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La concesión del dragado y balizamiento del río Paraná llega a su fin y las denuncias de corrupción sobre el nuevo proceso de licitación comenzaron a hacerse públicas.
Precedentemente, el gobierno liberticida “eliminó la histórica Administración General de Puertos, suprimió además la secretaria de Vías Navegables, cerró la delegación Rosario que controlaba la Hidrovía y dejó fuera de las decisiones sobre su funcionamiento a todas las provincias de orillas del Paraná.” La Agencia Nacional de Puertos creada por el gobierno liberticida, que depende del ministerio de Economía, fue la encargada de establecer los términos de la licitación.
El 12 de febrero se revelará quiénes son los candidatos a adjudicarse la concesión, uno de los negocios más rentables que tiene para ofrecer el gobierno liberticida. Eso se traduce en enfrentamientos internos del régimen político. Lo que está en juego es el modelo de comercio fluvial argentino y una jugosa caja de recaudación
La Hidrovía conecta 79 puertos ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones y Formosa. Por esta estratégica vía de navegación, comunicación y comercialización sale el 80 % de las exportaciones argentinas, con una facturación de 410 millones de dólares al año. A esto hay que sumarle las cargas subdeclaradas de granos y minerales que facturan cientos de millones de dólares y el tráfico de drogas por medio de los puertos privados, donde la Prefectura Argentina no tiene injerencia, ya que la seguridad de los mismos es privada.
Con la concesión de la década del 90 el Estado ha dejado su rol de controlador del comercio del río Paraná, proceso que fue reforzado gobierno tras gobierno, dejando en manos privadas un sector estratégico de la economía argentina y dando vía libre al contrabando, la sobrefacturación y la depredación ambiental.
Pelea de buitres y corrupción
La empresa de capitales de origen belga DEME, patrocinada en el país por Sergio Massa, ha advertido que el gobierno liberticida está intermediando para favorecer en los pliegos a la actual concesionaria, la belga Jan de Nul. Por los mismos motivos, el macrismo también ha puesto el grito en el cielo en representación de los capitalistas holandeses Boskalis y Van Oord. A las críticas por los pliegos a licitar se sumaron la empresa china CCCC Shanghái Dredging y la brasileña DTA Engenharia. La empresa china pide que se anule todo el proceso de licitación o en su defecto el inciso 8 del artículo 16 del pliego, que excluye del proceso a empresas "controladas, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma." Al tener participación del Estado chino, la dragadora asiática queda descartada para hacerse con la licitación. (LPO 7/02/2025) Mientras tanto, la brasileña DTA a través de un comunicado, en el que abundan las críticas al gobierno liberticida, señalan que en el pliego se impusieron "requisitos técnicos inusuales e incompatibles", elaborados por la mismísima Jan de Nul. Desde DTA sostienen que, desde la actual concesionaria, convencieron “a los técnicos de la administración de que sólo ella tiene la base de conocimientos necesaria para continuar con el servicio", cuando se trata de procesos que requieren un bajo nivel de tecnología aplicada.
Por su parte la UIA, a través de la Junta Directiva, presidida por Daniel Funes de Rioja, le salió al cruce al Gobierno, haciendo públicas las dudas que tiene la entidad de la burguesía vernácula sobre los pliegos de la licitación y, de paso, le pidieron al Gobierno inversiones que se traduzcan en infraestructura en la Hidrovía. Los “planeros” de la UIA le piden al Gobierno que se incremente el dragado hasta 40 pies efectivos, mejorar el balizamiento y bajar el valor del peaje Santa Fe al norte, para abaratar los costos de transporte. (Noticias Argentinas.com 4/02/2025)
Del Pacto de Olivos a Milei
Francisco Javier Amorrortu, especialista en dinámica del río Paraná, viene denunciando los crímenes hidrológicos e hidrogeológicos y, a su vez, ha puesto de manifiesto la connivencia política que rodea a la concesión del río Paraná y que se puede situar como punto de comienzo en el Pacto de Olivos que trabaron Alfonsín y Menem. En una reciente nota realizada en el streaming Up River, Amorrortu señaló que “la sociedad Hidrovía S.A., conformada inicialmente por Jan De Nul, Albano Ingeniería y Construcciones, Emepa y Kocourek, terminó con el 50 % del negocio en manos del radicalismo, desplazando a los jugadores más pequeños y obligando a la empresa belga a resignar parte de su paquete accionario” y sentenció que “Alfonsín aseguró el sostén económico del partido Radical.” (SL24 6/02/2025) Así las cosas, la nueva concesión ha abierto una guerra de rapiña entre las camarillas capitalistas nacionales e internacionales y sus representantes políticos, como Macri y Massa, por el reparto del botín del comercio legal e ilegal que fluye por el río Paraná. La cuestión de la Hidrovía ha sido reforzada por la avanzada de Trump sobre el Canal de Panamá.
Está planteada la anulación de todas concesiones portuarias y la nacionalización del comercio y mantenimiento del río Paraná, bajo control de los trabajadores, que opere como defensa del medio ambiental del sistema de humedales más grande del mundo.
La nacionalización del comercio, el dragado y balizamiento del Río Paraná y de todos los puertos, hoy en manos privadas, bajo el control de los trabajadores, es una respuesta programática a la pelea entre buitres a la que asistimos los trabajadores.
