OSPRERA: la obra social de los trabajadores rurales deja a la deriva a sus afiliados

Tras el fallecimiento José Alfredo Garavento, un extrabajador rural y paciente oncológico, la dirección de UATRE denunció penalmente al ministro de Salud, Mario Lugones, al superintendente de Servicios de la Salud, Gabriel Oriolo, y a Marcelo Petroni, actual interventor de la obra social OSPRERA designado por un decreto de Javier Milei, por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, y abandono de persona seguido de muerte.” (Clarín 17/03)

Garavento fue diagnosticado de cáncer de colon en 2020, por lo que comenzó un tratamiento de quimioterapia y fue sometido a una cirugía. Luego de tres años, los médicos detectaron que el cáncer se había hecho presente nuevamente y determinaron que debía retomar el tratamiento, que efectivizó a comienzos de 2024, con la provisión de las aplicaciones por parte de OSPRERA.

La ya maltrecha obra social de los trabajadores rurales por los desmanejos de la burocracia sindical, en octubre de 2024, sufrió un nuevo golpe con la intervención dispuesta por el gobierno liberticida, poniendo al frente de la misma a Marcelo Petroni, quien dispuso la interrupción del tratamiento de Garavento y el rechazo a acceder a la medicación para poder seguir adelante con el tratamiento necesario. Petroni llegó a ser interventor de OSPRERA de la mano de Martin “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la secretaría general de la Presidencia, un subordinado de Karina Milei. El gobierno liberticida, que no tiene ningún interés en solucionar los problemas de funcionamiento de las prestaciones de salud, intervino la obra social de los trabajadores rurales y estibadores a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, a partir de los desmanejos de la burocracia sindical, que mantenía “una deuda prestacional de casi 44.000 millones de pesos y 172 acciones judiciales iniciadas por incumplimientos de prestaciones y 16.410 reclamos de beneficiarios solamente en el ejercicio 2022/23.” (Bichos de Campo 21/08/2024)

El caso de Alfredo Garavento no es un hecho aislado, sino que, muy por el contrario, el abandono de pacientes que cursan enfermedades por parte de la intervención se ha convertido en la regla. Desde la dirección del gremio sostienen que son “cientos los casos de trabajadores rurales que a partir de la intervención del gobierno a la obra social sufren de cortes masivos en sus tratamientos. Son pacientes graves oncológicos HIV, hemofílicos, que se encuentran en riesgo por la falta de cobertura.”

En la Argentina las obras sociales de los sindicatos cubren a 15 millones de trabajadores y son la confesión de parte de que “la ausencia de una garantía de salud pública que debería cubrir el Estado es suplida por la organización de los trabajadores. Las obras sociales sindicales [se han convertido en el principal resguardo de la vida misma del trabajador y su familia”](https://politicaobrera.com/12781-la-crisis-de-las-obras-sociales-un-problema-de-toda-la-clase-obrera

La situación que atraviesan las obras sociales de los sindicatos pone en el centro de la escena la recuperación de las mismas por parte de los trabajadores, “para terminar con el desguace y el vaciamiento orquestado en todos estos años por la burocracia y el Estado.” En este ángulo de acción las reivindicaciones de los trabajadores contra la política criminal del gobierno liberticida, que cuenta con la anuencia de la burocracia sindical, deben comenzar planteando la apertura de los libros contables y reclamar por directorios electos por los afiliados; por un Programa Médico Obligatorio (PMO) universal e integral que se cubra con el aumento de los aportes patronales; el pase a planta de los precarizados y el blanqueo de todas las sumas en negro, que recompongan los ingresos de las obras sociales y por un aumento en el presupuesto de salud pública que garantice una calidad de vida del conjunto de los trabajadore.