Bahía Blanca: crónica de una inundación anunciada

Las inundaciones en Bahía Blanca han captado la atención de todos los trabajadores. Es que el nivel de destrucción y daños que dejó el torrente de agua, que todavía yace estancada en varios barrios y localidades del distrito, es el más nocivo desde hace por lo menos 12 años, cuando las inundaciones de 2013 azotaron el AMBA y la ciudad de La Plata. En Bahía, todavía hay más de 500 evacuados y se registran, hasta ahora, 16 fallecidos y 100 desaparecidos. En las últimas horas ha circulado profusamente por los medios de comunicación “opositores” algo harto conocido: que las inundaciones pudieron ser evitadas. Es que hace varias décadas ya que profesionales y científicos vienen alertando acerca de la necesidad de realizar obras pluviales y de contención de agua.

Bahía Blanca tiene serios antecedentes de inundaciones, que llevan más de un siglo. Esto ha dado lugar a investigaciones al respecto como la del Conicet, de la geógrafa Paula Zapperi, muy citada en estos días. Allí, en base al análisis de mapas de la ciudad, y de las planificaciones urbanas del municipio a lo largo de varios años, se concluye que las características topográficas naturales, la saturación de los desagües pluviales y las modificaciones provocadas por el crecimiento urbano, son las causas fundamentales del aislamiento de distintos sectores de la ciudad e, incluso, de su evacuación, durante los fenómenos meteorológicos de lluvias torrenciales. Bahía Blanca se encuentra en la base del desagüe del Arroyo Napostá y del canal Maldonado, cuya naciente se encuentra en el sistema de la Ventania. Según este estudio, un trabajo serio y coherente, implica la liberación de zonas naturales de inundación, lo que significa la relocalización de barrios enteros. pero este no es el único alerta. Otros medios mencionaron que es un consenso académico, que incluye a la UNS y la UTN, la idea de que son necesarias obras hidráulicas de relevancia para contener este tipo de eventos excepcionales. Desde la década de 1980, varios ingenieros han alertado al municipio acerca del peligro de que un evento con caída de grandes cantidades de agua podría derivar en un desastre. En estos casos, se ha propuesto un dique de contención en Puente Canessa, que retenga el excedente de agua. Otros han hablado de medidas menos onerosas, como la remoción de las líneas ferroviarias que limitan el cauce del Arroyo Napostá. Lo que todo esto deja claro, es que la posibilidad de un evento meteorológico con grandes caídas de agua que transformen a la ciudad en una trampa mortal, ya han estado presentes en la cabeza de los bahienses hace mucho tiempo y que las alternativas de solución estuvieron largamente propuestas al municipio, por lo menos, desde hace 40 años.

No sólo el conocimiento científico-técnico ya estaba largamente disponible. El Estado provincial hace largos años que viene trabajando lo que se llama “riesgo hídrico”. La Autoridad del Agua, organismo dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, hace mucho tiempo ha confeccionado lo que llama un “mapa de pendientes”. Ese mapa contiene una paleta de colores que va del verde al rojo para indicar los diferentes riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos asociados a las lluvias. La región de Bahía Blanca aparece pintada de color rojo, lo que indica que es una zona de riesgo por “flujos de tipo torrencial”. Este tipo de lluvias abundantes no son “imposibles” como dijo el gobernador Kicillof, aunque se cuidó de usar, para matizar este adjetivo, la palabra “estadísticamente”. Esto porque la ciudad se encuentra en medio de dos masas de aire -las cálidas provenientes del ecuador, y las frías provenientes de La Antártida. Es por este motivo, y por otra constante en la ciudad, que es la falta de agua, que en 2001 se conformó la Autoridad de la Cuenca del Sauce Grande, que tenía como objetivo reunir a los municipios que fueran atravesados por la misma para “gestionar” los problemas de la cuenca. Que este organismo nunca funcionó, lo prueba un pedido de informes hecho por la Coalición Cívica a la Cámara de diputados de la provincia en 2013, en ocasión del año de las inundaciones. Este pedido intimaba a la provincia a dar muestras de que estuviera operativo. El año pasado la “Autoridad de la Cuenca” se reactivó y se designó como su presidente al flamante intendente de Bahía Blanca Federico Susbielles. La reactivación, que se produjo seis meses después del desastre de diciembre de 2023, nunca ponderó la puesta en marcha de las obras pluviales; “nunca pensamos que esto iba a pasar, porque a Bahía le falta agua, no le sobra”, decía el gobernador en una extendida entrevista el sábado por la noche en C5N. El intendente, según lo transmitido por los medios, en aquella ocasión, tampoco tuvo como norte la exigencia de esas obras.

