Escribe Patricia Urones
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Los trabajos de rescate por el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik están en sus horas decisivas. Una importante ayuda para el hallazgo de los cuerpos ha sido aportada por la división de canes, que se presume que habría identificado dos cuerpos a nueve metros de profundidad, lo que dio paso al levantamiento manual de escombros para llegar a ellos. Los indicios serían de dos personas con vida, aunque los rescatistas son cautos al respecto. Cada dos horas, se apagan todas las máquinas y reina el silencio para tratar de establecer comunicación con los presuntos sobrevivientes. Se ha confirmado la identidad de siete desaparecidos: Rosa Stefanic, exdueña del hotel; Nahuel Stefanic, su sobrino; Dana Desimone, la novia de Nahuel; Mariano Troiano, plomero y gasista; Ezequiel Matu, carpintero; Javier Gutiérrez, carpintero, y Matías Chaspman, albañil. Más de la mitad de los desaparecidos que estarían debajo de los escombros serían los obreros que se hallaban trabajando en la obra y se encontraban residiendo en el hotel para avanzar más rápido en la misma. Estos se suman a los cuatro demorados que la Fiscal Zamboni mandó a detener e indagar, entre los cuales estaría el capataz de la obra y tres albañiles más. Es escandalosamente llamativo que, mientras tres albañiles se encuentran encerrados en comisaría, aislados de su familia y con notables bloqueos para acceder al asesoramiento legal, recién hoy la fiscal mandó a allanar los dos estudios de arquitectura ligados al trámite de aprobación y a la dirección misma de la obra. Otro escándalo mayor reside en que, mientras la fiscal filtró las fotos y la identidad de los trabajadores, mantiene un silencio de radio acerca de la identidad del nuevo dueño del hotel, el cual, según vecinos, es un reconocido empresario del transporte. La justicia burguesa ha dado un tiempo de gracia valiosísimo para asesorarse legalmente y esconder documentación a los dueños y contratistas ligados a la obra, mientras echó a correr ríos de tinta y saliva acerca de las hipótesis de negligencia, que pretenden incriminar al que manejaba el pico y el martillo.
Los trabajadores se encontraban viviendo en el hotel para acelerar las obras, lo que significa que llevaban adelante largas jornadas de trabajo. Todos los columnistas coinciden en marcar que el apuro se debía a la cercanía de la temporada turística de verano 2024-2025. Un familiar de uno de los trabajadores contó que “la arquitecta” habría sugerido al plomero contratar un seguro de vida. Los trabajos “de temporada” son una constante en las ciudades turísticas, miles de trabajadores migran de una ciudad costera a la otra o del mismísimo interior para ir a trabajar en la preparación o en la temporada turística, en hoteles y restaurantes. Esta masa de trabajadores es temporal y está sometida a condiciones de trabajo que caracterizarlas de “precarias” suena a poco. Son, por lo general, trabajadores en negro o, en el “mejor” de los casos, monotribustistas. Durante el resto del año estos trabajadores viven de changas, o literalmente de la pesca, es decir, son desocupados. En el gremio de la construcción el régimen de contratistas es harto conocido: un arquitecto agarra una obra y trabaja con una serie de “contratistas”, que no son más que un albañil capataz con cuatro o cinco trabajadores. Este es el régimen de trabajo que la Reforma Laboral de la Ley Bases vino a consolidar, mediante el sistema de monotributo, que “legaliza” el fraude laboral, haciendo pasar por “colaboradores” a quienes en realidad son trabajadores en relación de dependencia, primero del capataz y luego del estudio de arquitectura que, a su vez, está haciendo trabajo de mantenimiento para el hotel. Es por este mismo motivo que el estudio de arquitectura “sugirió” al trabajador que contrate su propio seguro de vida. El sistema de monotributo desliga al empleador de la responsabilidad social del trabajador al que explota, su futura jubilación y su cobertura de accidentes y salud. El trabajador, cuyo salario deberá alcanzarle lo suficiente como para vivir él mismo y su familia los restantes ocho meses entre temporada y temporada, es empujado a prescindir de este “gasto”. En un país donde la mayoría de los capitalistas siguen exigiendo la baja del “costo laboral” y de los impuestos, el sistema de monotributo de la camarilla liberticida de Caputo-Milei es una invitación a llevarse puestas todas las normativas de seguridad laboral.
La UOCRA local, dirigida por el burócrata Trujillo, salió a demostrar qué tan miserables pueden ser los burócratas. Planteó que los trabajadores desaparecidos “no son afiliados” del gremio, lo que, cree el canalla, lavaría de culpa y cargo a la dirección del gremio. Pero la UOCRA es la principal responsable de que los capitalistas del rubro inmobiliario contraten trabajadores sin cumplir con las condiciones de seguridad e higiene requeridas y, además, sin cumplir con el convenio colectivo correspondiente. La primera tarea que se impone es exigir que se garantice que el rescate prosiga hasta el último ladrillo removido y la libertad a los albañiles detenidos. La masacre de Villa Gesell debe ser abordada con la mayor organización de los vecinos en peligro por el negociado inmobiliario criminal y de los trabajadores, cuyo mismo negociado los expone primero a la superexplotación laboral y, luego, a la criminalización.