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El dos veces gobernador de Entre Ríos y embajador en Israel de Alberto Fernández había sido condenado en primera instancia en abril de 2022 a una pena de ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Resultó culpable de malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la función pública, condenado junto otras siete personas entre las que se encuentran exfuncionarios, familiares y testaferros. La sentencia fue confirmada por Casación de Entre Ríos en 2023, pero aún no está firme, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la potestad de revertirla. En este sentido, la noticia del apresamiento podría leerse en clave de la negociación entre Milei y el PJ para la designación de los miembros de la Corte Suprema. La condena firme podría tardar años. La novedad es que, hasta el pronunciamiento de la Corte, Urribarri quedará alojado en el penal de Paraná.
La fiscalía ya había solicitado la detención del exgobernador, pero hasta ahora había sido negada. Argumentando riesgo de fuga, la Cámara de Casación Penal de Paraná dispuso esta semana la detención de Sergio Urribarri “hasta que la sentencia quede firme”. El martes 19 fue apresado en su domicilio de la ciudad de Concordia y trasladado a la unidad penal n° 1 de Paraná, al igual que su cuñado Juan Pablo Aguilera, también exfuncionario. La prisión preventiva podría ser apelada ante el Superior Tribunal de Entre Ríos, o bien Urribarri podría solicitar prisión domiciliaria alegando problemas de salud. La condena data de abril de 2022, cuando Urribarri se desempeñaba como embajador en Israel y Chipre, y los casos ya llevaban años bajo investigación. Cuando fue designado embajador ya se encontraba procesado.
En lo que se conoció como un “megajuicio”, que comenzó en 2021, se reunieron cinco causas judiciales en las que se encontró culpables a ocho de los 13 imputados, por el desfalco de unos US$9 millones a partir del manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales. La operatoria de la malversación consistió en girar dinero a empresas privadas contratistas de la gobernación, fundamentalmente por publicidad oficial, que luego retornaban al entorno del gobernador. Los fiscales denunciaron que a través de gastos de la gobernación se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri, en la que compitió en la PASO de 2015 contra Daniel Scioli. Hay dos compañías implicadas, que llegaron a concentrar toda la publicidad oficial en la vía pública entre 2010 y 2015. También una empresa que no habría llegado a constituirse como tal, ni figuraba en el registro de proveedores del estado entrerriano y que, no obstante, fue la encargada de la publicidad oficial del gobierno de Entre Ríos en 18 medios gráficos del país. También consta en el juicio el pago de hoteles de lujo y vuelos por parte de empresarios, del que familiares del exgobernador habrían sido beneficiarios.
Además de la condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en la llamada megacausa por la que fue condenado, Urribarri tiene otras dos causas judiciales en marcha que estarían por entrar en la etapa de remisión a juicio oral en la justicia entrerriana. Una es por supuestos sobornos de un empresario paraguayo que llegó a la provincia en 2007, con una empresa de relevamientos catastrales, la cual habría tenido ocho contratos que fueron sucesivamente prorrogados. La otra es por supuesto enriquecimiento ilícito, en la que se investiga la compra de una casa, un departamento en Punta del Este y otro en Puerto Madero. Según Daniel Santoro de diario Clarín (20/11), se estima que no podría justificar entre ocho y nueve millones de dólares en el aumento de su patrimonio desde que fue elegido gobernador de Entre Ríos en 2007.
