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La Cámara de Casación Penal confirmó lo que se daba por descontado, la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios en la causa conocida como “Vialidad”. Asimismo, los jueces ratificaron las absoluciones, entre ellas, la de Julio De Vido, ministro de Planificación durante los tres gobiernos K. Un solo voto, el del juez Gustavo Hornos, insistió en la pena contra CFK como jefa de una “asociación ilícita”. Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Milei celebró el fallo como prueba fehaciente de que “las instituciones funcionan”. No ha abierto la boca, sin embargo, acerca de la dilación del juicio por la causa Cuadernos, que compromete al 80% de la clase capitalista local, ni menos aún de la estafa que él mismo está preparando junto a Caputo, para proceder a un megacanje de la deuda pública, sea la de pesos o dólares, que es la razón por la que ha dictado un decreto que deroga los puntos vitales de la ley de Administración Financiera. Los tribunales de Argentina están plagados de absoluciones por estafas o por aplicación de la prescripción de causas. Macri mismo camina sin molestias por la calle, a pesar de varias estafas personales y familiares, incluida la de Correo Argentino.
Este cuadro general, acredita que la condena de CFK es por sobre todo política, con la vista puesta en la privación del derecho a ocupar cargos públicos. No pasa día sin que los diarios criollos no pongan en boca de algún financista el temor de que Cristina K ‘disrupte’ el plan de ajuste de Milei, o exprese la confianza de que el kirchnerismo es un ‘asunto terminado’. Todas estas confianzas o temores apuntan a una dirigente política que nunca sacó los pies del plato. Le hizo el ‘aguante’ a Macri, entre 2016 y 2020, y bancó luego a Alberto F, Guzmán y Massa, para concluir con la promesa de otro ‘aguante’, esta vez a Milei, hasta 2027, con el cuento del ‘respeto a las instituciones’. Como moneda de cambio, Milei le sigue ofreciendo una negociación para la designación de los miembros de la Corte Suprema, sabiendo que su interlocutora buscará funcionarios que dilaten, o cajoneen hasta que las velas no ardan, el trámite de la apelación que hará enseguida después de esta condena. Como alternativa a un derrumbe traumático del gobierno de Milei, CFK sigue siendo la dueña de la red de seguridad institucional. Mientras Casación ratifica la condena y Milei y Wiñazki aplauden, el gobierno la invita a negociarla.
La Justicia ha juntado el crecimiento patrimonial de los Kirchner, los lazos con Lázaro Baez, el acaparamiento del negocio de la construcción en Santa Cruz por parte de Austral Construcciones y el monopolio de las licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz, para arribar a sus conclusiones. Pero la coartada del kirchnerismo no es menos eficaz: los fondos de las licitaciones fueron establecidos en partidas presupuestarias votadas por el Congreso; sobre 51 licitaciones se han probado sobreprecios sólo en tres; el salto de Báez, de empleado del Banco Provincia a empresario multimillonario, sólo prueba que inventó los “Unicornios” mucho antes que los creativos libertarios.
Las deducciones de la fiscalía como prueba de un delito, han sido denunciadas por la defensa como amalgamas que pretenden disimular la ausencia de elementos probatorios materiales. Aunque el “el derecho” admite ambos enfoques judiciales (si ladra como un perro es un perro, aunque sea alguien imitando al perro; si el perro no ha sido exhibido es porque no hay un perro), los encargados de interpretarlo han tomado partido político previo. Es lo que fue dirimido antes en el Consejo de la Magistratura, o después con el uso de subrogantes u otro medios. Estamos ante dos versiones perfectamente interesadas. Aunque el periodismo patronal no hace una ligazón expresa del caso, la estafa en los seguros por parte de Alberto Fernández es instrumentada para reforzar las acusaciones contra los kirchneristas imputados. Sin solución de continuidad, ambos bandos, sin embargo, se encuentran negociando la composición próxima de la Corte y el destino judicial de la expresi y exvice, y flamante presi del PJ – el partido de la gran cueva de Ali Babá. La misma cueva de la que se sirvió Massa para que LLA pudiera presentarse en los distritos electorales principales. Los Milei y los Caputo no pueden ni quieren aceptar ningún acuerdo con nadie -solo desgastar y prevalecer- porque su subsistencia depende de que impongan un régimen de poder personal.
