Sturzenegger desregula para entregarle la obra pública a los capitales internacionales

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación del Estado, cambió los criterios para asignar la obra pública de manera de beneficiar a los consorcios internacionales. Según el ministro, busca “derrumbar” las barreras de entradas a nuevos jugadores a las licitaciones. El primer paso había sido el 18 de febrero pasado cuando eliminó el Registro de Constructores. Así se abrió el juego para que participen firmas que no tienen “capacidad constructiva”, la cual pueden reemplazar dando garantías de contar con los recursos. Ahora, con la Disposición 24/25 de la Oficina Nacional de Contrataciones, se reglamenta en su totalidad el proceso de adjudicación de la obra pública de manera que puedan participar las empresas extranjeras en iguales condiciones que la patria contratista.

Pero como además se eliminan ciertas regulaciones -como la presentación de balances y la calificación deja de ser factor de exclusión- las modificaciones en el sistema impregnarán a la futura obra pública de pura precariedad, haciendo que lo que prime en los pliegos sea el menor presupuesto ofertado sin necesidad de reparar en estándares mínimos. Un anticipo, en escala menor, de este criterio, fue la licitación de pañales en el PAMI, cuando se le asignó el pliego a una empresa que no es del rubro para que proporcione pañales más caros y de menor gramaje y capacidad de absorción. Los requisitos de calidad requeridos en las licitaciones eran tan inferiores que no existen productos nacionales capaces de cumplir con ellos. La empresa de logística asignataria, que tercerizará la compra, los conseguirá de algún otro país que ya tenga pañales desregulados de menor calidad. En este ejemplo también quedó demostrada la impostura de proclamar la trasparencia, ya que las condiciones del pliego estaban hechas a medida de la empresa que ganó. Por lo tanto, los objetivos del gobierno son extremar los negociados y ofertar la obra pública al capital extranjero, algo que el imperialismo aspira desde hace tiempo.

Antecedentes

El caso Odebrecht, impulsado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue uno de los intentos del imperialismo por desplazar a la gran constructora brasileña de la obra pública en América Latina y hacerse de esas cajas. En ese momento fueron investigados y procesados políticos y empresarios de 12 países por recibir y otorgar coimas, lo que perjudicó las operaciones de Odebrecht en la región. En Panamá y Ecuador fueron directamente prohibidas.

Parate

Estas desregulaciones se dan cuando los liberticidas llevan pisada la obra pública desde hace un año y medio, alimentando la recesión económica y empeorando las condiciones de vida. El parate en la obra pública no afecta solo a los trabajadores, sino que es un tiro en el pie para los capitalistas que ven aumentados sus costos de transporte por romper rodados en rutas intransitables y perder cosechas por inundaciones provocadas por la falta de mantenimiento y de construcción de canales.

Por esto, haciéndose eco del reclamo burgués, algunos gobernadores reclaman que les transfieran las rutas nacionales para hacerse cargo del mantenimiento, financiándolo con el ajuste que están implementando desde sus distritos, como buenos guías de trasmisión de la política de Milei. Esto no es más que lo que siempre ha pretendido explícitamente el liberticida, quien lleva adelante una política inviable y mentirosa de emisión cero, totalmente insostenible en el tiempo. El costo empresario es uno de los grandes agujeros por donde se va la riqueza del país. Las coimas son solo la propina de ese sistema de expoliación que los liberticidas solo quieren modificar para perfeccionar la precariedad y el robo y entregárselo de lleno al imperialismo.

Un gran plan de obra pública bajo control de los trabajadores y usuarios a cargo del Estado reactivaría la economía y abarataría los costos.