Tiempo de lectura: 4 minutos
La difícil situación que atraviesa el SUTNA respecto a su obra social amerita una compresión más acabada del papel que juegan los sindicatos y la despótica injerencia del Estado sobre las obras sociales sindicales.
Las obras sociales de los sindicatos cubren en la actualidad a 15 millones de beneficiarios. Quedan cubiertos en materia de atención a su salud y la de su familia al ingresar al mundo laboral registrado, sin distinción entre si tienen enfermedades preexistentes, si tienen una persona con discapacidad en el grupo familiar o cuántos hijos tiene. Todos, absolutamente todos, están cubiertos con el aporte del titular. Esto no tiene punto de comparación con ninguna de las coberturas sociales de los trabajadores en Latinoamérica. La ausencia de una garantía de salud pública que debería cubrir el Estado es suplida por la organización de los trabajadores. Las obras sociales sindicales se han convertido en el principal resguardo de la vida misma del trabajador y su familia.
Las obras sociales tienen su “punto débil” en su dirección, pues están dirigidas por la burocracia sindical que desde siempre ha escapado al control democrático de las mismas. Al manejar en los grandes gremios importantes fondos de dinero, han sido ellos y el propio Estado los que han metido la mano en las obras sociales.
En los años 90, bajo el menemismo, el gobierno impulsó la llamada “desregulación”, por la cual casi 5 millones de beneficiarios derivaron sus aportes de la obra social a la medicina prepaga, debilitando a la primera. A partir de 2002, se incrementaron los aportes al fondo solidario de redistribución de las obras sociales sindicales, pero en lugar de distribuirse y favorecer a las mismas, el Estado les "incautó", entre 2003 y 2015, el equivalente a 5 mil millones de dólares. A partir del año 2000, las obras sociales sufrieron otro golpe con la creación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que incorporó a más de 2 millones de monotributistas, con aportes muy por debajo del promedio de los trabajadores formales, que siguió agravando el estado de las finanzas de las obras sociales.
La llamada flexibilizacion laboral ha producido estragos en las obras sociales. Los trabajadores rotos se incrementaron violentamente y la asistencia a personas con discapacidad, cuya obligación de cobertura recae en las obras sociales nacionales, tuvo un enorme crecimiento. Actualmente esto consume casi el 70% de los recursos del fondo solidario de redistribución.
Los recursos con los que se financian las obras sociales provienen de los aportes y contribuciones de los trabajadores. El Estado jamás derivó fondos del Tesoro a las obras sociales. Aun durante la pandemia, los subsidios que recibieron las obras sociales por caída de los aportes provenían de un fondo especial creado por el DNU 908/2016.
La política de la burocracia sindical ha sido la fusión y alianza empresarial con las grandes patronales del sector privado de la salud, algo que explica por qué Héctor Daer, de ATSA, sea titular de la CGT.
Esta alianza con la medicina privada ha avanzado en el vaciamiento y desfalco de las obras sociales y ha promovido el cobro compulsivo de aranceles y copagos a los trabajadores. Ha disparado un proceso de liquidación de las obras sociales como sistema obrero solidario para la transferencia de recursos de los trabajadores a las arcas personales de clanes y familias de la burocracia sindical, devenidos en empresarios de la salud.
La actual caída del empleo afecta de lleno las finanzas de las obras sociales. El Estado les adeuda fondos y el cuadro de enfermedades complejas aceleran la definanciación de las mismas. Ningún sindicato pequeño puede sostener solo una obra social que dé respuesta integral a las enfermedades oncológicas ni a los estudios y remedios de las mismas. Frente a este hecho consumado, el gastronómico Barrionuevo y el operador político histórico de los radicales, el “Coti” Nosigila, han armado su propio "fondo de obras sociales", al que asociaron a una treintena de pequeños gremios, uniendo sus aportes con un beneficio para los trabajadores –y un particular beneficio para ellos, pues están asociados a grandes empresas de la salud con aparatologia moderna que cubre necesidades básicas que no pueden obtenerse solas. Barrionuevo se ha enriquecido con su iniciativa "social". Un sindicato pequeño como el gastronómico ha armado un imperio de atención con hoteles cinco estrellas, casino privado incluido, sin control alguno de los afiliados. No es casual, en este marco, el peso que Barrionuevo tiene dentro de la propia CGT,
El SUTNA es un sindicato que no integra ninguna central obrera y que cubre los gastos de su obra social en soledad, con prepagas de baja puntuación en cuanto a aparatologia porque la cantidad pequeña de afiliados que reúne no le permite abordar costos mayores, con el agravante de que los despidos masivos en las tres principales fábricas del gremio está disminuyendo seriamente el aporte a la prestadora, lo que compromete el cumplimiento de la atención social, causante de la actual crisis entre sus trabajadores.
La directiva del SUTNA ha tomado las críticas de los trabajadores como un ataque a su dirección, cuando el problema debería dar paso a una lucha de conjunto para que no se arrebaten derechos vitales adquiridos, lo que plantea como primer punto una campaña por la consigna “Fuera las manos del gobierno sobre las obras sociales”, y plantea más que nunca la recuperación de las obras sociales por los trabajadores, para terminar con el desguace y el vaciamiento orquestado en todos estos años por la burocracia y el Estado.
Una asamblea general debería aprobar: la apertura de los libros de su propia obra social y la elección de directorios electos por los afiliados; la cobertura plena de un PMO universal e integral que se cubra con el aumento de los aportes patronales; el pase a planta de todos los precarizados con el mejor convenio de la actividad y el blanqueo de todas las sumas en negro, para recomponer los ingresos de las obras sociales, la urgente triplicación del presupuesto de salud y reforzamiento del sistema sanitario bajo control de los trabajadores, para garantizar la mejor calidad de vida posible para la clase obrera.
La defensa de las obras sociales es parte de la lucha contra la política derechista de Milei y la oposición patronal y por la expulsión de la burocracia de los sindicatos.