A la espera del RIGI, se suspenden inversiones en marcha

Debido a los beneficios que promete el RIGI establecido en la Ley Bases, la empresa malaya Petronas congeló la megainversión en Vaca Muerta hasta que se apruebe el articulado de la Ley Bases en el Senado.

El proyecto de esta petrolera malaya promete una inversión de decenas de miles de millones de dólares. Apunta al desarrollo comercial del GNL (Gas Natural Licuado) asociado a YPF, que se comenzó a negociar durante la gestión del santacruceño Pablo Gonzalez, en el gobierno de Alberto Fernandez (La Política Online, 16/05).

El proyecto que está parado tiene una proyección de 10 años e implicaría, dice, una inversión de 40.000 millones de dólares. Prevé obtener una producción equivalente al doble de lo extraído actualmente en Vaca Muerta.

Para esta inversión, el kirchnerismo había hecho una ley a medida que solo logró la media sanción. Finalmente, le otorgaron los beneficios por decreto. Este decreto otorga a Petronas los mismos beneficios económicos, impositivos y cambiarios que le fueron otorgados a Chevron para que realice la inversión inicial en Vaca Muerta, incluída la remisión de utilidades a una cuenta en un paraíso fiscal.

El decreto Chevron -cuestionado por sus cláusulas secretas- es muy similar al RIGI, pero con beneficios adicionales. Permite repatriar el 100 % de las utilidades, utilizar insumos que no sean argentinos y disponer de la totalidad de lo producido para la exportación. Las empresas no se ven obligadas a cumplir metas de inversión y producción; los litigios no serán dirimidos en jurisdicción argentina, sino del Banco Mundial. Semejantes concesiones tipifican a una colonia, del tipo de la United Fruit, en la Guatemala de la posguerra, que dio el nombre a la República bananera. La prioridad al inversor para la utilización de los recursos naturales podría dejar sin agua, por ejemplo, a la población local.

El decreto Chevron pergeñado por el Kirchnerismo también tenía cláusulas leoninas, como si fuera un RIGI personal y a medida de Chevron y de las otras empresas que lo clonaron. Le concedieron triplicar el precio del gas en boca de pozo, de USD 2,5 el millón de BTU a USD 7,5.

Luego, destrabaron el embargo aplicado por la Corte argentina, por los graves daños ambientales ocasionados por Chevron en el Amazonas ecuatoriano valuados en 19.000 millones de dólares.

Le permitieron exportar el 20 % de la producción, sin retenciones y con libre disponibilidad del 100 % de las divisas para remitir a la casa matriz. Si ese 20 % era vendido en el país se le garantizaban las mismas condiciones. Se renunció a la soberanía reconociendo la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos, concesión que, aplicada a la previa expropiación de YPF, la Argentina está pagando caro.

Además, las máquinas utilizadas para la perforación pudieron importarse sin pagar aranceles, cuestión ya de por sí leonina, pero que además fue utilizada para traficar otras importaciones evadiendo impuestos y encima remitir utilidades en negro a las casas matrices, hechos que ya tienen causa en la justicia.

El acuerdo inicial le concedió a Chevron la concesión de la explotación por 35 años y se calcula que recuperó lo invertido a los 5 años de producción, el resto es todo ganancia.

Por lo tanto, haciendo un balance, Vaca Muerta le permitió a la Argentina aumentar fuertemente la producción de petróleo y gas para dejar de importar, pero los beneficios contantes y sonantes se los llevaron Chevon y las otras empresas que se fueron sumando.

Para el Banco Central quedó el porcentaje de divisas que el decreto K no les dejó disponer libremente y que no lograron fugar, pero de saldo para el Estado argentino, con las exenciones impositivas que les permitió, solo le quedó el desastre ambiental ocasionado por el fracking que denuncian los pueblos originarios y que en otros países está prohibido.

Por otra parte, con precios de combustibles (y ahora también tarifas) dolarizados, para la población no hay diferencia entre la producción local o importada de hidrocarburos. La "producción nacional" pasa a ser cáscara vacía, más aún teniendo en cuenta que parte del proyecto de Petronas pasa por invertir en la infraestructura necesaria a fin de obtener GNL para exportación.

El RIGI no es otra cosa que un nuevo pacto Chevron, pero profundizado, generalizado y a gran escala. El kirchnerismo tuvo otros RIGI como, por ejemplo, para los emprendimientos mineros a los que les concedió, al igual que el régimen libertario, estabilidad fiscal por 30 años y exención del 100 % del pago de impuesto a las ganancias durante los primeros 3 años. También les garantizó las ley antiterrorista para reprimir a los pobladores que protestaban por el daño ambiental.

El régimen especial para la industria en Tierra del Fuego también es un RIGI hecho para beneficiar a una industria que ni siquiera suplanta la importación de partes, ya que se limita al ensamblado. Ni hablar de las exenciones impositivas al monopolio de Mercado Libre, que también son de autoría kirchnerista.

Por eso, cuando Cristina Kirchner critica al RIGI, lo hace en nombre de la burguesía que no llega a los 2.000 millones de inversión y que reclama un RIGI que esté a su alcance; también, en nombre de los tenedores de deuda que necesitan que alguna divisa quede en el Banco Central para que el gobierno pueda pagar los vencimientos.

De momento, la política impulsada por Milei no solo no estaría atrayendo inversiones, sino que las está frenando, de la misma manera que ni siquiera logra que los sojeros liquiden la cosecha debido a que los índices de inflación de los que se jacta representa, para los exportadores, atraso cambiario.

Petronas, que en el pasado invirtió y se la llevó en pala con las concesiones que le daba el kirchnerismo, quiere más, como toda la burguesía que forma parte del pequeño círculo que está agazapado alrededor del gobierno viendo qué más se puede llevar. El resto de la burguesía, la que queda afuera, todavía aplaude como foca creyéndose parte. Sin embargo, con una economía que va camino a una depresión, no le van a quedar ni las migas.