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La novela del verano es, sin duda, la disputa entre Macri y LLA. La LLA, aunque subsidiada con dinero y personal por parte de Sergio Massa, es la sucesora del viejo PRO, de donde ha reclutado a sus principales espadas, como Luis Caputo o Santiago Bausili, el digitado presidente del Banco Central (Guillermo Francos viene del peronismo menemista, kirchnerista y massista). Es natural, entonces, que ´venga por todo´. El gobierno mismo, al fin y al cabo, está presidido por una jefatura personal que manipula a gusto las mayorías cambiantes en el Congreso. Lo que ocurre con el Presupuesto 2025 es ilustrativo, porque será una prórroga unilateral del anterior sin que mediara el pretexto de un rechazo por parte del Congreso. Lo mismo ha ocurrido con la ley de administración financiera, que ha sido desconocida por Caputo cuando arregló el reciente préstamo bancario internacional, conocido como ‘repo’, sin pasar por la instancia parlamentaria. En estas condiciones, las elecciones de octubre próximo deben apuntar, para el oficialismo, a reforzar el gobierno de poder personal o, más precisamente, el poder de la camarilla oficial. No hay que olvidar que la garantía del gobierno para los fondos internacionales que lo bancan, lleva dos firmas –la de Milei y la de Caputo. Donde manda capitán no manda marinero; Santiago Caputo, el operador de Milei, le habría ofrecido al PRO un 30% en las listas parlamentarias, sin abrir la discusión sobre el lugar que ocuparían los macristas.
Macri habría rechazado la ‘oferta’, como lo probaría el ataque que lanzó contra Milei por esquivar la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 (que, en realidad, Milei y Caputo ni siquiera tienen) al Congreso. En este punto se cuecen otras habas, porque Macri disputa la licitación de la Hidrovía del Paraná y varios otros negocios vinculados al Presupuesto. Pero el rechazo dejó ver un cisma, porque ha sido firmado por la dirección del PRO, pero no por el bloque parlamentario. Gran parte del contingente macrista ya tiene un pie en la LLA, que todavía depende, sin embargo, de los puestos que ofrezcan los llamados ‘libertarios’. Esta escisión tiene una repercusión nacional, porque numerosos gobernadores se han declarado dispuestos a dejarle el terreno libre a la LLA en la elección nacional y a incorporar en sus listas locales a varios ‘libertarios’ de provincias. El ataque lanzado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, un ex kirchnerisa y ex massista, contra el diputado nacional salteño de los K, Emiliano Estrada, es una manifestación del acuerdo al que ha llegado, en Salta, con la camarilla ‘olmedista’ y la LLA. La gran pelea tendrá lugar en CABA, porque la elección local (se ha desdoblado de la general) marcará una tendencia nacional. La disputa en la Capital tiene varios pliegos siniestros; Macri logró que el Tribunal Superior del distrito sea la última instancia de apelación judicial, lo cual le garantizaría impunidad en el juicio por el desfalco del Correo. No solamente esto, Daniel Angellici, el mandamás de los bingos y juegos de azar, se ha comprometido a evitar una alianza entre la fracción porteña de Lousteau, de un lado, y la del neoK, Leandro Santoro, del otro, que podría tallar alto en los comicios de junio próximo. Es adonde apunta Axel Kicillof, que tiene en la mira al santafesino Pullaro.
Para el periodista Carlos Pagni, un vocero fiel de los lobbys que se disputan negocios y elecciones, la ausencia de un acuerdo Macri-Milei podría ser “suicida”. Es lo que dan a entender también los ‘medios hegemónicos’. El magro 15% de los votos que los sondeos atribuyen al PRO en la provincia de Buenos Aires, podrían llevar a una derrota de LLA ante el kirchnerismo; si se desdoblaran las elecciones, la lista ganadora sería la del Gobernador. Pero como en el cuento de la rana y el escorpión, las ambiciones en conflicto entre las camarillas de Macri y de Milei, podrían llevar también a un naufragio. El default del grupo Grobo y la crisis en la cadena de pagos en el agronegocio meten también la mano en el enfrentamiento, porque Macri es claramente un vocero del sector. Es lo que puso de manifiesto el diputado macrista Hernán Lacunza, cuando le puso un cuatro a la política cambiaria de Caputo, reclamando, como tantos otros ‘economistas’, la devaluación del peso. Se advierta o no, la crispación política acerca de las elecciones refleja una discusión en la cubierta de un Titanic. A contramano de la tendencia internacional de devaluaciones monetarias frente al dólar, Argentina aprecia el peso encima de una divisa recargada. Donald Trump ya ha anunciado que desatará una guerra monetaria encima de la aplicación de altos aranceles a quienes ha designado como rivales económicos, con impacto enorme en los mercados de cambio. Milei y Caputo han reemplazado la emisión monetaria por la emisión de deuda local, por un equivalente a 100 mil millones de dólares, apenas contenidos por un cepo y por un control inesperado de la situación social y política. Lo que ocurrió en 2018, cuando se desató una furiosa devaluación del peso, luego de un sosegado control financiero y una importante blanqueo de capitales, enfrenta una crisis financiera bastante más explosiva, e incluso extendida a un mayor número de países –Alemania, Francia, China, Rusia y, potencialmente, Estados Unidos.
Lejos de la intención de devaluar, Milei y Caputo han elegido apretar todavía más. En términos contradictorios poco advertidos, han decidido imponer un tope del 1% en el aumento mensual de salarios, con el propósito de bajar la inflación. Pero se suponía que debía ocurrir lo contrario –que la baja de la inflación llevara a un aumento del salario real. Es la única conexión lógica entre un ajuste fiscal y una reactivación económica. Anclar la ‘des-inflación’ a una reducción del poder adquisitivo del consumo acentúa la tendencia a la depresión económica. Esto ha sido acompañado, en los últimos días, por anuncios de suspensiones de personal y cierre de medianas empresas (Acindar, OCA, Linde Praxair); Bridgestone y Fate han despedido a centenares de trabajadores. El gobierno anuncia la intención de bajar la tasa de interés para estimular el crédito, pero los bancos podrían elegir cerrar el grifo y derivar el dinero a nueva deuda del Tesoro o a los mercados paralelos (en este caso, lo harían principalmente los fondos de inversión). El Tesoro debe renovar deuda, en 2025, por alrededor de 90 billones de pesos (empieza en enero con 16 billones). Una baja de la tasa, en diciembre de 2017, llevó al estallido de abril 2018, incluido el despido de Caputo y Sturzenegger.
El tope salarial del 1%, las suspensiones y despidos, y la inminencia de una reforma laboral que cancela la jornada de ocho horas, pasan a constituir una agenda desafiante para el movimiento obrero. Las asambleas de fábrica que tuvieron lugar esta semana y el retiro forzado de las suspensiones por una huelga general en Acindar, marcan un nuevo intento de responder por medio de la acción directa. El apoyo y la difusión de estas luchas tiene un alcance estratégico. En medio de una crisis político-electoral entre las camarillas patronales (los partidos han desaparecido), lanzamos una campaña de asambleas para votar un programa y un plan de acción, que opera como propaganda y agitación entre el activismo y las fuerzas organizadas del activismo. Nuestra primera estación es Salta y las campañas provinciales para recuperar la legalidad electoral donde hayan caducado.
