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En el mes de marzo, en el marco de la reapertura del año escolar y frente a la negativa del gobierno a discutir salarios, la CTERA declaró “que la educación no se sostiene con imposiciones ni ajustes, sino con inversión y diálogo” (CTERA, 26/3), es decir un saludo a la bandera. CTERA se postraba frente al gobierno, desechando cualquier planteo de lucha o consulta a las bases docentes. Esto le permitió al gobierno de Javier Milei establecer por decreto el nuevo salario mínimo docente en $ 500.000 para el sueldo “testigo”, maestro de grado común, jornada simple y sin antigüedad. Un monto por debajo de la línea de pobreza, que no se supera ni siquiera trabajando en dos cargos.
El gobierno de Milei está llevando adelante una política sistemática de destrucción de la educación pública, arrasando con los derechos conquistados por los docentes.
La burocracia de CTERA y de los sindicatos docentes provinciales han colaborado para que esta política antieducativa avance, desorganizando cualquier atisbo de resistencia desde abajo, dando la espalda, aislando cualquier lucha provincial.
El salario mínimo docente nacional es un piso, las negociaciones paritarias son potestad de las provincias. En las provincias, las 24 asociaciones de base que integran CTERA -sindicatos docentes jurisdiccionales provinciales y de CABA- acompañan la política de sumisión de la CTERA, negociando aumentos miserables en la línea impuesta por el gobierno de Milei de otorgar aumentos mensuales del 1 o 2 %, o sea aumentos por debajo de la inflación.
El salario promedio, con el último aumento incluido, oscila entre los 650 y los 700 mil, apenas por encima de la línea de la indigencia, y cuando los propios datos oficiales de principio de abril colocan el nivel de un salario pobreza en 1.100.000, mientras que un salario que cubra el costo de la canasta familiar (alimentarse, vestirse, salud, alquiler, traslado, estudios, recreación, etc.), hoy supera los 2.000.000.
Es obvio, entonces, que los salarios docentes actuales no alcanzan para llegar a fin de mes, y es lo que explica que una franja muy importante de la docencia trabaje en dos e incluso muchos procuren llegar hasta tres cargos, o sea en estos casos jornadas de hasta 12 horas diarias, sin contar el tiempo extra que insumen las múltiples tareas complementarias de planificación y organización, preparación de clases, atención personalizada, capacitación, especialización, confección de libros de seguimiento, legajos, registros, proyectos, carteleras escolares y un largo etcétera. Tareas que quedan para hacerlas los fines de semana, cuando el docente tiene una familia que atender, cocinar, tareas de cuidado, limpieza, proveeduría.
Hoy, quienes tienen dos cargos, necesitan realizar tareas por fuera de la docencia y la mayoría de los docentes quienes tienen un cargo deben realizar trabajos de medio tiempo, o no formales, en comercios, vendiendo comida, tareas de cuidado o aplicaciones (Uber, Didi, etc).
En este escenario, ADOSAC (Santa Cruz) realizó un paro de 24 horas el jueves 8 de mayo en reclamo por el incumplimiento del acuerdo paritario, condiciones laborales críticas (el día del paro hubo docentes hospitalizadas por intoxicación por gas en escuela especial), y un nuevo pedido de recomposición salarial. La docencia de Santa Fe impuso a la burocracia de AMSAFE un paro para el martes 14 de mayo, en rechazo de un aumento miserable (8 % en tres cuotas).
La paritaria en Buenos Aires está en crisis, sin lograr un acuerdo en los montos y Ademys convoca a parar el 20 de mayo junto a la docencia universitaria. Las luchas emergen en las provincias, pero de manera aislada.
En este cuadro de destrucción de las condiciones de vida de los trabajadores docentes, del presupuesto, de la infraestructura escolar, al 8 de mayo, CTERA ha enviado una carta documento a la Secretaría de Educación de la Nación reclamando la inmediata convocatoria a la Paritaria Nacional Docente “frente al grave deterioro del poder adquisitivo de los salarios y la ausencia de diálogo por parte del Gobierno Nacional”. CTERA no ha sido capaz de sacar las cuentas para saber cuánto se necesita para llegar a fin de mes y, por lo tanto, cuánto pedir en sus cartas a la Secretaría de Trabajo.
Es claro que la política de reclamarle “plan de lucha” a la burocracia es completamente estéril y conduce a la pasividad. No va a ser con cartas al gobierno que se va a impedir que la política de destrucción salarial y educativa siga avanzando.
Desde Tendencia Docente Clasista planteamos una política dirigida a abrir un rumbo de lucha independiente y de conjunto para arrancar los reclamos. Existen varios sindicatos y seccionales docentes combativos, en otros casos agrupaciones opositoras que se declaran partidarias de la lucha y, en todos lados, hay un activismo susceptible de agruparse si se presenta una referencia de organización y lucha. Con todo ello, si se acuerda un programa (salario básico de 1.800.000 indexado de acuerdo a la inflación, por paritarias y paritarios electos en asambleas, etc., etc.) y un método de coordinación, es posible abrir un proceso de iniciativa que apunte a agitar y organizar una lucha de conjunto, la huelga por tiempo indefinido, o sea una lucha que efectivamente arranque los reclamos al gobierno liberticida.
