Tiempo de lectura: 3 minutos
El gobierno nacional anunció la privatización del ferrocarril de cargas más importante de la Argentina, el Belgrano Cargas y Logística S.A., “en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración de Javier Milei".
El Belgrano Cargas atraviesa 14 provincias y cuenta con 7.600 kilómetros de vías que serán puesta en concesión, manteniendo bajo propiedad del Estado los rieles y tierras pertenecientes al ferrocarril, lo que hace suponer que será el Estado el que realice el mantenimiento del ramal a través de subcontrataciones. Su terminal se encuentra en los puertos del Gran Rosario, el mayor complejo agroexportador de América Latina. La expansión de la empresa lo convierte en un activo codiciado, ya que por el mismo se puede transportar el litio del norte, la producción minera de las provincias cuyanas y se presenta como fundamental para el conglomerado agroexportador de la pampa húmeda.
Al frente del proceso privatizador estará Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que se encuentra bajo égida del ministro de Economía. Antes de entrar en funciones públicas, Chaher fue gerente corporativo del Grupo América durante más de 20 años, en los que representaba los intereses de la operadora de televisión por cable e internet Supercanal-Airlink. Con este prontuario el gobierno liberticida lo colocó como interventor de TÉLAM y, por ende, quedó a cargo de su desguace y cierre, con un saldo de centenares de despidos.
Privatizadores
Durante la década del 90, en el marco del raid privatizador del gobierno de Menem, el Belgrano Cargas fue entregado a la Unión Ferroviaria. La burocracia no llevó adelante inversión alguna, naturalmente, y el ramal prácticamente cayó en desuso. Quien ejercía la presidencia ejecutiva del ramal era la esposa de José Pedraza, la contadora Graciela Isabel Coria. Con la llegada de Néstor Kichner al gobierno, se produce la privatización que no se había dado en los 90. En abril de 2006, el gobierno nacional dictó la emergencia ferroviaria del ramal por 180 días e hizo responsable de su funcionamiento a la secretaría de Transporte. Por medio de un decreto, por un lado, se “amnistió” a la Unión Ferroviaria, que no fue investigada por sus desmanejos y, por el otro, se abrió las puertas a accionistas privados. Quien se hizo de la concesión fue Franco Macri, asociado con la compañía aceitera de capitales chinos Sanhe Hope Full Grain & Oil. También eran accionista el grupo Roggio y Emepa. De este pingüe negocio también participaron La Fraternidad y Camioneros.
La concesión en su conjunto fue denunciada por no haber rendido cuentas de los subsidios recibidos por un monto de 2.000 millones de pesos. Al 2008, la Sociedad Operativa Ferroviaria era integrada por SIDECO, empresa conformada por el Grupo Macri, y la aceitera china. La Auditoría General de la Nación ratificó que se habían presentado “facturas emitidas por proveedores que eran empleados de las propias empresas privadas que administraban entonces el Belgrano Cargas” (Chacra, 23/10). Quien salió al rescate de la familia Macri y sus socios, fue Cristina Fernández, quien, en 2008, por medio de un decreto, dispuso quel Estado se hiciera cargo del ramal y de sus deudas, creando la empresa pública Belgrano Cargas, que pasó a controlar parte del ramal del Ferrocarril San Martín. El gobierno de CFK, con créditos chinos y del CAF, desembolsó grandes cantidades de recursos en infraestructura y mantenimiento. Mientras llevó adelante este proceso “estatizador”, el kichnerismo hizo pasar por el Congreso una ley que establece el libre acceso de las vías para las empresas que sacan la producción por los puertos a cambio de una especie de peaje, un esquema que se acerca al “Open Access”, instrumentado en el gobierno de los Fernández y ponderado por el ministro de “Desregulación y Transformación del Estado”, Federico Sturzenegger. Siendo diputado, Sturznegger apoyó a dos manos la Ley Randazzo que ofició de punta de lanza de este proceso privatizador.
El gobierno liberticida avanza en con las prebendas a los empresarios y para esto cuenta con la complicidad de la Unión Ferroviaria, que no ha movido un dedo (y no lo hará) para frenar el proceso privatizador en los ferrocarriles.
Es menester la conformación de un comité de lucha de los trabajadores ferroviarios, que promueva asambleas y la puesta en pie de una huelga general para derrotar la iniciativa del gobierno liberticida.
