Kueider, metáfora del Senado Nacional – la mugre que nos gobierna

La detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay, por haber intentado ingresar al país con más de USD 200 mil sin declarar, destapó una olla que salpica al conjunto de los bloques políticos de la burguesía en Argentina.

Enriquecimiento ilícito, lavado de activos, fraude al fisco, coimas, son algunas de las causas por las que se investiga a decenas de legisladores y funcionarios. Muchas de las causas duermen en la Justicia y son un elemento de extorsión entre bloques peronistas y liberticidas, o del PRO. La Justicia es un mero accesorio.

Según un relevamiento de La Nación, el 40% de los senadores nacionales tuvo o tiene procesos judiciales abiertos, la mayoría de ellos por enriquecimiento ilícito. El apartamiento de todos ellos, como pide Milei, vaciaría el Senado, en especial de libertarios. Kueidar había sido promovido por la camarilla Milei-Santiago Caputo para quedarse con la presidencia, nada menos que, de la comisión de Inteligencia, cargo que finalmente ocupó el radical Martín Lousteau.

Kueider, antes de ser detenido en Paraguay a bordo de una camioneta Chevrolet Trailblazer, cuyo titular es un empleado de la Biblioteca del Congreso, era investigado por enriquecimiento ilícito, aunque la causa dormía en despacho judicial. Fue desarchivada ante el escándalo ocurrido en el país vecino.

Entre los senadores que se encuentran bajo la lupa judicial se cuentan el kirchnerista Oscar Parrilli, por la causa del Memorándum con Irán; el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, por asociación ilícita y otros delitos; Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria), por una causa en la que se investigan fondos que dependían de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA); Rodolfo Suárez, el radical exgobernador de Mendoza, por una reciente denuncia (en la Oficina de Ética Pública) por sus dichos en un streaming respecto de pagos en pauta pública y otra, de 2023, por malversación de fondos en Portezuelo del Viento; y Lucila Crexell, por cohecho, cuya situación es indefinida porque nunca fue notificada (La Nación, 8/12).

Un compañero de bloque de Kueider y alfil de Milei en el Senado es Juan Carlos Romero, el ex gobernador de Salta, quien a pesar de haber atravesado múltiples procesos judiciales, siendo senador, se valió de sus fueros para evitar a la Justicia. En 2016, el juez de garantías de Salta Diego Rodríguez Pipino solicitó a la vicepresidente Gabriela Michetti, en su carácter de titular del Senado, el desafuero de Romero de la Cámara. La justicia lo había imputado por enriquecimiento ilícito: el pedido nunca tuvo tratamiento. Se lo investiga en la llamada “causa del hangar”, que data del año 2007 pero empezó a tramitarse en 2012, luego de que se conociera una maniobra por la que habría entregado, a un mes de dejar la gobernación, un predio de Aviación Civil a su hijo, Esteban Romero, actual Diputado Provincial. En 2021, la fiscalía, que había impulsado la investigación, cambió de opinión y pidió su sobreseimiento. Otra causa que pesa sobre Romero, tal vez la de mayor trascendencia, fue la de “La Ciénaga”, que lo tiene como imputado por una denuncia presentada hace 14 años por la venta irregular de 90 hectáreas de una finca a la familia de Romero, cuando debían destinarse a un programa llamado Familia Propietaria. Cuando dejó el poder provincial, Romero acumulaba por lo menos nueve procesos penales abiertos. Luego de muchos años, muchas causas volvieron a foja cero y otras fueron declaradas nulas por la Corte salteña. Actualmente, Romero preside un interbloque de monobloques de senadores, que apuntalan los proyectos y vetos oficialistas.

Los Diputados no se quedan atrás. Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO, quedó involucrado en una red de sociedades offshore que administran inmuebles en Florida, Estados Unidos, cuya titular es su esposa, Romina Diago. Las cinco propiedades que se le atribuyen suman un valor de mercado de US$ 2,6 millones. La normativa vigente señala que los funcionarios públicos deben declarar los bienes de su cónyuge, pero una resolución de 2012, dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner, esa información es de carácter reservado. El nuevo titular de ARCA, Juan Pazo, un exmacrista, también tiene a su cargo la administración de empresas offshore inscriptas a nombre de su esposa.

En nombre de la moral y la “honorabilidad” del parlamento y las instituciones, todos los bloques de la burguesía se demarcan de Kueider. Las filas del kirchnerismo reclaman su expulsión, en su lugar debería asumir uno de La Cámpora. Milei, por su parte, ha respondido agitando un proyecto para desaforar a todos los que tengan causas. Un globo de ensayo que se puede terminar llevando puesto a propios y ajenos. Milei no ha respondido aun a la denuncia del periodista Alconada Mon acerca del secreto y la ambigüedad de su declaración jurada, con escasas menciones a sus ingresos, y nada sobre su patrimonio.

Mientras tanto, desde Paraguay, con prisión domiciliaria, Kueider solicitó una licencia de sus funciones. Kueidar es la metáfora de un régimen político de chorros, timberos y lavadores seriales que gobiernan la Argentina bajo la supervisión de los grandes capitales internacionales. Semejante descomposición solo puede ser superada por una acción histórica y revolucionaria.