La implosión de la Corte Suprema

La conformación de una nueva Corte Suprema de la Nación, para reemplazar a Elena Highton de Nolasco -ya jubilada- y Juan Carlos Maqueda -pronto a hacerlo- ha desatado una crisis en el propio organismo. Milei ha postulado al juez federal Ariel Lijo y al catedrático García Mansilla para reemplazarlos.

La candidatura del juez Ariel Lijo es la que atrae el mayor foco de polémica. Lijo reviste como juez en Comodoro Py y tiene actualmente a su cargo una serie de importantes causas que apuntan a prácticamente todo el arco político patronal. Es el caso de Mauricio Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública en la gestión del Correo Argentino; Malena Galmarini por sobreprecios en licitaciones de AySA y también sobre Cristina Kirchner y Axel Kicillof por el vaciamiento de YPF a manos del Grupo Petersen (Eskenazi). La cualidad política fundamental de Lijo, que explica tanto sus fervientes apoyos como impugnaciones, ha sido enfriar o desestimar causas. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia –un organismo que rechaza su candidatura junto con el CELS y el Colegio de Abogados de CABA- solo ha elevado a juicio oral el 15% de los casos a su cargo. Lijo es el juez más denunciado en el Consejo de la Magistratura.

Bajo la bandera de ‘terminar con la impunidad’, el diario La Nación encabeza una campaña de boicot a la candidatura de Lijo. Según su columnista Carlos Pagni, Lijo es “un juez con infinidad de indicios de ser un juez corrupto”. Recientemente, el diario The Wall Street Journal atacó abiertamente la candidatura de Lijo: “La debilidad del Estado de Derecho en la Argentina es un impedimento para el desarrollo económico porque los inversores no confían en el sistema. El juez Lijo, de 55 años, forma parte de ese sistema. Lleva 20 años en el fuero penal federal, que se ocupa tanto de las investigaciones como de los juicios por delincuencia organizada, blanqueo de dinero, corrupción, terrorismo y otros delitos”. En marzo, la AmCham, la Cámara de Comericio norteamericana-argentina, había emitido un comunicado en donde señalaban, conocidas las postulaciones hechas por Milei, “preocupación y expectativas con respecto al nombramiento de los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Estos cuestionamientos reflejan que la confiscación de los trabajadores, por parte de Milei no son condición suficiente para el imperialismo.

A la pregunta de un periodista acerca de la “idoneidad y la transparencia" de Lijo, Milei respondió” que “Lo que creo es que hay que evaluarlo en el contexto en el cual uno está para llevar a una Corte con un formato más acorde a respetar la Constitución, porque es una Constitución liberal”. Ni idoneidad ni transparencia; una corte funcional al poder político lo cual no representa absolutamente ninguna novedad. Alberto Benegas Lynch, un ‘padre intelectual’ de Milei, señaló que “Me alarma que se haya propuesto a un juez que parece ser lo opuesto a Alberdi”. Los liberticidas no parecen tener las ideas muy claras.

Otros rechazos a Lijo desde las propias filas del gobierno vinieron de la vice Villarruel, quien expresó su descontento por el tratamiento de la causa de Rucci en manos de Lijo, y que “se enteró por la TV de su designación”. Villarruel es una activa operadora en la presentación de una candidatura alternativa a Lijo, que sería Susana Medina, una jueza entrerriana. La paridad de género tiene su ala de ultraderecha.

Lo mismo reivindicó Macri. María Eugenia Vidal , por el contrario, respaldó públicamente a Lijo, con quien tejió vinculaciones políticas durante su gobierno en Buenos Aires. Margarita Stolbizer rechazó a Lijo, pero no a su coequiper clerical, García Mansilla. Martin Losteau , en cambio, llamado a votar en el Senado, mantiene un sórdido silencio.

El otro candidato a la Corte, García Mansilla, reviste actualmente como profesor en la Universidad Austral y está vinculado al mundo empresario, particularmente en hidrocarburos. Es públicamente muy cercano al Opus Dei y declaradamente antiaborto.

Crisis en la Corte

Ricardo Lorenzetti, el último de los cortesanos, está operando fuertemente a favor de la candidatura de Lijo. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, los dos primeros promovidos por el macrismo, acaban de crear una Secretaría Penal Especial de la Suprema, con personal propio, La necesidad de reunir los dos tercios del Senado para hacer valer los nombramientos, requiere un acuerdo político con el bloque peronista. El Senado ya ha rechazado el DNU70, la pieza maestra del gobierno liberticida.

Lijo ha recopilado apoyos políticamente importantes. Fue recomendado por el sionismo, de la mano del titular de la AMIA Jorge Knoblovits. Luego, por Abuelas de Plaza de Mayo, que presentaron a Lijo enrolado en la “memoria, verdad y justicia”. Lijo fue pomposamente declarado “ciudadano ilustre” en el Municipio de Avellaneda, comandado por Jorge Ferraresi –con una causa abierta en Comodoro Py a cargo precisamente de Lijo- que en la interna del peronismo se ha inclinado por apoyar a Axel Kicillof contra Máximo Kirchner. En definitiva, estamos ante un toma y daca entre los liberticidas y el kirchnerismo de cepa nueva.

Lijo no es, por cierto, un jurista derecho humanista. Archivó la causa contra el actual secretario general de la UOCRA Gerardo Martinez, denunciado por su actuación como agente de inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura. También rechazó todas las concomitancias empresariales, sindicales y políticas del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Contradictoriamente, Lijo elevó a juicio a Amado Bodou por la causa Ciccone, que luego culminaría con una condena. En el caso de la AMIA, Lijo llevó adelante la investigación del encubrimiento por el atentado, elevando a juicio al ex presidente Carlos Menem y otros, pero luego sería apartado de la causa por haber dictado la condena a varios implicados.

Al final de todo, el apoyo más importante a Lijo está dado por el estruendoso silencio de Cristina Kirchner, alejada del activismo contra el lawfare y la “mafia judicial” enquistadas en el Estado, como denunció recientemente. Tampoco se ha expedido contra una Corte 100% “masculina”, ni el séquito del feminismo izquierdista ha abierto la boca.