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El gobierno continúa contando “de a uno” los votos favorables para que la Ley Bases y el paquete fiscal que tratará mañana el Senado se aprueben `en general´. Los recuentos preliminares todavía no le aseguran los 37 votos, que Milei y Francos esperan asegurar en componendas con algunos senadores provinciales, incluyendo a varios del peronismo. Esa “casta” no sólo le está cobrando a Milei obras públicas -también le arranca cargos en embajadas, como sucede con la neuquina Lucila Crexell. Pero esa eventual votación en general no supera el impasse político que envuelve a la aprobación de la ley. En primer lugar, la oposición se ha asegurado una mayoría para que las dos iniciativas -Ley Bases y paquete fiscal- se traten por separado. Ello obliga a asegurar dos veces el quorum -pero en el segundo caso, el del paquete fiscal, varios de los dialoguistas lo condicionan a la garantía de que Diputados no rechace los cambios que se resuelvan en el Senado. En segundo lugar, la posterior votación en particular abre las puertas a modificaciones de importancia, en cuestiones como el régimen de grandes inversiones, el blanqueo, los poderes especiales o el impuesto a las Ganancias. El gobierno teme un ´vaciamiento´ de la ley ´en particular´. Como ya se dijo, la alternativa de desbaratar esos cambios en Diputados ha instalado una crisis en el propio Senado.
Lousteau y el peronismo
En este cuadro, el eje de las negociaciones en torno de los cambios al proyecto pasa por el dictamen alternativo presentado por Martin Lousteau, quien, aunque preside la UCR, está alineado con la facción partidaria sostenida por la camarilla de la UBA. En torno del dictamen o de varios de sus puntos, Lousteau se encuentra tejiendo un acuerdo con los senadores de Unión por la Patria. En su médula, el dictamen de Lousteau no se corre un milímetro del propósito estratégico de las megaleyes y megaDNUs oficiales –ejecutar un “golpe de Estado” económico y social contra las masas. Lousteau le otorga un año de poderes especiales a Milei para la reconversión o cierre de organismos públicos; habilita la privatización de los ferrocarriles, Aguas Argentinas, YCRT y el complejo nuclear, matizado en algún caso por la “participación público-privada”. Elimina la moratoria previsional en perjuicio de las mujeres y refrenda en todos sus términos la reforma laboral del proyecto mileísta. Lousteau se enfrenta a Milei, en cambio, sobre los alcances del RIGI, que debería limitarse a ciertos proyectos mineros o de gas licuado “con nombre y apellido”. Además, habilita que el blanqueo de capitales y el impuesto país se coparticipen con las provincias. Lousteau exige también que se refrende la movilidad jubilatoria aprobada por Diputados -que consolida la pérdida de haberes perpetrada en los últimos ocho años- así como el reajuste presupuestario a los gastos de las Universidades, que deja afuera a los salarios de profesores y no docentes.
La entente radical-peronista no cuestiona el núcleo antiobrero de la Ley Bases. Discute, esencialmente, el reparto del botín resultante de la confiscación impositiva a los trabajadores (ganancias) o del remate de recursos públicos.
En la crisis política planteada en torno de la Ley Bases, el dictamen Lousteau cumple dos funciones: por un lado, es el garante de última instancia para un planteo reaccionario de alcance estratégico, en el caso en que se caiga el dictamen de LLA y el PRO. Por el otro, sirve de base para las negociaciones que en estas horas buscan arrancarle cambios 'en particular' al proyecto de Milei. La activa participación del peronismo en este poroteo reaccionario, que incluye a los kirchneristas de Diputados, pone de manifiesto que el “golpe de Estado económico” perpetrado por Milei constituía un propósito común de toda la burguesía y sus partidos. La burocracia sindical, entrelazada con las diferentes fracciones del peronismo, se reparte entre las negociaciones que entabla en Suiza con el secretario de Trabajo de Milei, Julio “Techint” Cordero, y la movilización de aparato y de compromiso que la fracción de Pablo Moyano y Palazzo prepara para mañana en el Congreso.
Para Milei, sin embargo, la alternativa de una Ley Bases remendada por los opositores es un golpe político al gobierno por decreto y a la pretensión de instalar un semibonapartismo. Detrás de una ley “con cambios”, Milei advierte la intención de toda una fracción capitalista de meter mano en el programa económico, cuando las presiones devaluatorias se multiplican. Con el horizonte del vencimiento de deuda de 5000 millones de dólares con China, el gobierno ha vendido reservas netas en los últimos días. La política exterior ha ingresado también en la crisis de gabinete, y podría cobrarse el cargo de la canciller Mondino. Como respuesta a la crisis, Milei se atrinchera con Caputo y su camarilla familiar. Si rechazó la variante de un gobierno loteado con el macrismo, mucho menos aceptará gobernar con el libreto del Congreso.
El entendimiento radical-peronista, en ese cuadro, es un tiro por elevación para las próximas etapas de la crisis. Es un ensayo de frente político, que podría tener remezones en las elecciones 2025 -ya se menciona una alianza en CABA- y, anticipadamente, en caso de un colapso del gobierno de Milei. El “dictamen alternativo” que hoy se ofrece en el Congreso es el borrador eventual de esa salida, o sea, el salvataje de un programa antiobrero que será vendido como popular o “antiderechista”. En un reportaje reciente por A24, Matías Kulfas, el ex ministro de Producción de los Fernández, se atribuyó la “letra” del RIGI, para el cual no consiguió´en su momento “los consensos necesarios”.
Los luchadores que concurrirán al Congreso a rechazar el engendro de Milei-Caputo deben tener en claro este tejido reaccionario, que sólo será derrotado con una acción histórica independiente de los trabajadores.
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