Escribe Violeta Gil
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Una semana después del asesinato del joven Fernando Gómez, trabajador precarizado pasador de coca en la frontera de Salta con Bolivia, en el marco de un operativo represivo de la Gendarmería Nacional, Gisela Gómez, hermana de Fernando, denunció en una entrevista realizada por Alejandro Bercovich que su familia fue amenazada por la Gendarmería el día que asesinaron a su hermano: “nos dijeron que nos iban a plantar droga”.
Gisela Gómez explica que, en la madrugada del 18 de diciembre, le avisaron que su hermano, Fernando, estaba gravemente herido en el hospital de Aguas Blancas. Alrededor de las tres de la mañana fue allí con su cuñada, la pareja de Fernando, para saber qué le había pasado. El ingreso al hospital les fue prohibido por un grupo de Gendarmes que las golpearon, las insultaron y las amenazaron con “plantarles droga” si no se retiraban del lugar. Gisela denunció que los gendarmes parecían “drogados o alcoholizados”. No fue la única que, luego de la represión de la madrugada del 18 de diciembre, destacó la condición en la que se encontraban los gendarmes.
Fernando Gómez fue asesinado por un disparo de Gendarmería que le perforó el pecho. Además, el cuerpo presentaba heridas de fuego en las piernas, según explicó su hermana en la misma entrevista. Él era un “chanchero”, como se conoce en la zona a los trabajadores más precarios que pasan bolsones (chanchos), con hojas de coca desde Bolivia hasta Salta, atravesando el río Bermejo y el monte entre Aguas Blancas (Salta) y Bermejo (Bolivia). Los cientos de chancheros que todos los días y noches exponen su vida para pasar las hojas de coca, reciben migajas por ese trabajo. Una vez en Salta, esa coca se distribuye en todos los almacenes, mercados y centros comerciales del norte argentino, la de mejor calidad, la “seleccionada” llega a costar hasta $6mil pesos el cuarto y es consumida por la masa de la población. Los funcionarios del Gobierno de Gustavo Sáenz, que avalan el Plan Güemes en nombre de combatir el narcotráfico, tienen las manos manchadas de sangre cuando consumen la coca que pasó cientos de veces Fernando y los suyos.
“Mi hermano no era narcotraficante, era un trabajador”, explica Gisela en la entrevista radial con un periodista de Buenos Aires que trata de entender lo que ocurrió a más de 1800 km al norte. Gisela denuncia que Gendarmería no le quitó la bolsa con coca a su hermano, sino que le quitó la vida. “Este es el Plan Güemes que puso la Patricia Bullrich, ella mueve todo acá y no va a dejar que nadie haga justicia por mi hermano. Ella encubre a la Gendarmería y a la Prefectura”.
Bullrich encubre a los responsables del asesinato de Fernando. El gobierno de Gustavo Sáenz reivindica la militarización de la frontera norte de Salta. El asesinato de Fernando produjo una pueblada en Aguas Blancas que obligó al gobierno a retroceder y “flexibilizar” los controles en los pasos fronterizos. Hasta un desprevenido se da cuenta que los miles de kilos de cocaína que ingresan al país no viajan en los hombros de los bagayeros. Además, Sáenz se enfrentaba a una red poderosa que regentea el comercio en toda la región, que compra barato en Bolivia y revende en Argentina; los bagayeros son sólo el eslabón más frágil de esa cadena.
El gobierno montó una tregua y hace control de daños por el inmenso repudio popular que suscitó el crimen de Gómez. El próximo jueves 2 de enero se realizarán las pericias balísticas y toxicológicas sobre los Gendarmes implicados en el operativo.
La crisis en el norte de Salta está muy lejos de resolverse y es agravada por el propio gobierno que persigue y reprime a la población que se abre paso ante la miseria social y la pobreza generadas por el propio gobierno.
El accionar de Gendarmería y la responsabilidad política de la Ministra de Seguridad ponen en cuestión a todas las fuerzas Federales como un aparato de conspiración contra los trabajadores. Bullrich debe ser enjuiciada por este crimen al igual que los responsables materiales.
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