Para los magistrados que intervinieron, la ´constatación´ del circuito del dinero consiste en los alquileres que Báez pagaba a los hoteles que son propiedad de los Kirchner, aunque por un monto irrisorio en comparación a los 85 mil millones de pesos que los jueces ´estiman´ habrían ido a parar a la fortuna de los expresidentes. “La fortuna de los Kirchner. Ahí está, a la vista de todos, el caño del revólver humeante”, resume un editorialista de Clarín (13/11). Pero no se ha sustentado una causa por enriquecimiento ilícito. De hecho, CFK fue sobreseída por el juez Casanello en la causa Hotesur-Los Sauces, aunque luego resultó imputada nuevamente por orden del tribunal de alzada.
La defensa cristinista recusó a los jueces que integran la sala de Cámara que ratificó la condena a CFK en los siguientes términos: “Mariano Borinsky por haber estado 18 veces con Mauricio Macri, en algunas oportunidades jugando al tenis en Olivos. Gustavo Hornos porque fue seis veces a la Casa Rosada, siempre en vísperas de fallos importantes, y se encontró en esas visitas también con Macri. Barroetaveña porque ya había opinado contra Cristina en otra causa igualmente deplorable -la llamada Ruta del Dinero, donde no apareció nunca una cuenta o sociedad de los Kirchner- y, además, encabezó listas de magistrados alineadas con el macrismo (Raún Kollman, Página/12, 13/11). El cargo de “inhabilitación perpetua” es una atribución inconstitucional que se han tomado los jueces. Conocedores de este defecto de origen, los adversarios de la dos veces expresidenta impulsan un proyecto de “ficha limpia”, similar al que rige en Brasil, para bloquear la candidatura de políticos condenados por corrupción en segunda instancia – aunque no se haya expedido la Corte Suprema.
La Cámara de Casación Penal tiene por función verificar que lo resuelto por el tribunal inferior se ajuste a la ley. Tiene la facultad también de revisar la valoración tanto de la prueba como de los hechos, pero no produce nueva prueba. El Presidente/a de la Nación delega la administración del Estado en su Jefe de Gabinete, pero ninguno de los que ocuparon esa función ha sido imputado. Julio de Vido, ministro de Obras Públicas, fue absuelto con el argumento de que no participó de esas licitaciones. Los jueces nunca lograron demostrar el direccionamiento de la obras de Vialidad a manos de la constructora de Lázaro Báez ni que Santa Cruz hubiera sido privilegiada. En todo caso, consigna la defensa de CFK, fueron aprobadas por el Congreso como parte del Presupuesto anual. Los auditores designados por el gobierno Macri no encontraron irregularidades significativas, como consignaron en sus informes. El proceso judicial se llevó adelante sin pericias, nunca se demostraron sobreprecios, subejecuciones ni se halló un sólo elemento que conectara directamente a CFK con el manejo o la distribución de la obra pública en la provincia patagónica.
El escenario es de una manifiesta descomposición política, que se verifica por lo que sigue – la designación de dos miembros de la Corte por decreto, durante las vacaciones del Congreso. El apuro por asegurar un Megacanje que meta algunos esteroides a la deuda pública, precipita al gobierno a una acción inconstitucional, que los empresarios que aman la ‘seguridad jurídica’ van a aplaudir a rabiar. Billetera mata Constitución. Pero la contratación de dos jueces postizos debilita políticamente una ratificación ‘suprema’ de la condena a Cristina Kirchner – incluso la potencia políticamente. Confirmar el fallo de Casación luego de la presentación de los candidatos a las PASO 2025, convertiría a la prohibición para ejercer cargos públicos en una proscripción. Hacerlo cuando sea electa diputada bonaerense, sería una provocación. Visto el escenario en su conjunto tenemos un amplio conchabo político o simplemente una farsa judicial.
