Escribe Lucía Coronel
Por la estatización bajo control obrero.
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La ocupación de Textilcom por sus trabajadores por casi tres meses durante el año pasado, reteniendo las maquinarias e incluso en algún momento poniéndolas a producir, obligó al gobierno de la Provincia a transferirla al grupo Mon Sport, mediante el otorgamiento de grandes subsidios. El nuevo grupo empresarial recibía una fábrica en funcionamiento, equipada y con personal entrenado. La experiencia duró 4 meses. En ese lapso, la textil Mom Sports incumplió sistemáticamente sus obligaciones con los trabajadores y ahora anunció su retiro de la Provincia. En los medios, los trabajadores indicaron que recibían pagos semanales y a través de transferencias en billeteras virtuales, lo que da cuenta de una estafa en la relación laboral desde el inicio, avalado por el gobierno. El grupo se había comprometido a recontratar a todo el personal de la ex Textilcom, cuestión que también incumplió. Como parte del “Programa de Fortalecimiento y Apoyo Productivo”, la nueva patronal recibió $135.000.000 para compra de nueva maquinaria, y $50.000.000 como aporte para el pago de salarios de los trabajadores, lo que constituía un aporte de $450.000 del salario de cada uno de ellos (65 % del salario medio), aporte que se realizaría durante 20 meses mientras la firma mantuviera al total de los 127 empleos.
Luego de la primera quincena de enero, la empresa buscó diversos artilugios legales para violar el acuerdo con el gobierno, despidiendo a 23 trabajadores por supuesto mal desempeño en el período de prueba. Todo decantó cuando a inicios de esta semana la patronal manifestó no estar en condiciones de cumplir sus obligaciones y en la anulación del acuerdo por parte del gobierno.
Desde la Unión Industrial de Catamarca, artífices de estos acuerdos con las distintas patronales y el gobierno, declararon que todo se debe al “momento difícil que vive la industria”. El gobierno da vía libre para que los empresarios se fuguen con los aportes millonarios de las arcas del Estado y promete un “subsidio de 3 meses” y realizar el mismo aporte para los salarios a las “empresas del sector que decidan recontratar algún operario”. En paralelo, y demostrando que el gobierno ya sabía del retiro de la empresa, el día que la patronal les informo a los trabajadores que la fábrica cerraba ya estaba la infantería, argumentando que era para cuidar que no se llevaran las maquinarias, cuando en realidad, el motivo central era impedir que se pudiera reeditar una nueva ocupación de la empresa.
Jalil ha demostrado que no se inmuta en dar por saldados los despidos, “lamentando” que “el presidente nos lleva a un nuevo paradigma respecto a las importaciones, un modelo en el que hay ganadores y perdedores”.
Por su lado el sindicato que nuclea a los trabajadores, SOIVA, se limitó a las negociaciones por indemnizaciones y salarios adeudados, obligaciones que aún ni la expatronal de Textilcom ha cumplido.
Estamos ante un nuevo episodio de la crisis y el plan de guerra del gobierno, las patronales y la burocracia sindical contra los trabajadores.
Como se planteó durante la ocupación de Textilcom, ante la falta de soluciones por la vía privada, el camino para defender los puestos de trabajo y asegurar los salarios pasa por la estatización de la planta textil y la producción bajo control obrero.