Escribe Valentina Viglieca
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La Armada argentina resolvió mudar su archivo general del edificio que ocupa en San Telmo. Aún no hay confirmación si el contenido irá a parar a un edificio ubicado en la Isla De Marchi o a otro ubicado en el barrio de Retiro. En ambos casos, la mudanza no tiene en cuenta las condiciones en los que serán alojados los cientos de miles de documentos.
Según la resolución no se trata sólo se trasladar sino de “depurar” y “destruir” y los encargados de resolver qué documentos quedan y cuales no como parte del archivo son las propias autoridades del Archivo General del Armada. Esto generó el rechazo de abogados, historiadores y de organizaciones de Derechos Humanos que señalaron que la información fue y es fundamental en los juicios de lesa humanidad.
Desde Archivistas en Función Pública Argentina -AFPA- publicaron en sus redes que: “Es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”.
No es casualidad que esa documentación esté vinculada íntimamente con los crímenes cometidos en el predio de la ESMA donde despidieron a cientos de trabajadores, entre ellos muchos de los que trabajaron en la recopilación y sistematización de pruebas y documentos para los juicios. Por el campo de concentración que funcionó en la ESMA pasaron cerca de 5.000 personas. Otros archivos que podrían destruirse están vinculados a Mar del Plata y Bahía Blanca.
En el día de ayer el Ministerio de Defensa dio de baja a 23 militares por crímenes de Lesa Humanidad. Desde el organismo aclararon que no fue una decisión unilateral, sino que responde a una orden del Poder Judicial: “obligando al cumplimiento de la medida”. Ese tipo de resoluciones se apoyan en los documentos de los que se quieren deshacer, ya que la Armada se encargó de destruir los legajos de todos los marinos implicados en la Dictadura Militar. El trabajo con fuentes y documentos de los Equipos de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa tuvo como resultado reconstruir el listado de quienes habían sido partícipes en los crímenes.
La apertura de los archivos y que digan dónde están los cientos de hijos e hijas apropiados es un reclamo que no podemos dejar de levantar. A este ritmo cuando se consiga ubicar a los casi 300 adultos que siguen privados de su verdadera identidad no quedará una abuela para recibirlos.
El Edificio ubicado en Bolívar 1622 contiene miles y miles de documentos. El traslado de la documentación puede ser fácilmente relacionado con los intereses inmobiliarios que desvela a La Libertad Avanza. El Ministerio de Justicia es uno de los principales agentes inmobiliarios que vacía y ofrece lo que fueran dependencias estatales para la venta. Otros dos edificios que buscaron “poner en valor” son en el que funcionaba el Ministerio de Mujeres y el Museo del Traje, ambos ubicados en San Telmo.
En un escenario de ataques constantes, despidos y amenazas la defensa de los archivos se convierte en la defensa de la reconstrucción de la historia reciente. La lucha por que no destruyan esos documentos se enmarca en la reivindicación del derecho a organizarse contra el gobierno prodictadura.