Oncólogos refutan las mentiras del Gobierno para disolver el Instituto Nacional del Cáncer

Bajo la excusa de supuestas irregularidades y funciones duplicadas con otros organismos, el ministro Mario “Prepagas” Lugones anunció el cierre del prestigioso Instituto Nacional del Cáncer (INC). La Ley 27.285, sancionada en 2016, le había dado al organismo el estatuto de un ente descentralizado y autárquico dentro del Ministerio de Salud, lo que le otorgaba autonomía funcional, administrativa y financiera, con el objetivo de disminuir lo que es la segunda causa de muerte en la Argentina. Ahora, el Ministerio de Salud aseguró cínicamente que “absorberá” sus funciones para “mejorar el control” y cumplir sus tareas “de manera más eficiente”.

Desde que esta decisión fue adoptada la semana pasada, médicos oncólogos, investigadores especializados, organizaciones de pacientes y familiares y delegados de los trabajadores del INC se han dedicado a refutar la maraña de mentiras vertidas por el ministro-empresario de Milei. El comunicado del liber-prepago afirmaba, por ejemplo, que la tarea del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer (SIVER) dependiente del INC estaba duplicada con la función que ya realiza la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica. A través de una carta pública, la Dra. Gisel Fattore, excoordinadora del SIVER despedida el 31 de enero pasado, denunció que esto es completamente falso.

La médica especialista explicó que el SIVER permite gestionar datos sobre el cáncer a través de un Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA) creado por el INC, que pone a disposición de los hospitales una plataforma web para cargar datos de manera sistemática y acceder a la información de los pacientes. Estos registros complejos cuentan con un sistema de codificación propio (CIE-O; TNM) y no son de notificación epidemiológica obligatoria. Solo gracias a ellos es posible un monitoreo específico que genera información para programas de prevención (cáncer de mama, cuello uterino y colorrectal), estrategias de abordaje, tratamiento e investigación científica. El SIVER, a su vez, ofrece múltiples cursos de capacitación para profesionales y residentes en Epidemiología del Cáncer y permite contar con datos actualizados de mortalidad por cáncer a nivel nacional y para todas las provincias.

El golpe final al INC se produce tras el desmantelamiento, el mes pasado, de lo que fuera el Programa Nacional de Cuidados Paliativos. La médica Mariana Pechenik, referente del área, afirmó en sus redes sociales que “los cuidados paliativos argentinos estamos de luto” y explicó que este programa aseguraba la provisión de morfina y metadona a las 24 jurisdicciones del país para apoyar el tratamiento del dolor severo por cáncer, indispensable en las provincias con menos recursos, a la vez que se dedicaba a formar profesionales y equipos interdisciplinarios especializados en cuidados paliativos a través de becas, cursos y asesorías. Pechenik denunció que 6 de los 8 integrantes del programa fueron despedidos y que el Gobierno decidió suspender las compras de opioides, lo que implica abandonar al dolor y la muerte indigna a los pacientes que no cuentan con otra cobertura.

Por su parte, la Dra. Carolina Reinhardt, miembro de la Asociación Argentina de Oncología, señaló la función trasversal del INC desde la oncología pediátrica a la de adultos, cumpliendo tareas fundamentales en la capacitación de profesionales en relación a los estudios a realizar para cada tipo de cáncer, la lectura de imágenes y la elaboración de informes. La médica especialista destacó la “red de asesoramiento a nivel nacional para el personal de salud, médicos, enfermeros, técnicos vinculados a la oncología, personal de farmacia” sostenida por el INC y denunció que ahora “esa función no la va a cumplir nadie”.

