Nos proponen una reforma constitucional en línea con Milei y Trump

El gobierno de Maximiliano Pullaro logró imponer en diciembre pasado la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de la Provincia. Con las encuestas en la mano, huele que es la mejor posibilidad de conseguir el derecho a la reelección del Gobernador. El proyecto de reforma fue aprobado por los dos tercios de ambas Cámaras de la Legislatura, lo que significa que ha habido un acuerdo político de los partidos de gobierno (UCR, socialismo y el PRO, entre otros) y el peronismo y la centroizquierda.

La reforma ha sido vestida como “una necesidad histórica” que actualiza una Constitución de más de sesenta años y que adaptaría a Santa Fe al régimen constitucional nacional adoptado en 1994. Esta intención ya abre un velo sobre la verdad de la reforma, pues la Constitución del 94 habilita los “decretos de necesidad y urgencia” que le sirven a Milei para instaurar un régimen de gobierno personal. Maximiliano Pullaro no quiere perder la oportunidad de establecer este método de gobierno en la provincia, aunque lo ha usado ‘de facto’ desde que asumió la gobernación. Con ese fin, pactó con el pejotista Perotti la designación de tres nuevos jueces de la Corte, quienes tendrán la última palabra en la interpretación de la “nueva constitución”.

La propuesta de que los legisladores se limiten a una reelección no cambia la naturaleza reaccionaria de la reforma. Con el intermedio de un periodo, toda la llamada casta puede volver a ejercer una representación remunerada sin el derecho de revocatoria por parte del electorado. Peor aún, se propone derogar la inmunidad política de los legisladores, al servicio de eliminar a la auténtica oposición política. La inmunidad parlamentaria fue establecida luego de grandes luchas de los partidos socialistas en el siglo XIX. Mayor atención tiene que llamar el intento de regular el derecho de reunión, un verdadero “protocolo antipiquetes” con raigambre constitucional.

La “modernización y la adaptación” que se esgrimen para justificar la reforma son meros pretextos. El listado de propósitos aprobados por la Legislatura dice algo muy diferente. Para entender los objetivos de la reforma hay que ponerlas en un contexto histórico y político, que en este caso es el ajuste violento de Milei contra trabajadores y jubilados, y contra los derechos sociales y a favor del privilegio de los acreedores de la deuda pública. Es el contexto del rearme militar y guerra imperialista en que están comprometidos Trump, la Unión Europea, Putin, China y varios poderes capitalistas más. Es el contexto de la decadencia capitalista y de la fascistización de sus fuerzas políticas. Ahora mismo, en Estados Unidos, Elon Musk está en una guerra abierta contra los derechos sociales y políticos de los trabajadores norteamericanos, incluidos derechos históricos a la atención médica y a la salud. Que el kirchnerismo avance con Pullaro en esta reforma tampoco debería sorprender, porque Kicillof aplica su propio ajuste en la provincia de Buenos Aires y ha declarado ilegal la recientes huelga de las seccionales docentes de SUTEBA.

Con la reforma en el bolsillo, el gobernador se ha sincerado: el ajuste fiscal, proclamó, será una norma constitucional. Habla de establecer en la Constitución el “equilibrio fiscal” a sabiendas que ese objetivo no se aplica a los capitalistas y a los ricos, sino que es una contraseña contra el salario, los servicios de educación y salud, y el empleo. Ahora mismo Pullaro ha negociado un préstamo de Arabia Saudita, con el aval de Caputo, para financiar a grandes constructoras, sin que la deuda pase por las cuentas del Tesoro santafesino, mediante un fondo especial extrapresupuestario. Pullaro tiene toda la intención de violar el “equilibrio fiscal” con fondos paralelos, mientras lo usará para imponer el congelamiento de los ingresos populares y los despidos de personal ‘superfluo’.

La garantía fiscal no viene acompañada de la garantía al trabajo, al salario mínimo que cubra una canasta familiar ni a una jubilación del 82 por ciento. Es una Constitución “garantista” para los patrones y arbitraria para los trabajadores.

Los trabajadores debemos repudiar esta reforma, que no es más que la generalización de la reforma previsional provincial ya impuesta por Pullaro, que corta derechos irrenunciables de los trabajadores del Estado. El tope fiscal de Pullaro ordena toda la economía de la provincia en perjuicio de la clase obrera y los trabajadores.

Pero hay mucho más en el paquete, porque se anuncia poner la “ficha limpia” en la Constitución. Esto significa privar de los derechos políticos a quienes no han recibido una condena definitiva (solo parcial) en sede judicial. En una provincia donde el entrelazamiento entre la Policía, la Justicia y el poder político es manifiesto, la “ficha limpia” es un arma de proscripción del adversario político. Pullaro, como se ve, no quiere ‘actualizar’ la Constitución del 62 sino constitucionalizar normas de un régimen político de excepción.

En un compendio de las declaraciones de prensa del gobernador y de los políticos que reclaman esta reforma, aparecen cosas graves. La militarización de los barrios, por ejemplo; un régimen carcelario de castigos y no de reconstrucción personal. En la reforma han metido mano no solamente Patricia Bullrich sino Bukele, quien ha convertido a El Salvador en una gran cárcel. Pullaro hace abstracción de la complicidad del poder con el narco. Hace abstracción de la Hidrovía como canal de la droga; de los puertos privados. Pullaro y los partidos que lo acompañan se ‘olvidan’ del juego, una gran caja fuera de control, que habilita el blanqueo de dinero en gran escala. Ninguna casa de juegos se ha pronunciado contra la reforma; para los que envenenan a la juventud, la reforma constitucional es ‘indolora. Pero no hay una verdadera autonomía política para los municipios, como pretenden los partidos de este régimen, cuando los puertos de esas ciudades están manejados por los cómplices de los traficantes o los mismos traficantes. La militarización es siempre un arma contra las libertades y la democracia. El nido de la inseguridad ciudadana es el régimen político y social.

“No habrá una Constitución garantista”, proclamó el ‘proge’ Pullaro, sin siquiera advertir la traición de su subconsciente. La Constitución como tal es, históricamente, sinónimo de garantías; Pullaro quiere inscribir en ella el Código Penal agravado. Una versión dice que propondría que se establezca que el Jefe de Policía, como ocurre con jueces, sea designado por la Legislatura, a propuesta del Ejecutivo. Sería un Cuarto Poder. Este es el proyecto que impulsan los dos tercios de la Legislatura, con disidencias menores. El Estado seguirá siendo “neutral” en materia religiosa, lo cual no quiere decir que se supriman los subsidios a la Iglesia y las escuelas confesionales. Los “40 puntos” a reformar abundan en garantías a los capitalistas y su poder despótico. Nada aportan a los trabajadores.

Por último, recogiendo la peor tradición nacional se establece un piso electoral, para los partidos legalmente reconocidos, como el nuestro Política Obrera, del 2.5% sobre el padrón electoral. Con una concurrencia del 70%, este porcentaje se convierte en un 4% sobre el total de votantes. El piso es un peaje dolarizado de esta ‘democracia’.

Nuestro partido, Política Obrera, lanza con esta declaración una campaña política de clarificación, con el propósito de organizar un gran partido de la clase obrera, que nos prepare a los trabajadores, para conquistar nuestro propio gobierno.