Uruguay: el plebiscito por las jubilaciones concentra un potente conflicto de clases

A tres semanas de las elecciones que definirán la próxima presidencia de Uruguay, es evidente que el foco de atención se ha desplazado al plebiscito sobre la Seguridad Social que se realizará en los mismos comicios. Según una encuesta de la consultora Exante realizada entre los empresarios más influyentes del país vecino, “de cara a una nueva administración, más de la mitad (54%) prevé 'escasos cambios'” (Búsqueda, 8/5). De hecho, en los 15 años de gobierno del FA, no se modificó nada sustancial de la ´matriz´ heredada de los gobiernos ´neoliberales´ de los años 90.

Para acercar mayor tranquilidad a ´los mercados´, el candidato del FA, Yamandú Orsi, apuró el anuncio de que Gabriel Oddone, un ´socialista´ que fue funcionario del BID y el Banco Mundial, ocupará el cargo de ministro de Economía si gana la elección. La fórmula del FA ha tomado prudente distancia de la campaña a favor de inscribir en la Constitución uruguaya la edad de retiro a los 60 años, la jubilación mínima equivalente al salario mínimo y la desaparición del régimen de jubilación privada encarnado en las AFAP, las administradoras de los fondos de pensión. El gobierno de Lacalle Pou llevó la edad jubilatoria a 65 años y generalizó el ingreso a las AFAP de todos los empleados de la administración pública. Las AFAP administran unos 25 mil millones de dólares. El salario mínimo se ubica actualmente en unos 23 mil pesos uruguayos, pero el 90% de los nuevos jubilados cobra en promedio 5.053 pesos a través de las AFAP y el 30% de ellos ni siquiera llega a cobrar 2.000 pesos por mes. Las AFAP se apropian del 20% de los aportes de los trabajadores en concepto de “comisión”. Como ocurría con las AFJP argentinas, es un régimen de parasitismo extremo, aplicado a solventar un “mercado de capitales” que arroja migajas a los jubilados.

La cuestión concentra un potente conflicto político y social. La burguesía uruguaya y sus partidos sostienen una campaña contra el plebiscito, encabezada por la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay (CCSUy). Según un conspicuo representante de la burguesía charrúa, Carlos Lecueder, “lo que preocupa al Uruguay mucho más que quien sea el ministro de Economía o quién gane las elecciones es el plebiscito de la seguridad social. Creo que, para el futuro de los uruguayos, ahí es donde hoy estamos jugando un partido importante” (elpueblodigital.uy). En el rechazo al plebiscito se han coaligado todos los representantes del capital nacional e internacional. El JP Morgan advirtió del desafío que implicará, no ya que se imponga el Sí a favor de los cambios, sino incluso que la papeleta reciba una votación abultada. La consultora Moody´s también señaló que la calificación crediticia de Uruguay podría sufrir cambios sustanciales de acuerdo al resultado del plebiscito. A raíz de esto, “inversores extranjeros se desprendieron de u$s 700M en bonos globales por el plebiscito del PIT-CNT”, señala Ámbito (4/10).

El mismo Lacalle Pou, a pesar de que la Constitución prohíbe a los presidentes en ejercicio involucrarse en la campaña electoral, llamó a no votar en el plebiscito. “Genera una confiscación de los recursos de las personas”, alertó. El ex tupamaro y ex presidente José Mujica -padrino político de Orsi- también fue categórico al augurar “el caos” en caso de que se imponga un resultado favorable a los actuales y futuros jubilados. En el FA, sólo el PC y el PS, más algunos grupos menores, apoyan al Sí.

La partida no será sencilla. Algunos sondeos han puesto de relieve una caída de la intención de voto en el plebiscito previsional, pues pasó un pico de un 66% de apoyos hasta estabilizarse en alrededor del 50% actual. El plebiscito fue arrancado por una campaña del PIT-CNT, la central obrera uruguaya, que reunió más de 400 mil firmas para su realización. Para imponerse, la boleta blanca debe reunir la mitad más uno de los votos emitidos en los comicios, con una participación no inferior al 35% del padrón electoral. No hay boleta por el No. Simultáneamente se votará, además, en otro plebiscito que postula habilitar los allanamientos nocturnos en nombre de la lucha contra el ´narcomenudeo´ -sin embargo, Uruguay es una plaza fuerte del lavado de dinero, para beneficio de bancos, casinos e inmobiliarias.

La situación de Uruguay está caracterizada por una fuerte polarización social y una ampliación de la “pobreza estructural” y el desempleo.

La única fórmula presidencial que ha asociado su campaña al voto por el Sí es la del frente Unidad Popular. -Frente de Trabajadores (UP-FT), encabezada por Gonzalo Martínez (Movimiento 26 de marzo) y Andrea Revuelta (Partido de los Trabajadores). Reparten la papeleta electoral junto a la papeleta blanca del Sí en sus agitaciones callejeras, ganando cada vez mayor predicamento entre los trabajadores, a pesar de tratarse de organizaciones minoritarias. Algunas encuestas han comenzado a registrar una intención de voto a esta lista. “Hay una bronca grande en la base del movimiento obrero y la izquierda con la dirección del FA. Se mueve cada vez más gente por abajo por el plebiscito. Muchos van a votar igualmente por el FA y poner la papeleta blanca del SÍ, otros votarán en blanco a los partidos y candidatos y solamente votarán la papeleta blanca, y una parte votará a UP-FT (a una de sus listas) y a la vez la papeleta blanca”, destaca uno de los compañeros que participa de la campaña. Rafael Fernández, dirigente histórico del PT, encabeza una de las listas para legisladores, secundado por Federico Kreimerman, dirigente del sindicato de la empresa estatal de agua potable de Uruguay, quien está siendo procesado judicialmente por una huelga contra su privatización.

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