En el mismo sentido se pronunció el científico Daniel Gómez, director del Centro de Oncología Molecular y Traslacional (COMTra) de la Universidad Nacional de Quilmes y exdirector del INC, quien sentenció en una carta pública que “lo que está en juego no es una estructura administrativa, sino vidas”. Gómez argumentó que disolver el INC dentro de la Dirección General de Enfermedades No Transmisibles representa un desconocimiento absoluto de la complejidad de esta enfermedad, que requiere “un enfoque integral, con equipos especializados, infraestructura dedicada y financiamiento específico”. Para este investigador especialista en cáncer, “equipararlo a otras patologías, como la diabetes o la hipertensión, ignora su impacto devastador y la necesidad de estrategias particulares” y afirmó que los más golpeados serán los pacientes más vulnerables: “¿quién garantizará ahora que estos pacientes sigan recibiendo su medicación y sus terapias sin obstáculos burocráticos adicionales?”, inquirió.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) denunció que en 2024 murieron 60 personas debido a la interrupción de tratamientos oncológicos provocada por la falta de medicación proporcionada por el Estado. Esto se debió a la decisión de Milei de paralizar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que era la entidad encargada de distribuir medicamentos de alto costo a los pacientes que los necesitaban. Así, más de mil pacientes oncológicos y con enfermedades raras vieron frenados los tratamientos que les permitían sobrevivir. Organizaciones de pacientes y familiares llevaron el reclamo a los tribunales y en diciembre pasado el juez Marcelo Bruno Dos Santos emitió un fallo que obligaba al Gobierno a resolver los pedidos y subsidios demorados, entregando los medicamentos de manera inmediata. Sin embargo, el 3 de enero el Ejecutivo apeló el fallo, argumentando que las provincias debían asumir la responsabilidad y que las asociaciones de pacientes no tenían legitimidad para reclamar.

En relación a la situación de los trabajadores, Tomás Rodríguez, delegado de ATE en el INC, denunció que fue despedido un tercio del personal del organismo. Desde el 31 de diciembre de 2024 los contratos no fueron renovados y hay trabajadores a los que les adeudan ya tres meses de sueldo. Rodríguez subrayó además el fuerte desfinanciamiento, con un presupuesto que se viene prorrogando sin aumentos desde 2023, e insistió en que la vigilancia epidemiológica del cáncer no tiene los mismos parámetros que la epidemiología en términos generales y que “en el Ministerio no hay ninguna otra área que trabaje cáncer”.

El desmantelamiento del INC se produce junto a los recortes de medicamentos a jubilados, de las prestaciones en discapacidad y a los 1400 despidos que golpearon a los hospitales Posadas, Bonaparte y Sommer y a las estructuras del Ministerio de Salud de la Nación, que en las últimas semanas fue noticia por la renuncia masiva de médicas y médicos que se desempeñaban en la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) [https://politicaobrera.com/13689-renuncias-masivas-de-medicos-en-el-ministerio-de-salud] y denunciaron que fueron privados de las condiciones para cumplir con sus responsabilidades y tareas.

Estamos ante un golpe a las posibilidades de vida de las masas cuando crecen los casos y muertes por tuberculosis, se desarrolla un brote activo de sarampión y hepatitis A y Brasil atraviesa una epidemia récord de dengue con más de 400.000 casos y 160 muertes en 2025 y la reaparición del virulento serotipo 3 (DENV-3), que según la OPS amenaza con expandirse por Latinoamérica. La liquidación de la salud pública en este contexto, para promover su completa privatización y arancelamiento, representa una política de eugenesia social contra los sectores más explotados de la clase obrera. Un estudio en Estados Unidos, donde Trump está promoviendo un desguace similar, calculó que, durante la pandemia, el Estado yanqui se “ahorró” 300.000 millones de dólares en jubilaciones gracias al “exceso de muertes” que provocó la política criminal de “libre contagio”.

La conclusión que se deriva de este panorama devastador es muy clara: es necesario sacar de inmediato las garras de estos enfermadores seriales y de los parásitos financieros a los que representan, de la salud pública, sus hospitales y trabajadores. Nacionalizar el conjunto del sistema sanitario bajo el control y la gestión de médicos, profesionales y pacientes, sin resarcimiento a sus vaciadores capitalistas, es una medida de autodefensa indispensable para proteger la vida y la salud de la clase obrera.