Escribe Leonardo Perna
Los jueces hicieron caso omiso a las enormes irregularidades cometidas, y se han puesto al servicio del Ministerio de Seguridad.
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La Cámara Federal de Casación rechazó recursos de los abogados defensores de Eduardo Belliboni y otros 15 militantes del Polo Obrero -oficial- lo que deja en firme su procesamiento y el paso al juicio oral.
Previamente, la Cámara de Apelaciones porteña había sumado a las acusaciones por administración fraudulenta la de amenaza coactiva y extorsión. Llamativamente, ningún funcionario del entonces Desarrollo Social ha sido llamado a declarar, cuando tenía a su cargo la verificación de los documentos probatorios de los gastos incurridos.
Los jueces de Casación respaldaron la hipótesis de los fiscales Pollicita y Agüero sobre la existencia de un “esquema piramidal de premios y castigos”, que incluía planes sociales y alimentos. Nunca pudieron ir más allá de describir el esquema ´cooperativo´ del programa Potenciar Trabajo, delineado por el mismo ex Ministerio de Desarrollo Social, en la tentativa de integrar al Estado a las organizaciones sociales. Este proyecto político tuvo su puntapié en la gestión de Carolina Stanley en el gobierno de Macri, con apoyo de los Pérsico y los Grabois.
La causa judicial contra el Polo oficial, el FOL y Libres del Sur, es el resultado de un armado político operado desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, montado sobre la base de denuncias anónimas recogidas telefónicamente. Apenas asumido, el gobierno montó una campaña contra las organizaciones de desocupados, con decenas de allanamientos a comedores, locales y domicilios, la pinchadura de teléfonos y un vasto uso del aparato de inteligencia del Estado.
La defensa de Belliboni denuncia que le impidieron acceder a las pruebas en su contra y conocer la identidad de los supuestos afectados por la mencionada ‘coacción’; el trámite judicial tiene irregularidades que lo invalidan. También asegura que los remitos y facturas rendidos ante el Estado no fueron incorporados al juicio, lo que no excluye que puedan ser presentados, de ‘sorpresa’, en el juicio oral, lo que es inadmisible procesalmente. Los delitos que se les imputan a los dirigentes del Polo oficial fueron diseñados de manera que alcancen las penas de prisión efectiva. “Se da vía libre a las pretensiones del fiscal Pollicita de que una eventual condena implique la cárcel directamente, sin que puedan salir libres con una probation”, señaló la doctora Alaniz abogada defensora de Belliboni.
El PO oficial ha iniciado una campaña contra este procesamiento plagado de irregularidades y a favor del derecho constitucional a la movilización y a la protesta, por medio de una solicitada en Página 12.