Cuando Kicillof habló de imposibilidad, dió la razón a los temores de varios bahienses, cuando sospechaban que las obras nunca se harían porque tenían como objetivo prevenir un evento meteorológico excepcional: “no vamos a gastar una millonada en algo que tal vez nunca pase”... Así piensan los gobiernos del capital. Todo esto significa que, a lo largo de cuarenta años, y habiendo gobernado la provincia todos los partidos patronales, ninguno de ellos hizo nada para avanzar en la solución concreta del replanteamiento de las obras pluviales y/o de la ciudad. Es decir, el Estado, no hizo nada para evitar este desastre.

¿Quién paga los platos rotos?

En una conferencia dada el domingo, el intendente Susbielles puso un piso de cuatrocientos millones de dólares a la estimación de daños de la ciudad. Aunque el agua todavía no bajó, el municipio ha enumerado una larga lista de infraestructura dañada o destruida totalmente, como por ejemplo la destrucción total del Canal Maldonado, la rotura de caños de gas, infraestructura del servicio de electricidad, aguas y caminos y de la infraestructura sanitaria, totalmente diezmada. Se estima que el 70% de la población ha sufrido daños, que consisten en la pérdida total o parcial de viviendas, vehículos y pertenencias de uso cotidiano. Todavía hay localidades como Ingeniero White o Cerri en las que aún no ha bajado el agua. Es conocido también el alto nivel de contaminación de los arroyos y canales como consecuencia de la actividad de la industria química. Las consecuencias del contacto de la población con estos fluidos aún están por verse. Esto requerirá un monitoreo exhaustivo del estado de salud de los vecinos. Aún no se ha dicho si la infraestructura industrial fue dañada también. Anticipándose al anuncio de este monto aproximado de reparación de daños, en la noche del sábado, en una extendida entrevista en C5N, el gobernador Kicillof reclamó al gobierno nacional que “ayude” y se refirió a los fondos ATN (Asistencia del Tesoro Nacional), que se forman con la retención de un porcentaje de la coparticipación de cada provincia para ser utilizado en caso de problemas presupuestarios o emergencias de las mismas. El gobernador habló de un fondo acumulado de 900.000 millones de pesos, que plantea que la nación “no les puede negar”. El gobierno viene negando fondos a las provincias desde sus inicios. Lo que Kicillof quiso decir con su perorata de 30 minutos al aire, fue que, si el gobierno nacional no pone la plata, la provincia no lo va a hacer. Es lo que hizo con el FONID: mientras despotricaba contra el “antiestatismo” libertario y el abandono a las provincias, de otro lado, le trasladó el recorte de esos fondos al salario de los docentes. Si Kicillof tuviera una consecuente política estatista, asumiría el gasto, por ejemplo, con un impuesto extraordinario al gran capital sojero. En cambio, el gobernador se la ha pasado exaltando los valores solidarios de los trabajadores, que sí han asumido, dentro de sus posibilidades, el costo de la provisión de víveres a sus compañeros de clase en Bahía Blanca. En Constitución, los mismos obreros que saltan el molinete, y que iban o volvían a y de su lugar de trabajo, dejaban lo donaciones en masa. El gobernador reivindica para su política, un valor de clase que le es ajeno, porque, en todo caso, el único presupuesto que puede llegar a facilitar para la reconstrucción, se destinará a recomponer la infraestructura que afecta a los negocios del capital, no las pérdidas de los trabajadores bahienses.

