Trump prepara un Estado policiaco-militar

Mediante la red social Truth Social, de su propiedad, el propio Trump ha asegurado que pondrá en marcha un plan masivo de deportación contra los inmigrantes irregulares. Según diversas estimaciones, es una población cercana a los once millones de personas.

Estas deportaciones serían financiadas por un “plan de emergencia nacional”, un fondo discrecional que no requiere la aprobación del Congreso. En su primer mandato, había utilizado fondos del Pentágono para cerrar la frontera con México y pagar por el muro que no concluyó. Ahora sonó más envalentonado: “El primer día lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos” (La Nación, 20/11). En su ejecución anterior, las deportaciones separaron familias enteras; en el caso de los bebés, no se pudo establecer luego a qué familias pertenecían. Para su empresa, Trump reclamará a los Estados la convocatoria a las guardias nacionales, con la reserva de llamar a las Fuerzas Armadas (Clarín, 19/11).

Tom Homan, “el zar de la frontera”, exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), bajo el gobierno trumpista 2017/21 declaró a Fox News: “El presidente Trump ha dejado en claro que priorizaremos las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Y en eso debemos centrarnos”. Se trata de 1,5 millones de personas, según Homan, de “delincuentes extranjeros convictos”, a los que incorpora a 425.000 inmigrantes ilegales prófugos de la justicia. En su entrevista apuntó a “todos aquellos que entraron al país de forma ilegal (que) no deberían sentirse cómodos, debido a que han cometido un delito (La Nación, 20/11).

Para toda esta batería de medidas xenófobas, Trump ha resucitado la Ley de enemigos extranjeros de 1798: “todos los nativos, ciudadanos, residentes o súbditos de la nación o gobierno hostil” que tengan al menos 14 años y no se hayan naturalizado como ciudadanos estadounidenses “serán susceptibles de ser aprehendidos, restringidos, asegurados y removidos como enemigos extranjeros”. Estados Unidos obviamente no se encuentra en guerra en forma oficial ni hace frente a una invasión del territorio. Este paraguas sirvió para construir campos de concentración para los habitantes de origen japonés en la segunda guerra mundial. (CNN, 14/11).

La administración republicana pretende retomar, asimismo, la construcción del muro con México; contratar a 10.000 efectivos dedicados exclusivamente al control fronterizo; reanimar el protocolo Quedate en México que obliga a los migrantes a esperar el resultado de su petición de asilo en ese país; dar de baja la aplicación CBP One, que permite programar el cruce de la frontera a los solicitantes. Otros programas que corren riesgo son el Parole Humano, enfocado en migrantes procedentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como beneficiarios del Status de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), ofrecido a personas desplazadas de sus países por circunstancias extremas.

La verborragia belicista contra China tendría como primeros damnificados a migrantes irregulares en Estados Unidos. Según fuentes cercanas al gabinete trumpista, la NBC ha señalado que toda persona de origen chino en edad militar que no haya podido regularizar su situación será expulsada del país.

La política antimigratoria supondría un golpe a la economía estadounidense, para algunos especialistas, no solo por los costos que conlleva la puesta en pie de todo este sistema de deportación masiva, sino también por la falta de mano de obra y los salarios de miseria que remuneran a estos trabajadores sin papeles, en labores que no encuentran oferentes. El magnate cuenta con una Corte Suprema adicta y mayoría en ambas cámaras y la decisión de gobernar por decreto, pero no ha abolido al Poder Judicial en cuanto tal. Estados Unidos ingresa en un régimen político donde rige la excepción a lo establecido constitucionalmente.