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Casi sobre la hora, el gobierno libertario salvó el veto al financiamiento universitario en base a un conjunto de pactos políticos que excedieron largamente al macrismo. Aunque días atrás Milei había conseguido el aval de Macri para sumar los votos del PRO en el Congreso, era claro que ese respaldo no alcanzaba. Tampoco le bastaban los tres diputados del radicalismo que iban a reiterar el voto a favor del Gobierno que habían expresado con la ley jubilatoria. El empujón final provino del pejota, a través de sus gobernadores y de la burocracia sindical. En primer lugar, los diputados del tucumano Jaldo. Luego, el catamarqueño Jalil aseguró ausencias que se contabilizaban contra el veto. El caso más significativo es el de Fernanda Avila, exsecretaría de minería del gabinete de Massa. El gobernador santacruceño Vidal, proveniente de la burocracia sindical petrolera, contribuyó con sus diputados. Otro burócrata petrolero, el diputado Jorge “Loma” Avila, de Chubut, también se ausentó.
Semejante abanico de acuerdos no puede ser presentado simplemente como una sucesión de corruptelas individuales. Pone de manifiesto la profunda corriente de apoyo al “golpe” liberticida que recorre a los principales partidos capitalistas. En el telón de fondo de estos respaldos están los intereses mineros y petroleros, entre otros.
Antes de que el veto se refrendara, Milei había advertido que no pensaba cumplir con el “financiamiento universitario”. El plan, en ese caso, era subsumir el debate sobre el salario y los fondos de las universidades en el debate del presupuesto 2025, cuyo proyecto contempla otro ajuste adicional al ya perpetrado este año sobre las casas de estudio. La victoria del veto le ha ahorrado ese choque: el debate sobre los fondos universitarios del año que viene tendrá lugar cuando se ha consolidado un retroceso de los salarios docentes y no docentes del orden del 50 % en 2024.
El rescate del veto concluye una etapa de la lucha universitaria. Desde que se presentó el proyecto de financiamiento, la agenda de los sindicatos universitarios e incluso del movimiento estudiantil giró en torno del destino de este proyecto de ley. Las movilizaciones y paros no respondieron a un plan de lucha propio, sino al recorrido parlamentario del proyecto. Lo mismo ocurrió con la postergada segunda “Marcha Federal”, que recién se concretó el miércoles pasado y con el segundo cuatrimestre ya avanzado. La ruta seguida ha mostrado sus limitaciones insalvables: la oposición parlamentaria es, esencialmente, una rueda de auxilio crucial del gobierno de vetos y decretazos. Es lo que ya demostró la cuestión jubilatoria. El arco político que se presenta circunstancialmente opuesto a Milei es el mismo que dejó pasar la Ley Bases y la vigencia del megadecreto 70.
En los últimos días, el escenario universitario fue sacudido por un hecho nuevo: la escalada de tomas y vigilias que envolvió a más de treinta universidades en todo el país. Las tomas se anticiparon al pacto político de Milei y el Congreso y expresaron una desconfianza en el derrotero parlamentario que acaba de truncarse. Es necesario recoger este hilo para plantear las reivindicaciones urgentes que quedaron pendientes -salarios, becas, recortes en las carreras-. Con asambleas inmediatas, incluso conjuntas de trabajadores y estudiantes, es necesario debatir una lucha de conjunto que deberá reposar enteramente en la determinación de docentes, no docentes y jóvenes.
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