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Mientras la Corte Suprema sigue acumulando fallos contra los haberes de los jubilados, el pago de indemnizaciones por despido y el pago de aportes patronales adeudados, han culminado las audiencias en el Senado para tratar los pliegos de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, enviados por el presidente Milei. En el caso de Lijo, la candidatura es apoyada por el actual miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo cual fue señal de un acuerdo político que el libertario estaba sellando con el peronismo. Los otros integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron designados bajo el gobierno de Macri. Carlos Maqueda, el restante integrante de la Corte, abandonará el cuerpo en diciembre de este año. A pesar de que los votos para ambos estarían definidos en la Comisión de Acuerdos del Senado, ningún senador ha puesto la firma para que se pase al voto de los pliegos en el Senado, en donde se requiere reunir 2/3 de los votos.
De las audiencias quedó en manifiesto que ambas candidaturas tienen un defecto manifiesto e irregular porque fueron ungidas por Lorenzetti, en el caso de Lijo, y por Santigo Caputo, en el caso de García-Mansilla, en abierta violación con la “independencia de poderes” establecida por la Constitución Nacional. Queda en evidencia que esto es una patraña pseudorepublicana del Estado capitalista. Los cortesanos son un órgano indivisible del Estado y fruto de los pactos entre las camarillas políticas que lo comandan en beneficio de los intereses capitalistas que defienden.
Por estas horas, los diarios informan que el destino de estas candidaturas ha entrado en un impasse, a la espera de un pacto político y judicial más amplio entre el gobierno libertario y el peronismo, en particular, la tropa que comanda CFK. De las negociaciones son parte “Wado” De Pedro y Santiago Caputo. Ahora, el kirchnerismo estaría presionando por establecer un candidato propio (bajando eventualmente a García-Mansilla) o, alternativamente, con ampliar a siete los miembros que integran la Corte Suprema, lo cual supone primero reformar la ley pertinente y ampliar las negociaciones al conjunto del Congreso. La cuestión de una mujer cortesana es simplemente una prenda de cambio de estas maniobras y subordinado a eventuales acuerdos. El kirchnerismo está planteando además que al acuerdo político con la Corte Suprema se sume la designación de 143 jueces federales en todo el país, el Procurador General de la Nación y vacantes en Defensorías. Esta negociación estaría apuntalada por la reciente crisis del bloque libertario de senadores, con la expulsión del formoseño Paoltroni, luego de su airada critica a la candidatura de Ariel Lijo y de la cada vez más profunda separación de la vice Villarruel con Milei. Pero en el bando K también hay pujas, como se vio en el entrevero del jefe de senadores K Jose Mayans y CFK en cuanto a las cercanías ideológicas de la Villarruel con el peronismo.
Carlos Pagni señala en La Nación que Milei habría caído en la trampa de considerar a Lorenzetti, y por lo tanto a Ariel Lijo, como un candidato afín con el peronismo y con los votos asegurados. Pagni recuerda que CFK denunció a Lorenzetti como parte del lawfare en América Latina y por ser compinche de Claudio Bonadío (quien promovió diversas causas por corrupción contra la expresidenta) y el juez que puso preso a Lula da Silva, Sergio Moro. No obstante, la audiencia de Lijo fue por demás amigable y el kirchnerismo no ha criticado su candidatura. Lijo tiene una serie de causas por corrupción que involucran a Macri, a CFK y Kicillof que permanecen desde hace largo tiempo en el limbo. Es cuestionado por la Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y por el propio Departamento de Estado. En cuanto a García Mansilla, decano de la Universidad del Opus Dei, es un hombre de las petroleras y manifiestamente anti aborto legal.
¿Por qué apoya, en estas circunstancias, Milei a Lijo? Según ha dicho en entrevistas, Lijo es para Milei una pieza clave en las reformas que pretende llevar en el sistema judicial. En lo inmediato, se trata de garantizar la legalidad del vigente mega DNU 70/23, la “Ley de Bases” y otras leyes que el gobierno está promoviendo complementariamente. La actual Corte Suprema ya está haciendo una gran labor en darle seguridad jurídica a todos los ataques antiobreros de Milei, como el propio DNU. Milei está obligado, sin embargo, a negociar un reparto más general con el macrismo y el peronismo del aparato estatal y judicial, aparato que no puede controlar con medios propios porque no los tiene.
Estas componendas reflejan un acuerdo estratégico del kirchnerismo con Mieli en sostener esta función absolutamente reaccionaria de la Justicia y de su órgano máximo contra los trabajadores. Es una gran apoyatura política para el gobierno liberticida. Las expectativas insufladas por la CGT en recurrir a ella para voltear las reformas laborales y las restricciones a las huelgas son una vía muerta.
