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El debate nacional sobre la crisis de inseguridad, asesinatos, femicidios y desaparición de personas, se encuentra totalmente falseado.
Mientras en Salta el aparato del Estado está infiltrado por todos los poros por el negocio del narcotráfico, con la complicidad de jueces y fiscales, el poder político y las fuerzas de seguridad, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, quiere que creamos que él y sus funcionarios, y Bullrich, podrán ofrecer una solución.
El consumo de estupefacientes y alcohol entre los jóvenes y la población se ha propagado en los últimos años como un alud, según los especialistas. A la par, el gobierno de Milei favorece el narcotráfico, la trata de personas y la delincuencia económica, mediante el blanqueo de capitales y criptoestafas en beneficio personal y el desarrollo descomunal del juego de azar y apuestas sobre todo lo que se mueva. El beneficio económico del capital se entrelaza cada vez más con el ejercicio parasitario de la economía y, como cualquiera puede ver, la guerra y los gastos armamentistas
En el otro lado del escenario crecen la pobreza y deserción escolar, y disminuyen las posibilidades de un empleo digno, protegidos por el derecho laboral; los salarios no cubren la canasta familiar o incluso básica.
Las escuelas no cuentan con gabinetes psicopedagógicos ni existe acceso al sistema de salud pública, psicológico y general. Milei ha ordenado que se pase la motosierra a estas atenciones fundamentales, pero no a la infame deuda pública financiera. Los jóvenes abandonan el secundario para trabajar, y cuando lo obtienen, uno de cada dos lo hace de manera precaria.
En los barrios las familias viven hacinadas, con dos y hasta tres familias en una misma vivienda. Los alquileres son inviables; los requisitos para el ingreso son excluyentes. Los planes que habilitó Sáenz, cubren la necesidad de vivienda una ínfima porción de la población– la que tiene ingresos superiores a los tres millones mensuales.
La solución de Sáenz es militarizar la frontera y las barriadas con el "Plan Güemes", bajar la edad de imputabilidad para los jóvenes y endurecer penas. Es una política para encubrir su responsabilidad directa por la inseguridad ciudadana, que es resultado del enriquecimiento ilimitado un puñado de ricachones y del empobrecimiento de la masa de los pueblos.
Las ‘razzias’ de la policía en los barrios, el "gatillo fácil", los asesinatos como el de Lucas Mercado, en las puertas del Hospital Ragone, cuando pedía ayuda, exponen la naturaleza criminal de la política oficial. Construir una ciudad carcelaria y combatir la lucha por un mundo de igualdad y libertad.
Las zonas que se ‘liberan’ para robos y el paso y comercialización de droga viene desde las comisarías, y de la conexión de las fuerzas de seguridad con la delincuencia organizada.
La represión está puesta contra el delito individual, no del delito organizado que respaldan poderosas organizaciones capitalistas.
Para salir de esta situación es necesario un gobierno de trabajadores, no de aprovechadores.
Un gobierno de trabajadores garantizará trabajo genuino e ingresos adecuados a la población trabajadora.
Apoyará la educación desde la cuna hasta la tumba y alfabetizará a la población sin adecuada formación escolar.
Atenderá prioritariamente a los barrios, con luz, pavimento y servicios básicos, y la reforma y construcción de viviendas.
En cuanto al combate al delito organizado, ordenará la apertura de las cuentas de bancos y compañías, anulará el secreto comercial y financiero, investigará la deuda pública financiera y las conexiones bancarias y empresariales que la promovieron.
En cuanto a la complicidad del Estado capitalista con el delito y la inseguridad ciudadana, pondrá a todo el Poder Judicial en comisión, como paso previo a la elección popular de jueces y fiscales.
Pondrá a votación un nuevo Código Penal y de Procedimientos, para combatir la impunidad de los grandes capitalistas y el hacinamiento en las cárceles de un contingente enorme sin proceso. No bajará la edad de imputabilidad a los 14 años, sino que la subirá a los 18 años. La condena penal no debe ser un castigo sino para reintegrar a los condenados a una vida social igualitaria y libre.
Establecerá el derecho a la revocación de los cargos públicos, electos y no electos, por medio del voto.
En cuanto a la seguridad y libertad ciudadana, reemplazará a las llamadas fuerzas de seguridad por organizaciones responsables ante sus distritos y jurisdicciones. A nivel nacional establecerá un directorio electo por los representantes del pueblo, con derecho a la revocación. Expulsará del país a los servicios de espionaje de los Estados imperialistas.
Ante la ofensiva desatada por las patronales contra los trabajadores, planteamos:
-Reparto de las horas de trabajo, público y privado, sin afectar el salario.
-Acceso pleno a la salud pública, reequipamiento de salitas y hospitales, pase a planta de los trabajadores tercerizados y monotributistas, salario inicial igual al costo de la canasta familiar.
Política Obrera
