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El municipio de Aguaray, perteneciente al históricamente saqueado y socialmente diezmado departamento petrolero de General San Martín, se encuentra hoy en día conmovido por el robo de caños de la faraónica obra inconclusa del Gasoducto NEA.
A principios de año, el recientemente electo intendente, Jorge “Quique” Prado, autorizó al empresario Alos, de la firma OSYPS SA, vinculado a La Cámpora, la extracción de decenas de caños de transporte de gas, valuados en 15 millones de dólares, que se encontraban en la localidad. La cobertura formal fue un plan de remediación ambiental sobre los vestigios de inconcluso gasoducto, aprobada por el Concejo Deliberante local en diciembre del año pasado. Por ello, el intendente fue imputado formalmente, junto a su secretario de hacienda, por delito de fraude por el fiscal general Eduardo Villalba.
Sálvese quien pueda
Todo indica que el Frente de Todos ha decidido soltarle la mano al intendente Prado. El “Oso” Sergio Leavy, presidente del Partido de la Victoria y ex candidato a gobernador por el FdT, se ha apresurado a desentenderse de su ex ahijado político, solicitando su castigo. Lejos quedaron los tiempos cuando lo promovía como una renovación de “sangre joven”. Otro kirchnerista, el diputado provincial Ramón Villa, ha salido a exigir la intervención del municipio. Por otro lado, el Concejo Deliberante, con mayoría del Frente de Todos, pero que responde al ex intendente Alcoba, se encuentra paralizado, “estudiando el tema”, o mejor dicho, estudiando cómo zafar de su propia responsabilidad.
Este operativo de deslindamiento tiene un alcance nacional, y la posta fue tomada por el portal periodístico de Horacio Verbistky, El Cohete a la Luna. Allí se afirma que afirma que el actual Ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, no habría autorizado el retiro de esos caños ni su mentada remediación ambiental. El portal periodístico termina por acusar al macrismo por paralizar todas estas obras desde diciembre de 2015 y por haber designado a un cuestionado juez, Martínez Frugoni, quien no investigó denuncias anteriores sobre este robo de caños.
El intento de “entregar” a Prado y su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, ha traído sus consecuencias. El abogado de este último denunció en los medios que tanto Leavy, como el ex diputado nacional y bolsonarista local, Alfredo Olmedo, estarían implicados en el robo de los caños. Leavy sólo atinó a responder que las acusaciones contra él encierran una manipulación política de los medios vinculados al gobernador Sáenz, lo que es una verdad que no lo exime de responsabilidades.
Crece la indignación
Tamaño escándalo ha agudizado la indignación popular en el municipio, alimentada por el cuadro de miseria social generalizado, el brote incontrolado de dengue -que terminó con la vida del doctor y ex intendente Darouiche hace un par de semanas- y por la absoluta indefensión del pueblo ante un eventual brote de covid-19 por el vaciamiento del hospital local.
Bajo esta misma ola de indignación, los trabajadores municipales han comenzado a reclamar un aumento salarial, el pase a planta permanente de los precarizados y la entrega de insumos de bioseguridad para desarrollar sus tareas, en el marco de la pandemia de coronavirus y la endemia de dengue, que es hoy gravísima. Por ahora, su reclamo es dilatado por el intendente en nombre de la crisis económica y política; mientras el burócrata de ATE, Fermín Hoyos, intenta subordinar la asamblea y el pliego de los trabajadores, a su “muñeca negociadora”.
El pueblo trabajador de Aguaray tiene ante sí todo un régimen de corruptelas capitalista en donde los políticos de los partidos patronales son su correa de aplicación. Las maniobras de intervención municipal o hasta la renuncia y reemplazo del intendente por el presidente del concejo, no buscan desarmar este entramado social sino encubrirlo. Lo mismo sucede con la justicia, que hasta ahora no ha investigado a fondo ni esta ni otras corruptelas. El reclamo de justicia ante este escandaloso caso sólo podrá desarrollarse consecuentemente bajo el impulso y actuación de una comisión investigadora de trabajadores y vecinos, electos y revocables.
Tampoco, el affaire Prado no puede desviarnos de la lucha por nuestras reivindicaciones urgentes. Desde el Partido Obrero de Aguaray, que forma parte de la Tendencia, llamamos a los compañeros municipales, a desocupados, a los que carecen de viviendas, a los trabajadores de la salud y a todo el pueblo trabajador, a desenvolver una fuerte deliberación, organizando asambleas en cada sector, en cada barrio y lugares de trabajo para discutir sobre nuestras propias reivindicaciones, ante las maniobras del gobierno nacional, provincial y municipal.
