Tiempo de lectura: 2 minutos
En 2017 el Consejo Superior de UNGS votó un Programa de Políticas de Género "con el objetivo de prevenir, atender e intervenir ante situaciones de violencia, hostigamiento o discriminación basada en el género, la identidad o la orientación sexual".
Este programa fue presentado como una "batalla cultural" contra la violencia de género, que pone el eje en enseñar a ala mujeres a distinguir una situación violenta. Este ángulo de intervención ignora la responsabilidad del Estado y las condiciones sociales de opresión de la mujer que el Estado preserva y protege. El problema no es que una mujer distinga una situación como violenta o no -la mayoría de los femicidios suceden con denuncias e incluso perimetrales de por medio. Este enfoque toma a las mujeres por estúpidas, y forma parte del mecanismo, mucho más que cultural, de la opresión de la mujer. Ocurre que no hay un Estado que combata las condiciones de subordinación de la mujer – opresión doméstica, relegamiento laboral, falta de asistencia al embarazo y crianza -, o sea esta ausente un gobierno de trabajadores. El estado capitalista mantiene a las mujeres trabajadoras sin herramientas objetivas para poder garantizar la vida y reproduce esta subordinación cotidianamente..
El Programa de Políticas de Género (PPG)
Lo que ofrece la Universidad con este programa es un número de teléfono y una oficina para la atención de estudiantes o trabajadoras que se encuentren pasando alguna situación de violencia. En caso de que una víctima llegue a realizar alguna denuncia se le plantea básicamente cómo seguir la denuncia por los canales habituales. Concretamente no presenta ninguna asistencia para una víctima de violencia. Un paso real en PPG seria en principio contar con un centro integral, con lugar físico propio y profesionales médicos, psicólogos y abogados para acompañar a quien haga la denuncia.
Que en una oficina solo se muestren los pasos a seguir, básicamente cómo ir a una comisaría, no da respuestas a la situación. Como “política de género” no es más que una lavada de cara de gestión de la universidad.
Además de este protocolo -y en consonancia con él-, el Consejo Superior también votó de manera unánime la implementación de Ley Micaela en la universidad, sancionada en 2018.
Al poner el eje en que los funcionarios y trabajadores de los diferentes poderes del estado hagan cursos sobre "género”, esta Ley cambia el sentido de la consigna que colocó el movimiento de mujeres desde el 2015 – “el Estado es responsable”. Esta consigna pone en jaque a todo un régimen político y a una estructura que es garante de los secuestros, femicidios, de las muertes por aborto clandestino. Es absurdo que una serie de cursos, dictados desde los organismos del Estado (fuerzas represivas incluidas) puedan aportar un principio de solución al problema de la violencia contra la mujer.
Ley Micaela es una ley cosmética, con la gravedad de que maquilla al Estado, primer responsable de la muerte y desaparición de mujeres.
Ante la agudización de la violencia hacia a las mujeres discutamos mediante asambleas estudiantiles un plan de lucha por un gabinete de género en la universidad con un lugar físico que cuente con profesionales que acompañen a la víctima y becas específicas para casos de violencia. Impulsemos la aprobación urgente del proyecto de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.
Por la organización socialista de la mujer trabajadora.
