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El despido de 117 docentes autoconvocados por parte del gobernador Sáenz y su ministra Fiore, es una grave afrenta contra la combativa docencia provincial y contra el conjunto de la clase obrera salteña. Miente cuando dice que “se ausentaron de las aulas sin justificación”. ¡Ellos estaban de huelga! Su cesantía implica un castigo a las autoconvocatorias y la abolición del derecho a huelga.
La CGT y la CTA salteñas aplauden estos despidos en nombre de un monopolio de la representación obrera. Su ´autoridad´ no viene de las bases sino de leyes y directivas del Estado y las patronales que preservan su unicato. Su filiación patronal llega al punto de intentar anular cualquier tendencia a la organización real de los trabajadores y la defensa de sus intereses más elementales. En cambio, han colaborado con el mayor ajuste de la historia y la quita de derechos laborales básicos. Sáenz les paga este servicio atacando a los docentes autoconvocados.
Por otro lado, el gobernador busca evitar que la docencia salteña se autoconvoque y vuelva a la huelga en medio del proceso electoral provincial. En 2024, ha logrado imponer una confiscación del 30% de los salarios estatales. La lucha salarial está en el orden del día. La agenda electoral de Sáenz, en cambio, está reñida con la defensa de la salud, la educación y la vivienda para la masa de los trabajadores; con el salario, los derechos laborales y las libertades democráticas, y con todo aquello que limite la capacidad de represión, explotación y negreo de la clase obrera.
Estas cesantías son, además, una amenaza contra el conjunto de los trabajadores. En la huelga de 2023, junto a los docentes se autoconvocaron trabajadores de la salud, ordenanzas, municipales y mineros. El gobernador y las patronales de la provincia temen a una avalancha de luchas obreras autoconvocadas y a una huelga general que acabaría de un plumazo con la política de guerra contra los trabajadores.
Semejante ataque a la clase obrera salteña se hace en nombre de un superávit fiscal y una “paz social” que solo beneficia a los grandes terratenientes, a los especuladores inmobiliarios, a las mineras y al gran empresariado que explota la fuerza de trabajo de la provincia. Estas empresas han tenido ganancias fenomenales. En cambio, la docencia y la masa de los asalariados y explotados salteños se han hundido aún más en la pobreza.
La abolición de hecho del derecho a huelga y el hundimiento salarial y social de la docencia y el resto de clase obrera de la provincia van de la mano. La necesidad de ir a una lucha contra este estado de cosas es primordial y debe ser parte de una respuesta de conjunto de la clase obrera, mediante asambleas de base, su coordinación y la huelga general. Es necesario también un gran partido de la clase obrera y los explotados para dar fin a todos estos agravios de una vez por todas mediante un gobierno de trabajadores.
