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Hace exactamente una semana, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz montaron un circo en Aguas Blancas (Orán), para anunciar la implementación del Plan Güemes. En sus discursos derramaron amenazas e intenciones de combatir al narcotráfico en la provincia. El mismo creció durante 30 años al amparo del poder político. Ahora se ha convertido en un elemento de choque y confrontación entre las camarillas del poder.
La infiltración de este negocio capitalista en las instituciones es visible ante los ojos de todos. El poder político, el poder judicial y las fuerzas de seguridad están involucrados.
Bullrich aprovechó su gira para lanzar un discurso de guerra contra los trabajadores precarizados y los "ilegales" extranjeros, dejando a salvo a los “ilegales” nacionales como Kueiler, Ritondo, numerosos senadores y diputados, e incluso Milei, cuya declaración patrimonial ha sido calificada de “floja de papeles” (por Alconada Mon). Bullrich es una cruzada fascistizante, como lo demuestra el ataque a los derechos de movilización y de huelga, más el apoyo a las masacres del sionismo.
El Plan Güemes consiste en la instalación de una base de la Prefectura Naval en el Rio Bermejo, límite geográfico entre el departamento Orán (Salta) y Bolivia. Una semana después de semejante operativo, no ha sido presentada ni una sola pista, ni un solo indicio de las redes narco que operan a plena luz del día. El secuestro de 35 kg de marihuana anunciado recientemente por Gendarmería, como el resultado de un gran operativo de inteligencia, deja a sus autoridades en ridículo. Este tipo de secuestros son conocidos como señuelos que ocultan el pasaje de cargamentos mucho mayores. Lo que sí protagonizaron las fuerzas de la Prefectura fue una avanzada represiva y una balacera contra los trabajadores "chancheros" (pasadores de hojas de coca) y bagayeros, que cruzan todos los días a Bermejo (Bolivia) para llevar y traer mercadería como medio y sustento de vida. El bagayero, en Salta, ha sido homenajeado en varias baladas.
El primer episodio se produjo en la mañana del lunes. Los efectivos de prefectura abrieron fuego desde sus balsas, navegando el río, contra los bagayeros que estaban en la orilla. En la madrugada de este miércoles los bagayeros denunciaron la muerte de un chanchero, como resultado de la represión. De inmediato, los bagayeros han dispuesto un corte total de la ruta 50 que da acceso a la ciudad de Orán. Mientras este artículo es publicado, la localidad de Aguas Blancas protagoniza una pueblada contra la Gendarmería y la Prefectura, que avanza sobre la población y los trabajadores por medio de razzias, al estilo de la dictadura.
El verdadero propósito del plan Güemes y la instalación de fuerzas federales en la frontera no es el combate al narcotráfico. La Nación y la Provincia disputan su control y regenteo. Para eso necesitan imponer una regimentación y persecución mayor contra la población, en una de las regiones más empobrecidas del territorio nacional y con una vasta tradición de lucha contra todos los gobiernos.
El plan Güemes establece un régimen de declaración aduanera de sus ingresos para los trabajadores informales, los bautizados bagayeros y chancheros, que representan a más de 10.000 familias en las principales localidades del Norte. Desde la aduana explicaron que se deben encuadrar en los parámetros del Régimen Simplificado de Importación. En la modalidad comercial, con CUIL y clave fiscal, deben registrarse cumpliendo los requisitos de estar en la actividad comercial en la jurisdicción de la Aduana local. Tienen permitido pasar US$ 500 al mes, con pago de impuesto del 50 % sobre la mercadería. Los bagayeros no son importadores, sino pasadores, pero sobre todo comerciantes al menudeo. El Gobierno lo sabe, pero avanza sobre ellos con este régimen. En el pasado, la misma Bullrich bajo el gobierno de Mauricio Macri intentó infructuosamente imponer el mismo régimen, no sin producir feroces choques y rebeliones con los bagayeros. Este régimen simplificado, al bloquear la importación "ilegal" -el comercio que abastece al comercio legal de la zona-, arroja objetivamente a los bagayeros a los brazos de los narcos.
Mientras el gobierno de Milei y Bullrich habilitan el blanqueo de capitales que beneficia a los negocios del narcotráfico, tratantes, lavadores y timberos, con el beneficio de que sus datos no queden registrados y tampoco sus movimientos bancarios, en nombre de la libertad, a los explotados que exponen el cuero todos los días, cruzando el río para comer, les quita la libertad. Porque en Salta se ha destruido el empleo y la pobreza alcanza al 70 % de la población. Sáenz, Bullrich y Milei son parte fundamental del problema y no podrán dar ninguna salida a esta crisis en desarrollo.