La reacción del sábado por la noche se debió a la maniobra del criptoestafador Caputo, quien ofreció una limosna, 10.000 millones de pesos. El ministerio de Caputo, absorbió el área de obras públicas, justamente con el fin privatizarlas. El negocio gigantesco de estas obras, que han sido recortadas a cero, en manos de privados, busca “eficientizar” el gasto, que en el lenguaje de los capitalistas significa que no se hará ninguna obra que no redunde en negocios para el capital. Con esta lógica la infraestructura de barrios, hospitales y escuelas públicos, están fuera del radar. Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, que posteó todo el día sábado para anunciar el envío de solo 20 toneladas de “insumos” (?) ha actuado como la presidenta de una organización de beneficencia, no como ministra. Sucede que toda la política del gobierno nacional está orientada a “colaborar” (con una limosna) y no a la recuperación de la ciudad. La ministra Bullrich fue el blanco de la bronca de los bahienses por este desprecio. A diferencia de su aparición en El Bolsón, en ocasión de los incendios, donde se mostró sin tapujos con el gobernador Weretilneck, la Ministra Bullrich no quiso aparecer, para los medios, junto al gobernador Kicillof. Ha habido una similitud, sin embargo, en el tratamiento que el gobierno liberticida dió tanto a la crisis ígnea de los bosques patagónicos como ahora, a la crisis desatada por las inundaciones en Buenos Aires: su único “aporte” ha sido el de la logística proporcionada por las Fuerzas Armadas. El Ministro Francos ha dicho que no se pondrá un peso más, y que quien debe afrontar los costos es la provincia. Intuyendo este desprecio, es que los trabajadores tiraron a Patricia Bullrich al agua –“mojate como nosotros”. La ministra debió haber seguido su instinto de clase (burguesa) en El Bolsón, que le aconsejó no caminar por los barrios afectados por los incendios. A pesar de esto, no se privó de hacer gala de sus virtudes de provocadora, afirmando que el servicio meteorológico, no había dado las alertas, cuando unas horas antes del diluvio, el municipio suspendió las clases, justamente sobre la base de las alertas. La actitud de Bullrich delata a un gobierno reaccionario, que bajo el discurso del negacionismo climático ha desmantelado todas las estructuras cuyo objetivo era colaborar en el conocimiento del problema ambiental, la elaboración política y el abordaje de desastres. El gobierno está liquidando los servicios meteorológicos, satelitales, de manejo del fuego y de atención a los damnificados; también ha cortado becas y presupuesto al área de ciencias sociales dentro del CONICET y censura todos los trabajos que refieran al cambio climático, como el que alertó sobre las inundaciones de la ciudad.

Tampoco se privó de atacar a las organizaciones sociales y políticas de los barrios, acusándolos de su bien merecido baño. Donde el gobierno liberticida pisa, destila veneno contra los trabajadores.

¿Cómo superamos las riñas de los de arriba?

La disputa entre el gobierno nacional y el provincial se produce porque ninguno quiere pagar los costos de la reconstrucción. La pelea se volverá más encarnizada cuánto más presione la burguesía industrial y exportadora, que está exigiendo obras. En todo caso, el gasto que se haga no irá a parar a la reconstrucción y puesta a punto de barrios populares, escuelas y hospitales públicos. El gobierno liberticida volverá a dejar a los trabajadores librados a su suerte, de la misma manera que lo hará el gobierno provincial, invocando su impotencia. Si esto prosigue así, los trabajadores y la infraestructura que hace a su calidad de vida (vivienda, salud y educación) se verá diezmada y saldrán de la inundación más pobres que antes de ella.

Pero los trabajadores bahienses y alrededores ya saben esto. Los instintos de la clase obrera están muy bien calibrados, solo hace falta darles una orientación política, señalar un camino de salida al impasse. Hay organizarse y movilizarse para arrancar todo el presupuesto necesario para la asistencia a los damnificados, durante la etapa de emergencia y en la reconstrucción.

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