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La educación pública se encuentra en las puertas de una nueva crisis. Es lo que refleja lo resuelto por los ministros de Educación de todas las provincias que integran el Consejo Federal de Educación (CFE) que establecieron, en su reunión del 15 de mayo, que “no habrá calificaciones numéricas en el territorio nacional ante el contexto excepcionalidad” de la pandemia de coronavirus.
Trotta expuso los motivos de esta decisión: “En este contexto, se profundizan las desigualdades ya que la realidad de cada hogar es muy distinta en cada rincón del país. Por este motivo, todos los actores que conformamos el sistema educativo estamos de acuerdo que es momento de evaluar, pero no de calificar” (Clarín, 15/5). Más adelante, Trotta destaca que los procesos de enseñanza y aprendizaje “se desarrollan en condiciones muy heterogéneas y desiguales”. La docencia -que está realizando un esfuerzo excepcional para trabajar bajo la cuarentena- no ha sido consultada frente a esta decisión.
Con estas declaraciones, Trotta se autoincrimina y reconoce que el Estado no está garantizando el acceso a la educación bajo la cuarentena, una realidad que se quiere resolver eliminando una etapa fundamental de la tarea educativa -la calificación- y pateando el problema a un futuro incierto. En Buenos Aires, las calificaciones numéricas son las establecidas por el Régimen Académico para poder acreditar todo el ciclo lectivo. Su suspensión plantea la eventualidad de una postergación de todo el ciclo lectivo o incluso su descarte completo. La docencia -que está realizando un esfuerzo excepcional para trabajar bajo la cuarentena- no ha sido consultada frente a esta decisión.
Es necesario aclarar que, si bien existe una diferencia entre la evaluación y la calificación, ambas están íntimamente ligadas. La ausencia de una calificación refleja dificultades para hacer una evaluación de los conocimientos estudiados hasta un cierto momento. Y esto se debe fundamentalmente a la imposibilidad de millones de alumnos de conectarse en forma virtual, a la falta de recursos para profundizar las actividades pedagógicas, a condiciones habitacionales acordes; en definitiva, a la falta de un plan educativo integral para que acceder a la educación en forma virtual en el contexto de cuarentena.
No estamos, por lo tanto, frente a una decisión basada por motivos pedagógicos. La docencia, por su parte, se está poniendo nuevamente al hombro la educación pública, con largas horas frente a la computadora y el celular, descargando archivos de todos los alumnos que se han podido conectar, recurriendo a varias plataformas virtuales privadas para hacer exposiciones orales, poniendo sus propios recursos informáticos que también deben ser utilizados por el resto de los miembros de la familia. ¡Incluso está organizando la recolección de alimentos e insumos sanitarios para los alumnos y sus familias! Una porción del estudiantado que cuenta con los medios también está trabajando a pesar de todas las dificultades.
La postergación indefinida del proceso de calificación refleja que el Estado no tiene interés alguno en resolver la actual situación social y educativa. Trotta mencionó la alternativa de un retorno a clases presenciales luego de anunciar que no se calificará a los estudiantes, a sabiendas que no existen condiciones sanitarias de ningún tipo en las escuelas. Improvisación tras otra, tenemos el escenario de un fracaso de todo el ciclo lectivo 2020.
Toda la comunidad educativa debe discutir profundamente esta situación, para exigir y resolver un pliego de exigencias de emergencia frente a esta situación. Que ningún estudiante pierda su derecho a la educación bajo la cuarentena, incluyendo la necesaria acreditación.
