Ley de Bases: el capítulo de combustibles es sencillamente una estafa

La media sanción de diputados a la “Nueva Ley de Bases” de Milei tiene, en los Títulos “VIII Energía” y “IX Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI)”, un salto más en la entrega de los restos de la “soberanía energética” a los monopolios del gas y el petróleo.

En el título de Energía se establece que las compañías podrán exportar los hidrocarburos sin restricciones, sin considerar el impacto en el abastecimiento y los precios en el mercado interno. El precio de los combustibles se “arreglaba” hasta ahora en acuerdos entre YPF y el gobierno y luego lo adoptaban las demás petroleras. Es una dolarización del precio de la energía y, en última instancia, del conjunto de la economía. La revalorización artificial del peso, mediante el control de las importaciones, constituye una renta adicional para las compañías forzada por el Estado.

En el título del RIGI, la norma que incentiva el ingreso de inversiones superiores a 200 millones de dólares, agrega a la renta minera y la del Estado, una renta impositiva –otro enorme “gasto tributario”, como se denomina a las exenciones impositivas-. Incrementa la parte de los gastos del Tesoro que se financia por medio de los impuestos al consumo y aquellos que gravan los ingresos de los trabajadores.

Las devoluciones del IVA implican directamente una confiscación, porque se les entrega lo pagado por el consumidor; el impuesto a las ganancias se reduce en diez puntos, al 25 %, sin escalas. No se les restringirán las importaciones de bienes de capital ni intermedios. La supuesta inversión es, en realidad, ficticia porque desde el estado tienen asegurada una triple renta.

También tendrán libre disponibilidad de las divisas sin restricciones cambiarias y si hay conflictos con el estado, el proyecto de Milei, con media sanción de Diputados, dice: “… se resolverá, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas”, luego ofrece el CIADI para los litigios (cuando finaliza la amistad). Es la corte internacional del capital financiero (depende del Banco Mundial) donde la Argentina ha tenido que pagar juicios millonarios a las privatizadas.

No es solo Milei

Este proyecto de ley con media sanción, modifica artículos de la ley de hidrocarburos del año 1964 (ley 17.319) y deja prácticamente sin tocar o con pequeños ajustes a la ley del año 2014 (ley 27.007), la Ley de Hidrocarburos del kirchnerismo, llamada Ley Chevrón, es la ley que abrió el país al fracking de Vaca Muerta, por la cual hoy las compañías pueden repatriar dividendos y contaminar, bajo la protección estatal que le dio el gobierno de Cristina Kirchner y que le votaron los partidos patronales del Congreso.

Este proyecto actual agrega la ventaja para las petroleras de transformar un área convencional en no convencional (fracking), con las consiguientes mayores prebendas y extiende aún más los plazos de las concesiones de áreas convencionales, fracking y plataformas submarinas.

Otro punto de coincidencia casi total de Milei con el kirchnerismo (y todo lo que hay entre medio) es la exploración en plataforma petrolera submarina en Mar del Plata, llamada la nueva Vaca Muerta. El gobernador Kicillof está impulsando este proyecto inevitablemente contaminante del Mar Argentino.

Hace diez años que se votó la ley Chevron, diez años en los que Vaca Muerta no aportó energía más barata, ni industrialización, ni siquiera una mejor calidad de vida de la población de Neuquén (que ve destruido su medio ambiente), tampoco lo hará el proyecto de explotación off shore en Mar del Plata.

Renta petrolera, crisis del capital

Una oración de este proyecto de ley marca la necesidad de que el estado rescate a las compañías petroleras, ya que no podrían funcionar de otra manera. El inciso f del artículo 211 del proyecto Nueva ley de bases dice: “generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”.

Este proyecto constituye un vaciamiento financiero del estado, que raya en el delito económico y la estafa.

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