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La clausura de la megaferia de La Salada tras la detención del clan Castillo por lavado de dinero, llevó al cierre de 8.000 espacios comerciales que representan 30.000 puestos de trabajo. El cierre de este predio de 20 hectáreas, conocido por la venta de ropa de segunda línea y las marcas truchas, fue un pedido explícito de la embajada de Estados Unidos tras el último préstamo con el FMI. Un pedido de vasallaje bajo pretexto de la cuestión de la “propiedad intelectual”. Tras varios días de cortes de calles y rutas, vigilia y la instalación de una olla popular de los feriantes, desde el Municipio de Lomas de Zamora y la Fiscalía intentan contener la situación con la instalación de una “mesa interinstitucional”.
No hay garantías reales de que se puedan retomar los puestos de trabajo ni de que se les devuelva la mercadería incautada por el valor de millones de pesos. A las protestas se sumaron también la red de textiles, carreros y changarines, que tiene lazo con los barrios de Flores y Bajo Flores en la Ciudad de Buenos Aires. El juez federal a cargo de la causa es Luis Armella, quien tras 62 allanamientos dictó el 22 de mayo la detención de Jorge Castillo junto a otras 15 personas, incluidos su hijo Manuel, su esposa Natalia Luengo y algunos socios.
Jorge Castillo, “El Rey de la Salada”, ejerció un verdadero imperio comercial, constituido por más de 25 empresas radicadas en Argentina y en Panamá. Una de sus socias cobraba personalmente los alquileres de los puestos para llevarlos al domicilio de Castillo en un country de Luján. Allí secuestraron 430 millones de pesos y 2,5 millones de dólares. Otras 89 sociedades comerciales, en donde hay más de 150 personas involucradas, infringían la Ley de Marcas. Una de ellas bajo el sello Punta Mogote SA, blanqueaba fondos para Castillo. Solo ésta generó ingresos por 26.827 millones de pesos entre 2021 y 2025, gran parte de ese dinero se bancarizó con maniobras de lavado. Por otra parte, los feriantes declaran que Castillo dejó de administrar el predio en 2017.
Ante el desborde y la fuerza del reclamo la fiscal de la causa trabaja en la creación de una mesa entre el poder judicial, nación, provincia, ARCA y el Ministerio de Seguridad que logre llevar el conflicto a puerto. Desde el municipio hablan que la prioridad es que “no se sigan cometiendo delitos” y que en caso de reabrir La Salada será “de manera razonable controlando lo que ocurra allí como un camino previo para la regularización total del lugar”.
Tras 12 días desde el cierre, los puesteros marcharon a la Municipalidad de Lomas de Zamora, pidiendo ser recibidos por el intendente Federico Otermín, quien les prometió una reunión.
“No tenemos nada que ver con Castillo”
Los feriantes reclaman que solo quieren trabajar y que están dispuestos a seguir pagando por el alquiler de sus puestos. Según CAME son 30 mil familias entre empleados directos e indirectos de los predios Punta Mogote, Océan y Urkupiña que juntos forman la feria más grande de Latinoamérica. Los trabajadores preguntan también por la mercadería que quedo dentro del predio y cuál será la nueva modalidad de trabajo. El corte en La Noria marcó un pico de resistencia ante los inmensos operativos represivos de la Bonaerense y la Federal, donde hubo choques entre manifestantes y la policía tras el intento de implementar el protocolo antipiquetes.
Con el pasar de los días la preocupación se extiende, ya que la desaparición de la feria cierra todo un rubro económico.
Esta cadena de productores abastece puestos tanto mayoristas como minoristas que luego van a las tiendas de todo el país. En el medio hay gastronómicos, carreros y varios oficios, que forman parte de un ecosistema de trabajo. A pesar de la venta de ropa de marcas falsificadas, La Salada es reconocida como un canal de distribución clave, que incluye tours comerciales en donde se entablan relaciones con nodos en las provincias del interior. Es tal el impacto de la feria y su volumen, que en calles aledañas a la misma también se instalan puestos improvisados y carpas para poder atender fuera de horario. Este círculo externo sigue funcionando, aunque con menos tránsito y sin claridad sobre su futuro, donde sobrevuela la posibilidad de que serán las siguientes víctimas de un allanamiento. “Yo vengo todos los días a laburar, pero esto está muerto”, dice Esteban, de 50 años, carrero desde hace una década del complejo Urkupiña. “Cobramos 5 o 10 mil pesos por viaje, depende la distancia. Pero con el predio cerrado no hay nada para hacer. Nadie gana un mango. Si no se reactiva se va a pudrir todo. Toda esta zona vive de la feria, no solo los feriantes: los que cocinan, los que limpian, los que cuidan los autos, los carreros como yo. Es una cadena”.
