Escribe Lucas Giannetti
Los trabajadores debemos tomar la iniciativa.
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El 25 de septiembre de este año, el ejecutivo local encabezado por Javier Martínez (PRO) ingresó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante (HCD) que plantea una reforma del estado municipal, a través de la cual busca llevar adelante privatizaciones de servicios públicos locales, como las salas de primeros auxilios (Caps), natatorio, cementerio, recolección de residuos, seguridad, terminal de ómnibus, entre otras dependencias. Previamente y para justificar el gerenciamiento, Martínez ha llevado adelante un desguace y desfinanciamiento de los entes públicos. El caso cabal de esta política son los Caps, que se encuentran virtualmente vacíos y con falta de personal. Pergamino parió un Sturzenegger, señaló Política Obrera recientemente.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el articulo 3, en el que el intendente establece que se le den facultades delegadas por el plazo de dos años para llevar adelante la reforma en cuestión sin rendir cuentas sobre los montos, términos y condiciones en los que se llevaría adelante el gerenciamiento de las dependencias municipales. Martínez toma el libreto de la Ley Bases de Milei para arremeter contra los trabajadores de Pergamino.
Desde el ingreso del proyecto al HCD se han realizado dos sesiones en las que el oficialismo de Juntos por el Cambio no ha conseguido la aprobación de la reforma.
En la sesión del 29 de octubre, el oficialismo local no logró conseguir el quorum necesario para llevar adelante la deliberación. En un principio, el oficialismo contaba con 11 de los 20 concejales necesarios, pero el concejal radical Llan de Rosos, los tres de la LLA y el interbloque de UxP – Frente Renovador no ocuparon las bancas, truncándose de esta manera la sesión. Ramiro Llan de Rosos esgrimió que no había precisiones de la implementación del proyecto. Llan de Rosos, electo concejal en 2023 por la lista de Juntos por el Cambio, conformó un unibloque que responde al ex intendente radical Héctor “Cachi” Gutiérrez, no se opone a las privatizaciones, sino a cómo se implementará. En comunicación con Buenos Aires 12, el edil manifestó: “No estoy en contra del privado ni considero que el Estado deba estar en todas las actividades, pero sí tengo claro que el privado va en búsqueda del rédito económico, algo con lo que no estoy en desacuerdo, pero es claro que hay actividades que no deben hacerse por el rédito y ahí debe intervenir el Estado”, sin explicitar cuales serían las actividades que no se deberían llevar adelante en busca de un lucro, y agrego ratificando su vocación privatizadora: “Lo que yo digo que cada una de las áreas que se busquen privatizar o concesionar se discutan individualmente, porque acá no se discuten los costos de las áreas ni sabemos cuánto le sale a la municipalidad. (Buenos Aires 12, 8/11/2024) Por su parte, el bloque de LLA salió herido de la sesión, ya que una de sus ediles, Ivana Tribouley, rompió con el bloque. Desde el interbloque UxP – FR se dedicaron a vociferar para la tribuna, mostrando las limitaciones del nacionalismo burgués donde sea que este actúe. Un hecho no menor de la sesión fue que los trabajadores y manifestantes que se hicieron presente en el recinto, denunciaron la presencia de policías de civil infiltrados, mientras se desarrollaba la deliberación.
La segunda sesión para tratar el proyecto de Martínez, realizada el martes 5 de noviembre, contó con un descomunal operativo represivo. Más de 50 oficiales de la bonaerense de Kicilof se parapetaron fuera y dentro del recinto para garantizar el “normal” desarrollo de la sesión. Patrulla Bullrich hace escuela en Pergamino. En esta oportunidad, Martínez reunió la cantidad de concejales necesarios para el quorum, ya que la concejal Tribouley fue escoltada por el bloque de JxC, que a empujones la metió dentro del recinto, para que se siente en su banca. En los correderos del municipio se afirma que la concejal libertaria habría arreglado con Martínez cargos y otras dadivas para dar quorum. Tribouley, que hizo campaña contra la casta, rápidamente ha asumido las mañas que ‘venía a combatir’. La sesión volvió a quedar sin quorum cuando la concejal de JxC, De Sautu se descompensó y debió abandonar el recinto.
En las gradas del HCD se hicieron presentes organizaciones políticas, sociales y gremiales en repudio del proyecto. ATE aportó la mayoría de los concurrentes, pero sin ninguna perspectiva política. El gremio de los estatales no ha desarrollado asambleas por sector, ni ha planteado un plan de lucha ante los atropellos de Martínez y sus secuaces. Esta política de inacción de ATE, un reflejo de su conducción nacional y provincial, les allana el camino a los Sturzenegger vernáculos.
Carlos Figueroa, concejal de la LLA, en declaraciones radiales manifestó que el proyecto privatizador no es liberal, ya que el concejal de ‘las fuerzas del cielo’ quiere que se oiga ‘la voz de la gente’ a través de una audiencia pública, otro de los puntos de la última sesión. Sin sonrojarse, Figueroa expresó: “queremos escuchar a la gente antes de tomar alguna decisión porque es válido, legal y lo mejor que puede pasar es escuchar la voz de la gente porque quieren saber qué es lo que está ocurriendo y ver si pueden aportar algo más para que sea transparente”. La política de Figueroa se choca de bruces con la de su mandamás Milei, que se caracteriza por hacer oídos sordos a los reclamos de jubilados, estudiantes, docentes y trabajadores. Las declaraciones del libertario hacen referencia a la desaprobación por parte de la presidente del HCD, la camaleónica Gabriela Taruselli (PRO), al pedido de una audiencia pública no vinculante, para la cual se habían juntado más de 2000 firmas. Taruselli argumentó para vetar la audiencia pública, que “el 1,5 de las firmas presentadas son invalidas.” La iniciativa, apalancada por el PJ local, es la expresión de la impotencia política de la oposición en la ciudad. Un dato no menor del veto es que de llevarse a cabo la audiencia, el oficialismo debería contar, por reglamento, con dos tercios de los votos, es decir 14 concejales y no mayoría simple para hacer pasar el proyecto gerenciador, lo que retrasaría los planes de Martínez para el 2025.
El reinicio de la sesión tendrá lugar el próximo martes y desde el oficialismo no descartan que se desarrolle a puertas cerradas, una política antidemocrática que busca garantizar el carácter de gestoría del HCD.
Los trabajadores municipales, los principales afectados por los planes privatizadores de Martínez, cobran salarios que se encuentran rozando el piso de indigencia. El municipio es el principal empleador en negro en tanto y en cuanto una gran cantidad de trabajadores son monotributistas que deben pagarse los aportes sociales y previsionales de sus bolsillos.
Es fundamental para los trabajadores municipales la coordinación con otros sectores en lucha y la promoción de autoconvocatorias que pasen por arriba de la inacción de las direcciones sindicales, poner en pie un comité de lucha que promueva asambleas en las diferentes dependencias municipales y que tenga como objetivo discutir un plan de lucha que no solo derrote los planes privatizadores, sino que plantee una recomposición salarial del 100 % y el pase a planta permanente de los trabajadores contratados.
La verdadera pelea no es la que se da entre los bloques del régimen dentro del HCD, que nada progresivo tienen para ofrecer a los trabajadores. El enfrentamiento de fondo es entre los trabajadores y el régimen y sus personeros políticos, cualquiera sea su color político. Con esta premisa desde Política Obrera llamamos a los trabajadores de Pergamino a movilizarse el próximo martes contra el proyecto privatizador de Martínez.