La nominación de Francos apunta a seducir a una parte del Senado a la idea de que Milei ha decidido abandonar su llamado ‘autoritarismo’ y colaborar con el Congreso. Es una maniobra de cortísimo vuelo, porque descuenta que estos cambios serían aprobados por Diputados. La posibilidad -o la certeza- de que estos proyectos acabarán en el fracaso, explica la designación de Federico Sturzenegger como ministro, dispuesto a meter por medio de decretos y regulaciones, la privatización de empresas públicas, incluida la confiscación del Fondo de la ANSeS.

Nada de todo esto significa que Milei pueda prescindir del Congreso, cuando pretende copar la Corte y el Poder Judicial mediante la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El control de Comodoro Py, donde reside la Justicia Federal, es fundamental para gobernar mediante DNUs. La controversia acerca de Lijo se ha convertido en una piedra de división estratégica en la burguesía. Es un asunto que sigue con atención el gobierno norteamericano. Pero en este punto, Milei no cuenta con el apoyo de la presidenta del Senado, Victoria Villaruel.

Encima de todas contradicciones, crece la tendencia a que la recesión se convierta en una depresión – muy lejos de la expectativa de un giro de la economía en V. Las suspensiones y los despidos crecen sin parar, en algunos casos afectando regiones o pueblos, como ocurre con Villa Constitución. Es lo que explica que se discuta la necesidad de otra devaluación del peso y la reactivación de la obra pública. La posibilidad de que renazca el crédito bancario es una fantasía, cuando los bancos tienen el 80% de sus activos en bonos del Tesoro.

Los trascendidos que ventila el periodismo llevan a la conclusión de que Milei y su entorno han decidido salir de este laberinto apostando a una victoria electoral en octubre de 2025. Han retrasado la aplicación de los tarifazos y regulado los aranceles de las prepagas para circunstancias económicas mejores, en función de ese propósito político. Las elecciones de 2025 han provocado una dura crisis en el PRO, ante el intento de Macri de evitar que lo fagocite la LLA, que va por la personería electoral en los 24 distritos del país. El aparato de gobierno no está aceitado todavía, ni de lejos, para ese objetivo. De modo que las peleas de camarillas continuarán, al menos hasta que explote el conjunto de la situación económica y política. El ritmo de este proceso no depende sólo de factores internos. Una crisis financiera en Estados Unidos y la Unión Europea está instalada en el horizonte, en el marco de una acentuación de la guerra comercial y fragmentación de la economía mundial.

La purga de Posse y las peleas de camarillas esconden todavía la profundidad de una crisis de gobierno, que deberá estallar de cualquier manera. Argentina viene atravesando las diversas etapas de una crisis, que finalmente llegará al núcleo de esta experiencia de ultraderecha.