El gobierno libertario pugna porque la feria no reabra, planeando la reubicación de los puesteros en otros municipios y evitando dar subsidios o planes sociales a toda costa. Javier Milei, que en su momento elogio a los empresarios que evaden impuestos como ‘héroes del liberalismo económico’, recibió la orden tras un trabajo de la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, que analizó la situación poniendo como condición de un acuerdo comercial resolver definitivamente la “falsificación de marcas” en La Salada.
Este conflicto tiene seguimiento al minuto desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich con participación de las tres fuerzas federales. La misma Bullrich a través de un posteo en X pidió más compromiso al gobierno de la provincia y dijo que con los feriantes se tenía que "terminar con la doctrina pro delincuentes". El temor que recorrió a los liberticidas esta semana es la posibilidad de que estos se plieguen a las movilizaciones de los miércoles en el Congreso.
Superexplotación e industria textil
El nacimiento de La Salada en los años 90, fue parte de un proceso paulatino donde los talleres textiles clandestinos (los tercerizados que alimentan a las grandes marcas) empezaron a colocar sus productos en el mercado minorista. Esa red de talleres pasó en el zigzagueo de las crisis económicas, devaluaciones e hiperinflaciones a ser una porción cada vez más grande del mercado ofreciendo el mismo producto o muy similar al de un local oficial por un tercio o menos de su precio “de marca”.
Las condiciones de trabajo y de vida de todo el rubro textil son abusivas: trabajo fuera de convenio, ninguna protección social ni vacaciones, se paga por cantidad de producto entregado, se usa la modalidad de trabajo ‘cama adentro’ con mafias controlando talleres, puestos y territorio. Esto cuenta con la complicidad del Sindicato Textil y de las grandes marcas de ropa que han impuesto en el gremio condiciones de trabajo que compiten a las del sudeste asiático.
Hoy un textil bajo convenio (la minoría del sector) está en $619.000 para la categoría más baja y en $845.000 para la máxima categoría, un desplome marcado por la segunda paritaria más baja del país (3,9 %) solo encima de sanidad (3,6 %). En este marco de presión patronal, en donde los trabajadores son explotados al punto de no poder reponer su fuerza de trabajo, es que se fortaleció la informalidad y la falsificación de manera transversal en la industria textil.
El eje de los puntos de venta de esta red de talleres es lo que se conoce como La Salada, regenteada durante 20 años por Jorge Castillo, que logró por fuerza y por habilidad que la feria sea el monopolio de todo este rubro comercial. En su momento no faltó el posmoderno que intento el ridículo de presentar este esquema como una variante virtuosa de “microeconomía proletaria” continuación del trueque en las ferias barriales del 2001. Castillo afiliado a la UCR, con amistades en el kirchnerismo y en Cambiemos, buscó en la cima de su éxito capitalista incursionar en una carrera política. Su detención en 2017 en donde enfrentó a tiros a la policía le picó el boleto.
La realidad es que los 8.000 puestos tenían un valor de alquiler que giraba en los 100.000 pesos diarios, a pagar cada día de feria. Como denunciaron desde el corte en Camino Negro, se paga por día, por feria, porque La Salada funciona lunes miércoles y sábados. “Estamos anotados en monotributo, pagamos impuestos, siempre hacemos todo lo que el gobierno pide”, explicó una puestera.
Mientras el juez define qué hacer dentro de las rejas hoy cerradas del predio, pilas enormes de ropa están sin vender, herramientas y máquinas de coser se encuentran paradas, los alimentos se pudren y los changuitos no van a ningún lado. Con el cierre de La Salada la crisis social sube un escalón en el choque entre las masas de precarizados y la política económica del gobierno. El cierre debe ser combatido en forma incondicional, sin miramientos. Una lucha de conjunto de la clase obrera deberá poner fin a la superexplotación en los talleres clandestinos, por la igualación de las condiciones sociales y sindicales.
