Jujuy: el gobernador Sadir privatiza la salud pública

En la sesión del día de ayer, la Legislatura aprobó la ley 6.453, que crea el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA). El proyecto no fue tratado en comisión, sino que entró directamente al recinto, sin publicidad en los medios de comunicación ni tiempo para debatir su contenido ni, por lo tanto, para que se difundiera.

La flamante ley impone el cobro obligatorio de este seguro para la atención médica a toda persona que no tenga obra social ni prepapaga en la provincia, y cuyos ingresos superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles, es decir unos $ 550 mil pesos aproximadamente. El valor del seguro es el equivalente a cinco consultas médicas establecidas en el nomenclador del Instituto de Seguro Médico -la obra social de la provincia- hoy equivalente a unos $50 mil pesos por mes. Por un lado, el seguro será ajustado al valor de la consulta médica, mientras que el monto del salario mínimo oficial es establecido en otro ámbito. Es decir que el seguro equivale al 10% del ingreso medio de los nuevos “afiliados”, pero seguirá en ascenso.

Los principales afectados por esta nueva ley son trabajadores informales, en negro y ‘cuentapropistas’, aproximadamente el 50% de la población laboralmente activa en la provincia. Además de trabajar sin beneficios sociales y en condiciones precarias, ahora también deberán pagar por su atención médica. El proyecto en sus propios fundamentos declara que, en el sistema público, se atiende al 50% de la población de la provincia.

El argumento que esgrimió el oficialismo para defender esta ley fue que el gobierno nacional ha recortado fuertemente el presupuesto en Salud y la provincia no puede afrontar los compromisos de la atención sanitaria. De este modo, le traslada el ´muerto´ a los precarizados, en lugar de imponer medidas excepcionales a los grandes capitales de la provincia, como el litio, el tabaco, los ingenios, etc.

El gobierno pretende asegurarse el pago compulsivo del seguro, por eso la ley establece la exigencia de presentar el comprobante correspondiente para realizar cualquier trámite dentro de la administración pública (Art 12).

La casta hace un negoción

El arancelamiento de la atención sanitaria en la provincia es un nuevo filón de negocios para los empresarios de la salud privada, donde pululan dirigentes y políticos radicales, peronistas y libertarios –como Manuel Quintar, uno de los dueños de los sanatorios Quintar.

Es que el proyecto establece que, con el cobro del Seguro, los beneficiarios pueden optar por el sector público o privado de salud (Art 8) y que se abonarán las prácticas profesionales, según lo establece el nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy (Art 9).

Los libertarios han entrado fuerte en el negocio de la Salud. El propio Manuel Quintar no solo es gerente de los sanatorios familiares, sino también es gerente de la clínica de la obra social del personal del Azúcar del Ingenio Ledesma y ha puesto a un hombre de su confianza al frente del PAMI Jujuy.

Antecedentes

En septiembre del año pasado, la Legislatura de Jujuy aprobó el cobro para la atención sanitaria de extranjeros en la provincia. En ese momento denunciamos que el cobro de los extranjeros no iba a mejorar la situación de la salud pública, sino que era la puerta de entrada para el cobro de la atención sanitaria a los propios jujeños. Un año después, tenemos la privatización completa de la Salud pública en la provincia.

Quien van a administrar los fondos del SEPROSA es el Instituto de Seguros de Jujuy. La obra social provincial se encuentra al borde del default. En diciembre de 2023, por iniciativa del PJ, se estableció el cobro de un coseguro a sus afiliados. Luego se creó la compañía de Seguros de Jujuy -un apéndice del ISJ- que acabó con la inhibición de sus bienes por no rendir cuentas (Jujuy Dice, 27/8).

Las arcas del Instituto de Seguros de Jujuy funcionan como una caja negra de uso discrecional para el oficialismo de turno, y esto ha generado una bola de nieve de deudas.

Ni siquiera estamos frente a una ley que busque garantizar los recursos para sostener el sistema público de salud, sino que, por el contrario, busca cerrar circuito de transferencia de clientes y presupuesto al sistema de salud privado.

Frente a este nuevo ataque a las condiciones de vida de miles de jujeños, desarrollemos una gran agitación contra esta avanzada y el vaciamiento definitivo de la salud publica.